Una diputada del PSPV acusa a Fabra de ser cómplice de Blasco

Rafael Blasco ha pasado en tres años de estratega a apestado. La estela del brillante orador parlamentario, ocho veces consejero de la Generalitat Valenciana, piedra angular del ascenso al poder de un desconocido Eduardo Zaplana y hombre capaz de navegar con mano izquierda por las luchas intestinas del PP, se ha desfondado.

Su declive empieza con una carta. Y de esa misiva sin remitente, que contenía medio centenar de folios, explicó ayer algunos detalles la diputada socialista Clara Tirado. Ella fue quien gestionó la documentación que un día del verano de 2010 alguien dejó a su nombre en la sede socialista de Blanqueries. Facturas, expedientes, informes técnicos y una somera explicación de una trama corrupta relacionada con la anodina ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Tirado declaró ayer en calidad de testigo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ), ante cuyas puertas acusó al PP de “colaborar” con el presunto cabecilla de la trama. Señaló como “cómplices” del principal imputado al jefe del Consell, Alberto Fabra, y al exsecretario general del PP regional y diputado Antonio Clemente. Los conservadores, deslizó, conocían el modus operandi de la Consejería por las declaraciones ante el juez de la esposa de Clemente, la exdirectora general de Cooperación Pilar Collado, quien reconoció un “marrón” con unos inmuebles. Con esa expresión coloquial se refería a la adquisición de pisos y plazas de garaje con fondos destinado a construir pozos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros de los 1,8 millones del proyecto subvencionado. “El PP miente si dice que no lo sabía”, proclamó la socialista en la puerta del tribunal.

Antes de trasladar la información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, el 7 de octubre de 2010, Tirado compartió el hallazgo con la cúpula del PSPV de la época. Solo informó de la existencia del sobre al exportavoz parlamentario socialista Ángel Luna, al exsecretario general Jorge Alarte y a su jefe de gabinete. Comprobó que las subvenciones se habían adjudicado a la ONG bajo sospecha y que la Fundación Cyes había comprado los pisos. “No recuerdo el día exacto que recibí [la documentación]. Pero no tardamos mucho en presentar la denuncia. Todo parecía verosímil, había muchas pruebas”. Tirado rechazó que los papeles se los entregara un militante socialista pareja sentimental de un técnico de la Consejería.

“Es habitual que lleguen denuncias sobre corrupción”, asegura Tirado

Las defensas de los principales imputados cuestionaron matices de los papeles que destaparon la trama. El letrado de Blasco, Javier Boix, remarcó una imprecisión en un nombre atribuido por error al sobrino del exconsejero. Buena parte de las preguntas planearon sobre la identidad del remitente. “Es habitual, por desgracia, que a la sede de un partido lleguen denuncias sobre casos de corrupción”, zanjó Tirado a la letrada de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular.

La diputada reconoció que no habló con responsables de la Dirección General de la Consejería implicada mientras ultimaba la denuncia y que su partido presentó un escrito al Tribunal de Cuentas. Atribuyó a los problemas económicos de Blanqueríes que los socialistas no se personaran como acusación popular en la causa, como sí están en Gürtel o Emarsa. “Teníamos muchos gastos”.

Tirado resumió así la aportación a la política valenciana del exconsejero que se sienta desde hace cinco semanas en el banquillo del TSJ. “Blasco es uno de los personajes más indecentes de la Comunidad”.