González se ‘reinicia’

Rendido en el frente de la privatización hospitalaria y sin más espejismos grandilocuentes a los que aferrarse como el de Eurovegas, Ignacio González ha tenido que actualizar la hoja de ruta del Gobierno regional a menos de año y medio de las elecciones autonómicas (en caso de que sea el candidato del Partido Popular, algo todavía por ver) y municipales de 2015.

A falta de proyectos faraónicos, y cabizbajo en todos los pulsos políticos planteados, la mayoría perdidos ante el fuego amigo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la estrategia de la Comunidad de Madrid pasa por trasladar a los profanos, esto es, los ciudadanos, la buenaventura de los datos macroeconómicos. “El objetivo es que se note su impacto en la calle”, resume un alto cargo.

Para ello, el Gobierno de González pretende hacer bandera de algunas de las decisiones que ya ha aplicado en el ejercicio actual, como la congelación de las tarifas de transporte público. Un gesto relevante porque la previsión inicial era que aumentara al hilo del IPC y porque es la primera vez que se produce en tres décadas. Además de los billetes de metro y de autobús, el recibo del agua tampoco se ha visto perjudicado. De cara a septiembre, la Comunidad promete ser especialmente combativa con que no se cambien los libros de texto de primaria, con la consiguiente merma en los bolsillos de las familias.

Con todo, el reto se antoja mayúsculo para González, desgastado por la gestión de conflictos como el de la sanidad, de escándalos como el del caso Gürtel —por más que se remonte a legislaturas anteriores, con Esperanza Aguirre a los mandos— o de la polémica que rodea el ático de lujo del presidente regional en Estepona. Los 690.000 desempleados en Madrid, la mayor subida de toda España, pesan, y mucho. Las consecuencias de todo ello es que el Partido Popular se arriesga a perder el Ayuntamiento de la capital por primera vez en 25 años y la región, donde tiene mando en plaza de forma ininterrumpida desde 1995.

Consciente del malestar social y de que la oposición aprieta el paso, avivado tras el recorte de una sola tacada de 2.700 millones de euros con que se estrenó como presidente regional —mientras Aguirre, su predecesora y mentora, desaparecía de escena en el momento más conveniente—, González ha redefinido sus prioridades. “Pasar de lo macro a lo micro”, se podrían definir, en alusión a algunos de los puntos fuertes de su Gobierno, como el cumplimiento del objetivo de déficit o su facilidad para colocar deuda en los mercados (1.400 millones el martes).

A falta de 16 meses para unos comicios en los que las encuestas y las conversaciones en privado con políticos de todas los partidos, incluidos del PP, coinciden en que los populares perderán la mayoría absoluta, la Comunidad ha modificado su guion. González se ha reiniciado. El primer gesto llevó a principios de semana, cuando el dirigente renunció a seguir adelante con el proceso de privatización de seis hospitales de la red pública y un puñado de centros de salud. La resolución judicial contraria de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que ratificaba la suspensión de la externalización hospitalaria, aceleró finalmente los acontecimientos, por más que el proceso estuviese paralizado desde el pasado septiembre.

Responsables del PP consultados consideran que el barón popular “soltó lastre” con la renuncia al plan —no al modelo en sí; González no descartó recurrir de nuevo a él en un futuro— y la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty: dentro del PP barruntaban ya por octubre que no llegaría en el cargo a la Convención Nacional del partido este fin de semana en Valladolid. ¿La razón? El dogma neoliberal con que el exsecretario general de Faes barnizó el proyecto de privatización. “Se llegó a un punto en el que, se hiciera lo que hiciera, era un palo. De ninguna manera queríamos alargar el proceso, con las elecciones cada vez más cerca... O, en caso de que la justicia nos diera la razón, vernos con más mareas [blancas], ya con las elecciones encima”, sostienen en el partido. “Oportunidad electoral hubiera sido recurrir al Supremo y esperar cuatro añitos, lo que no solo no habría influido en la campaña sino que le habría dado argumentos para echar la culpa a la tardanza judicial”, observan otras voces autorizadas.

Resuelto el conflicto sanitario a favor de los profesionales del sector y de los partidos de la oposición —donde todos sus detractores hablaban de “fracaso”, él se congratuló de haber “abierto un debate que ha servido para concienciar a la sociedad” sobre los recursos públicos—, González busca recuperar terreno trasladando al electorado la importancia de haber cumplido, por ejemplo, con el déficit de 2013 tras dejarlo en el 1,03%, cuatro centésimas por debajo del listón que le asignó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el reparto del déficit asimétrico del pasado julio. El objetivo previsto para este ejercicio es del 1%, lo que no debería implicar problemas al Gobierno regional, que desde el inicio de la crisis ha recortado 4.600 millones de su presupuesto. “Hemos dedicado estos años a reconstruir la casa desde los cimientos, no por el tejado. Mientras otras autonomías, como Cataluña o Andalucía, no cumplen y se ven obligadas a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), las obligaciones cumplidas le permiten a Madrid gozar de la independencia necesaria para, por ejemplo, bajar los impuestos”, señala un alto cargo del Ejecutivo madrileño.

El pasado 1 de enero entró en vigor en la región la mayor reforma fiscal acometida jamás por un Gobierno autonómico. Los efectos de la bajada de impuestos —la oposición reprocha que beneficia básicamente a las élites y pide un reparto “más justo”, recuperando el de Patrimonio (Madrid es la única región que no lo aplica)— se deberían notar este año. Con este gesto, “demostrando que se puede cumplir el déficit y bajar impuestos” según un cargo elevado del PP autonómico y nacional, la Comunidad se ha vuelto a convertir en el campo de pruebas del ideario del Partido Popular: la intención de Montoro, y por extensión de Rajoy, es bajarlos desde enero de 2015. Esto es, dentro de un año. Con difícil repercusión en los bolsillos de los contribuyentes y con las elecciones autonómicas y municipales prácticamente encima. “Bienvenido al club”, expresó el viernes González cuando le recordaron los planes de Montoro, sin pensar en posibles secuelas.

La principal, resolver el sudoku del sistema de financiación autonómico. La Comunidad le reclama 1.300 millones en los dos últimos cursos, y espera que se revise y aplique con retroactividad. Así se lo reclamó González a Rajoy en la cena de Navidad del PP de Madrid. “Ayudar a Madrid es ayudar a España”, fue lo máximo que soltó el superior. Sin ir más allá. Fiel a la ambigüedad.

A la espera de lo que decidan en La Moncloa, la Comunidad insiste en sacar pecho tirando de los datos que la avalan, como la previsión de crecimiento del PIB es del 1,5% para 2014, a la cabeza de las autonomías. O que atraiga más de la mitad de la inversión extranjera (5.505 millones). Pero sigue obviando los que más le chirrían. Como el aumento de las tasas universitarias un 65% en dos años. O la caída a plomo del tráfico del aeropuerto de Barajas, y por añadidura del turismo. O la que más duele: el aumento del paro tras un ascenso de 25.600 desempleados, la mayor subida de todas las comunidades, hasta casi rozar los 700.000.