Cataluña multa a 40 farmacias por venta ilegal de medicinas para exportar

La exportación de medicamentos de precio regulado en España, más baratos que los del mercado libre internacional, es una práctica ilegal que puede causar problemas de desabastecimiento y dejar a cientos de pacientes sin los fármacos que necesitan. El problema se ha agravado recientemente en Cataluña, donde enfermos trasplantados se han topado con dificultades para comprar en las farmacias los inmunodepresores que necesitan para evitar que su organismo rechace los órganos que recibieron. La Generalitat de Cataluña y el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) han empezado a perseguir con mayor dureza esta práctica. En concreto, el Departamento de Salud ha impuesto 40 sanciones, desde enero de 2013 a oficinas de farmacia por este motivo y el COFB ha emitido una circular interna en la que amenaza a sus miembros con “actuar con firmeza contra aquellos implicados en estas prácticas” y les indica que va a “colaborar con la Administración para detectar actuaciones irregulares”.

La venta de medicamentos en España desde los laboratorios que los fabrican a los mayoristas sigue dos vías. La primera es la de los fármacos de precio regulado por el Estado que, tras pasar por los mayoristas, llegan a las farmacias para ser vendidos con receta a los ciudadanos. En la segunda, que tiene unos precios libres y por tanto más elevados, los mayoristas pueden comercializar los medicamentos en el exterior.

La ilegalidad que provoca el desabastecimiento es desviar al mercado exterior, que es libre, fármacos de precio regulado para beneficiarse así de la diferencia de precios. La llamada “distribución inversa” consiste en que las oficinas de farmacias, en lugar de vender con receta las medicinas a los ciudadanos, lo hacen a empresas mayoristas que luego las exportan. Esta práctica afecta sobre todo a medicamentos caros o que ofrecen un gran margen de beneficio, explica la Generalitat.

Las oficinas expendedoras desvían los productos que compran a los mayoristas

Aunque el Gobierno catalán reconoce que el fenómeno viene produciéndose desde hace años, la alarma ha saltado precisamente tras la reciente escasez de inmunodepresores y otros fármacos vitales para los pacientes. Tras la denuncia de algunos enfermos, obligados a deambular de farmacia en farmacia en busca de sus medicamentos —tal y como publicó EL PAÍS el pasado enero—, Salud ha convocado a todos los implicados a una mesa para tratar el problema. En ella se sentarán la industria, los distribuidores y las farmacias. “No podemos permitir que esto suceda”, declaró ayer Roser Vallès, directora general de ordenación y regulación sanitaria del departamento. Pero Vallès insistió en que “no hay enfermos que se estén quedando sin medicamentos”. En Cataluña hay más de 3.000 oficinas de farmacia.

Hace tiempo que la Generalitat actúa para atajar el fraude, aunque no es fácil cazar a los distribuidores. Solo en un caso reciente se consiguió sancionar a uno, tras realizar registros que permitieron confirmar las redes de comercio paralelo.

Con las farmacias tampoco es fácil. “No podemos demostrar que la farmacia ha vendido los fármacos al distribuidor, pero sí las podemos sancionar por venderlos sin receta. Hay farmacias que compran una cantidad más elevada de lo que es habitual en algunos medicamentos”, explicó Vallès. La Generalitat cree que existen “redes muy bien estructuradas” que funcionan en toda España, dirigidas muchas veces por personas que crean empresas de distribución con el objetivo principal de lucrarse con la exportación. Los países a los que van a parar los medicamentos son en su mayor parte europeos. Entre ellos figuran los nórdicos, Alemania, Holanda o Reino Unido, donde los fármacos son más caros que los españoles.

En la circular interna del Colegio de Farmacéuticos, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el organismo recuerda a los colegiados que los distribuidores “no pueden adquirir medicamentos de las oficinas de farmacia”, puesto que estos solo pueden vender a los ciudadanos. “La participación indirecta en el circuito de exportación de medicamentos puede afectar negativamente a la calidad de la prestación farmacéutica y el prestigio del colectivo”, avisa el organismo.

La alarma ha saltado ante la escasez de inmunodepresores

Las desviaciones en el suministro de fármacos no solo afectan a la distribución inversa, como deja claro la nota interna del COFB. El colegio señala que las farmacias solo pueden dispensar al público en la misma oficina o en una farmacia vinculada, y proveer a los depósitos autorizados por el Departamento de Salud. Añade que para distribuir a otras farmacias, se necesita una autorización administrativa. “Tampoco se pueden hacer envíos fuera del territorio nacional”, aclara la circular. Una farmacéutica consultada explicó ayer que hace unos meses un particular le pidió que le revendiera medicamentos a cambio de quedarse con un jugoso beneficio. “Le dije que yo no quiero dinero ganado fácil”, dijo esta boticaria, que prefiere permanecer en el anonimato.

“Nuestra función es velar por una buena praxis profesional”, manifestó Francesc Plà, vicepresidente del COFB. Alliance Health Care, uno de los principales distribuidores en Cataluña, dijo ayer desconocer casos concretos, aunque reconoció que existen “rumores en el mercado”. “Apelamos a que todos los agentes de la cadena de suministro farmacéutico colaboren en su buen funcionamiento para asegurar la salud del ciudadano”, declaró Javier Casas, director general de la compañía.

La otra gran distribuidora en Cataluña, Federación Farmacéutica (Fedefarma) se distanció ayer de estas prácticas. “Es algo que no hemos hecho nunca”, dijo Vicenç Calduch, presidente.