La policía ve indicios de fraude del grupo Boluda a la Unión Europea

La policía ve indicios de fraude de grupo Boluda al Fondo Social Europeo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado “irregularidades” en una treintena de facturas de Unión Naval de Valencia SA, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. Se trata de facturas emitidas por el excontratista de riesgos laborales Progene Segurlabor, cuyo concepto habría sido manipulado por el astillero para cobrar de forma fraudulenta ayudas comunitarias a la formación entre 2008 y julio de 2011. La cifra defraudada podría rozar los 400.000 euros, según fuentes de la investigación.

La UDEF se incautó el pasado día 15 más de un centenar de documentos en la sede del puerto de Valencia de la firma del presidente de AVE tras una denuncia de Progene Segurlabor. Los agentes se llevaron las facturas emitidas por esta empresa entre 2008 y 2009. Pero no hallaron las de 2010, según las mismas fuentes. La policía infiere en su informe que el astillero introdujo a posteriori el concepto de docencia en una decena de facturas al año. La supuesta maniobra habría tenido por objeto enmascarar trabajos rutinarios prestados por la subcontrata de prevención de riesgos laborales —control de accesos, desgasificación de tanques— por cursos que nunca se impartieron.

Una vez rematada la investigación policial, el caso encara su segunda fase: las pesquisas judiciales. El juzgado de Instrucción número dos de Valencia tomará declaración en febrero en calidad de testigos a tres excontratistas del astillero. Entre ellos, el gerente de Progene Segurlabor, el denunciante Fernando Sánchez. Después, podrían comparecer ante la juez el director de Recursos Humanos de Unión Naval de Valencia, SA, Francisco T. H., y la exdirectora del astillero Alicia M. G. Uno de los dos podría visitar la Ciudad de la Justicia en calidad de imputado. El cobro irregular de subvenciones de la UE contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel y la obligación de devolver la cantidad defraudada multiplicada por seis.

La investigación judicial centrará sus esfuerzos en averiguar quién manipuló las facturas de la discordia y quién autorizó la operación. El responsable de Recursos Humanos de Unión Naval Valencia, SA, explicó a la UDEF que actuó “según los gerentes de la empresa”. Mientras que la exdirectora de la firma de grupo Boluda dijo que estaba desvinculada del astillero “desde hace años”, según fuentes de la investigación. La UDEF no prevé nuevas visitas para recabar información al puerto de Valencia.

Las pesquisas abordan, inicialmente, las supuestas irregularidades del astillero con el proveedor denunciante. Pero la citación a declarar de otros dos subcontratistas podría ampliar la lente de la investigación. La compañía del presidente de AVE trabajó con una veintena de empresas externas en la construcción de buques. Soldadores, electricistas, peones. El astillero cerró en mayo de 2012 después de que Bruselas suprimirse el Tax Lease, que reducía las cargas fiscales un 20%. Y el denunciante quebró en 2011 cuando le rescindió el contrato su único cliente, la sociedad de Boluda. Suponía 900.000 euros anuales en su facturación. Una portavoz de la firma investigada declinó este martes hacer declaraciones a EL PAÍS.