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Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación en 2009

La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en las subvenciones de cursos para parados

Informe sobre los 746 millones gastados en 2009 y 2010

Extrabajadores de Delphi asisten a cursos en Cádiz en 2008. Ampliar foto
Extrabajadores de Delphi asisten a cursos en Cádiz en 2008.

En plena polémica por el uso de ayudas públicas recibidas por UGT, la Cámara de Cuentas de Andalucía hizo este jueves público un contundente informe de fiscalización de las subvenciones de la Junta de Andalucía para la formación profesional para el empleo. El informe señala que el 89% de las ayudas concedidas en 2009 se hicieron sin “concurrencia competitiva” como exige la ley de Subvenciones. Hasta mitad de ese año, el consejero de Empleo era Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE. En 2010, con otro consejero al frente, ese porcentaje bajó al 36%. También destaca que las subvenciones a los agentes sociales más representativos de la comunidad se hicieron “sin necesidad de justificación”.

El órgano fiscalizador ha inspeccionado una muestra aleatoria de 78 expedientes correspondientes a 2009 y 2010, por importe de 279,5 millones de euros, el 37% de la cantidad total concedida en esos dos años que asciende a 746 millones.

La Cámara asevera que “podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables” por la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido en el caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una institución pública a la que le han llovido las críticas por haber contratado a decenas de personas sin concurso público de méritos. También detecta en este caso la imputación como subvenciones de gastos que no son tales, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro o el incumplimiento de la ley de Subvenciones.

Según la Cámara de Cuentas, Faffe recibió 24,5 millones de euros en 2009 y 24,3 millones en 2010, de las que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello. Además, parte de los cursos subvencionados no se han iniciado o están pendientes de finalizar”. Esta fundación ya no existe, aunque sus 1.200 trabajadores permanecen subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los auditores han analizado los 8,9 millones de euros que recibió Faffe para un plan formativo destinado a los extrabajadores de la empresa gaditana Delphi y detallan muchas irregularidades: como que no está justificado el carácter excepcional de la subvención, que se han ejecutado 308.977 euros menos de los concedidos, la falta de memoria de actividades o la ausencia de datos sobre el desglose de los gastos por acreedor o el listado de alumnos participantes.

Los principales perceptores de ayudas

  • En el anexo del informe de la Cámara de Cuentas se detallan cuáles fueron los principales perceptores de las ayudas para formación durante 2009 y 2010. De los 746 millones concedidos, la Confederación de Empresarios de Andalucía recibió 83 millones.La Faffe manejó 66,3 millones de euros; CC OO recibió 63 millones, mientras que a UGT fueron a parar 63,5 millones.
  • Escuelas Profesionales Sagrada Familia recibió 7,2 millones; Fundación Laboral de la Construcción (5); Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (4,9); Industrias Turísticas de Andalucía S.A. (4,7); Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (3,3). Los 444 millones restantes fueron para muchas otras instituciones, aunque por cantidades menores a 3,3.

La Cámara también cuestiona subvenciones recibidas por UGT y CC OO de Andalucía para infraestructuras de formación en 2009 por 1,3 millones y 2,6 millones, respectivamente. El informe dice que se concedieron a través de una orden administrativa “que no prevé este tipo de objeto como subvencionable”.

Muy reveladoras resultan las críticas sobre el control interno de las subvenciones concedidas a través del SAE. La Cámara asegura que en 2009 y 2010 se tramitaron 1.804 y 1.944 expedientes de subvenciones para la formación para desempleados por 255,7 millones de euros y 360,2 millones, respectivamente, y en las acciones dirigidas prioritariamente a ocupados se gestionaron 71 y 92 expedientes por importe de 55,9 millones y 74,2 millones. En total 746 millones. De la revisión de los expedientes “se desprende que prácticamente la totalidad de los gastos subvencionados son de naturaleza corriente (gastos de personal, medios y material didáctico, y gastos de funcionamiento)”. Los auditores ponen de manifiesto “deficiencias de control interno” en aplicaciones informáticas de gestión de las ayudas que “influyen en la fiabilidad” de la información.
La Cámara certifica la falta de un plan de evaluación y seguimiento del SAE de los cursos de formación.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha defendido este jueves la legalidad de las ayudas otorgadas para la formación profesional. Según este departamento, el informe "deja claro" que la práctica totalidad de las actividades de formación que se recogen han sido auditadas por empresas externas y que "los informes de auditoría en general no muestran ninguna incidencia". Además, los técnicos de la Cámara de Cuentas efectuaron visitas a los cursos que se encontraban en ejecución y que fueron normales en su totalidad, de manera que las actividades subvencionadas se han desarrollado correctamente.

A través de una nota de prensa, la consejería ha indicado que las cantidades previstas y asignadas "se han empleado efectivamente en formación para el empleo, sin que conste ninguna incidencia en este sentido". Además, incide en "el hecho de que la financiación mayoritaria sea procedente de fondos europeos supone garantías de control adicionales por los exhaustivos procesos de verificación y certificación implantados desde 2009".