La juez Alaya rechaza dividir en varias causas la investigación de los ERE

El caso ERE acumula tres años de investigación y suma más de 140 imputados. Su complejidad y volumen lo convierten en una maraña difícil de desenredar. Una maraña que, además, es indivisible. Al menos, por el momento. Así lo ha reiterado la magistrada que instruye la causa, Mercedes Alaya, quien ha rechazado dividir el procedimiento en piezas separadas. La juez argumenta su decisión en que “en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas”, entre las que cita “a los diferentes cargos políticos y técnicos” de la Junta de Andalucía que “en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas”.

La juez Alaya rechaza así el recurso interpuesto por el abogado de la empresaria Encarnación Poto Monge, imputada en la causa por los delitos de cohecho, prevaricación y obtención indebida de subvenciones. La que fuese presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) solicitaba a la juez que abriera una pieza separada sobre su caso.

En un escueto auto de tres páginas, Alaya vuelve a apuntar que el sistema investigado sirvió para repartir “elevadas subvenciones” de manera discrecional sin que se justificara por los solicitantes o por el órgano concedente “el fin público o el interés social de tales ayudas públicas”. “Por ello, al menos en el estado actual de la presente causa [...], la causa se configura como inescindible”, según el escrito. Además, como base de su decisión, la magistrada se ampara en un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. “Hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma, como así se expuso también por la Audiencia Provincial en su auto de fecha 13 de diciembre de 2013”.

La magistrada insiste en que se trataba de un sistema piramidal

Con ese “hasta la fecha”, la magistrada apunta hacia una posible división del procedimiento en el futuro. Esa eventual fragmentación vendría marcada por la entrada en la causa de aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los que Alaya solo ha podido preimputar. Llegado el momento, la magistrada deberá elevar el caso al Tribunal Supremo por la presencia de aforados y será entonces cuando determine si cede todo el procedimiento o solo la parte que afecta a estos políticos. Ya a finales de octubre, la Audiencia de Sevilla alertó a la magistrada de que su investigación había alcanzado “el límite máximo” al estar examinando la actuación de siete aforados.

En el auto de este miércoles, la magistrada ha vuelto a apuntar hacia la cúpula de la Administración autonómica por la posible responsabilidad criminal de “los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años”.

Sobre la petición de la empresaria Encarnación Poto Monge, acusada de incluir a dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) y de haber cobrado una póliza por prejubilarse y seguir trabajando, la magistrada afirma que la imputada, “lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como trama política, se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos” —como así se deduce de la declaración de su colaborador en la empresa o de la del ex director general de Trabajo Javier Guerrero— “para conseguir elevadas subvenciones”. A juicio de Alaya, la imputada conocía que dichas subvenciones “se otorgaban discrecionalmente”.