La UE retira a la Diputación de Ourense 1,3 millones por el fraude de ayudas

Los gastos en promoción de regatas, carreras de coches o en la cría caballar que el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar autorizó con cargo a fondos comunitarios que tenían otra finalidad (y otros de proyectos que aún cumpliendo el objetivo fueron adjudicados a dedo o con “incumplimientos reiterados” de la ley) cuentan ya en el debe de la institución ourensana. La Unión Europea (UE) ha decidido no entregar a la Diputación 1,3 millones de euros que el organismo provincial se gastó entre 2000 y 2006 vulnerando, según los técnicos europeos, los principios básicos que rigen las contrataciones públicas. La UE, que había reclamado a la Diputación ese dinero, no esperará a que se lo devuelva el hijo de Baltar: lo ha deducido ya de la declaración de gastos de España. Aunque Bruselas sostiene que el proceso ya está cerrado, la Diputación no informó sobre ello. El PSOE ya anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía.

Bruselas sostiene que las irregularidades autorizadas por Baltar en los proyectos Pedece, Proforest, Sons e Acordes, Ilumina Lima y Vía Nova “fueron descubiertas por la Intervención General del Estado, el organismo de auditoría del Ministerio de Hacienda, en el transcurso de las inspecciones que hizo de los gastos incluidos en esos programas”. En un escrito de respuesta al eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo, el comisario europeo de Fiscalidad enumera entre las irregularidades detectadas “la falta o el carácter incompleto de la documentación” o “la infracción de la normativa sobre contratación pública”, es decir, las adjudicaciones a dedo.

Los informes del Ministerio de Hacienda en los que se ha basado la UE para bloquear la partida de 1,3 millones a la Diputación de Ourense incluían, en el año 2007, la recomendación de que se reforzaran los sistemas de gestión y control por parte de la institución provincial al Inorde para “que redunden en el respeto escrupuloso de la normativa”.

El 1 de junio de 2007 la Inspección de Hacienda desestimaba ya las alegaciones presentadas por Baltar. El expresidentes ourensano justificaba que “el hecho de que el procedimiento negociado sin publicidad no haya sido aislado y excepcional, sino sistemático, no significa que nos hallemos ante una infracción de la normativa sobre contratación pública”. Y añadía: “El hecho de que esos supuestos [que obligan al procedimiento con publicidad] sean más o menos frecuentes no es algo que dependa de la voluntad de los órganos de contratación”.

La Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE no encontró justificación para la mayoría de las partidas que certificó el Inorde. Los técnicos de Bruselas consideraron probado que hubo adjudicaciones “plenas de irregularidades” y “reiterados incumplimientos” de la norma de contratación pública además de gastos consignados “sin facturas” y “ausencia de toda regla” para conceder las ayudas.

Esta resolución de la Unión Europea —que califica de ilegales las actuaciones en esos planes autorizadas por el autodenominado “cacique bueno” y ejecutadas por el entonces responsable del Inorde, José Manuel Freire Couto— se suma a la reclamación de otros 10,1 millones de euros a la institución ourensana por la “gestión fraudulenta” de otros dos programas comunitarios, Daredo y Deputrans, de instalación de depuradoras que está siendo investigado por la justicia. Bruselas aprecia que en la gestión de la Diputación se pudieron cometer los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Durante tres meses, los diputados provinciales del PP de confianza de Baltar han investigado en una comisión integrada solo por ellos si este cometió las irregularidades que le imputa la UE. La comisión entregará el lunes las conclusiones al hijo-sucesor “y él decidirá si las hace públicas o no”, explica el portavoz del PP en la Diputación y miembro de la comisión, Plácido Álvarez. Los diputados citaron a declarar a “cuatro o cinco” técnicos de la institución que de alguna forma participaron en la concesión de las ayudas, sostiene Álvarez que, sin embargo, no desvela si también declaró el expresidente.