La Audiencia corrige por error a la juez de los ERE sobre el exinterventor

La Audiencia de Sevilla ha vuelto a corregir a la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, pero, esta vez, el tribunal provincial se ha extralimitado y su resolución, probablemente, no tenga efecto. En un auto hecho público este martes, los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia instan a la magistrada a adoptar medidas cautelares contra el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y otros dos imputados a los que la juez dejó en libertad con cargos, un ex jefe de servicio y una ex asesora de la dirección general de Trabajo.

En su escrito, el tribunal dice adoptar esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera el auto en el que Alaya decidió no imponer medidas cautelares a estos tres imputados. Sin embargo, los fiscales han enviado un escrito a la Audiencia para que aclare que solo recurrió el caso de la exasesora de Trabajo, María José Rofa, y no de los otros dos imputados a los que se refiere ahora la Sección Séptima: el exinterventor general y el que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Diz-Lois.

Anticorrupción no ha solicitado que la Audiencia modifique su resolución en el sentido de revocar la imposición de medidas cautelares, pero fuentes del caso aseguraron que el tribunal no tiene competencias para intervenir en la causa sin que ninguna parte haya pedido su intervención por lo que, probablemente, declarará nula su propio auto y dictará otro nuevo que solo imponga medidas para Rofa.

La juez no decretó medidas cautelares contra estos tres imputados con el argumento de que no lo había pedido ni ninguna de las acusaciones, lo que generó suspicacias sobre si la juez estaba dispensándoles un trato de favor, sobre todo en el caso de Rofa, que supuestamente había colaborado con la investigación.

La Audiencia da la razón a los fiscales y advierte de que la adopción de una medida cautelar “no exige petición de parte, como han sostenido en otras ocasiones los jueces de la Sección Séptima al resolver recursos de imputados contra decisiones de Alaya”. Respecto a la supuesta colaboración de Rofa, la Audiencia sostiene que podría beneficiarle en el futuro para conseguir una “posible atenuación de la pena”, pero no implica una negativa a adoptar medidas cautelares para garantizar las responsabilidades económicas.