Cataluña cambia la ley para prohibir el ‘fracking’

 El fracking está prohibido en Cataluña. La negativa de la Generalitat a permitir esa agresiva práctica extractiva de hidrocarburos es una norma legal desde el pasado jueves, cuando el Diario Oficial de la Generalitat publicó la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. Incluye una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

En la práctica, lo que ese cambio implica es que la Administración catalana no podrá otorgar los permisos urbanísticos para construir y poner en marcha en territorio catalán instalaciones con el objeto de utilizar esa técnica basada en la destrucción de la roca madre del suelo mediante la inyección a presión de agua y productos químicos.

Hasta ahora, la Generalitat ya había ido denegando una a una todas las peticiones de licencias para utilizar el fracking en subsuelo catalán, en algunos casos porque había expirado el plazo para presentar la documentación. Pero quedaban algunos flecos pendientes, sobre todo en las exploraciones que no solo ocupan territorio catalán.

El Ministerio de Industria ha otorgado cuatro licencias para analizar si se puede extraer petróleo o gas en zonas a caballo de Cataluña y Aragón. En el caso de que el resultado de esas exploraciones fuera positivo y se pidiera su explotación, el Ejecutivo catalán tendría potestad para denegarlo. “La Generalitat no tiene competencias para dar autorización para extraer recursos del suelo, pero sí en materia urbanística”, explicó ayer el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres, quien aclaró que lo que se prohibiría es la instalación de la infraestructura necesaria para utilizar el fracking en suelo no urbanizable.

El cambio legislativo es fruto de una enmienda conjunta de CiU y ERC y fue parte de los artículos que el PP llevó ante el Consejo de Garantías Estatutarias. El organismo instó a modificar el redactado al considerar que era “muy genérico”, según explicó Torres. Ahora, con la modificación, Cataluña se equipara a Cantabria, que aprobó su propia ley antifracking. La Rioja y Navarra han iniciado un camino similar.

Pese al cambio, la iniciativa del Gobierno no responde a convicciones medioambientales, sino a meramente económicas. El Departamento de Empresa encargó un informe para conocer las potencialidades de la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica y los resultados fueron desoladores. Según los cálculos geológicos, el fracking apenas garantiza el equivalente a ocho meses de consumo de gas natural de la comunidad, si bien otras estimaciones elevan esas previsiones a un máximo de siete años.

El subsuelo catalán no tiene las condiciones necesarias para que la extracción mediante fractura hidráulica sea rentable, como sí sucede en Estados Unidos. Según los expertos, es necesario que la roca madre que se tenga que explotar se encuentre a una profunidad de entre 1.000 y 4.000 metros y con una superficie de miles de kilómetros. Además, la roca madre debe tener un mínimo del 2% de materia orgánica. El informe destacaba que en América, las superficies explotadas nunca son inferiores a los 12.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una tercera parte del total del territorio catalán. Asimismo, el estudio indicaba que la intensidad del uso energético en el caso del fracking era muy alto en comparación con el resto de técnicas.

Así, vista la escasa rentabilidad del sistema, y pese a que los grandes grupos energéticos apuestan por ella, el Gobierno abogó por impedir ese sistema para evitar “los costes sociales” derivados de la oposición de las plataformas antifracking y de los municipios afectados.