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Cañete insiste en vender La Almoraima pese a la nueva protección de la Junta

El ministerio acusa a la consejería de no seguir criterios medioambientales

La finca La Almoraima pertenece al Estado desde 1983.
La finca La Almoraima pertenece al Estado desde 1983.

El enfrentamiento entre el Estado y la Junta de Andalucía por la venta de la finca gaditana de La Almoraima aumenta. El Ministerio de Medio Ambiente, que no renuncia a la privatización del latifundio, ha acusado este lunes al Ejecutivo de Susana Díaz de ampliar la protección de la zona sin "criterio alguno relativo a valores medioambientales". "Dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial", ha sostenido el ministerio a través de un comunicado de prensa.

El departamento de Miguel Arias Cañete responde así a la intención de la Consejería de Medio Ambiente de ampliar el parque natural de Los Alcornocales. Lo que busca el Ejecutivo de PSOE e IU es intentar frenar la venta de La Almoraima al incluir el 100% de sus 14.113 hectáreas dentro de los límites del parque.

El ministerio quiere vender y, para hacer más atractiva la operación, tramita ante el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), donde está la finca, un plan para permitir la construcción de un aeródromo, un hotel de lujo y campos de golf o polo, entre otras instalaciones. Estas infraestructuras se levantarían en las 1.344 hectáreas de La Almoraima que actualmente no están dentro del parque de Los Alcornocales. Lo que hará la Junta es ampliar el espacio natural y proteger también esa zona, con lo que estarían prohibidas las construcciones apadrinadas por el ministerio.

La Junta está acelerando los trámites para ampliar este espacio natural. De hecho, está previsto que se apruebe en el Consejo de Gobierno el inicio del expediente de forma inmediata. Esta prisa responde a que, en el momento en el que la Junta dé ese paso, ya no se podrá aprobar el plan de usos que pretende convertir el latifundio en un enorme complejo turístico, según indican fuentes del Ejecutivo andaluz.

El ministerio ha lamentado que la consejería pretenda "paralizar el plan especial de ordenación de usos con la única intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social" que su desarrollo tendría para Castellar y la comarca del Campo de Gibraltar. "Estos municipios resultarían claramente perjudicados de ejecutarse la decisión de la consejera al perder una gran oportunidad de desarrollo para sus poblaciones", ha añadido el ministerio.

Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha argumentado que "con esta medida la Junta pretende impedir el desarrollo de proyectos especulativos asociados a la intención del Gobierno central de vender la finca La Almoraima". Mientras la consejera explicaba esta mañana los planes de su departamento en Algeciras, los técnicos trabajaban sobre el terreno cerrando las mediciones para llevar a cabo el inicio de la tramitación de ampliación del parque.

El ministerio ha dejado claro que no piensa renunciar a la venta de la finca "sin que en ningún caso se replantee dicha decisión como consecuencia de las maniobras, con fines políticos, anunciadas por la Consejería de Medio Ambiente". También ha criticado que la Junta califique de "proyectos especulativos" sus planes para el latifundio. Y ha enmarcado la privatización del latifundio en "la reducción del déficit público". El ministerio espera lograr unos 300 millones de euros con la operación.

La junta rectora del espacio natural ha abordado en varias ocasiones la ampliación de Los Alcornocales. En la primavera de 2013 este órgano analizó una propuesta para incluir el paraje del Guadalquitón dentro del parque. Además, se preveía un corredor verde para conectar esta zona de alcornoques con el espacio natural, lo que implicaba proteger también La Almoraima, como pretende hacer ahora la Junta. La protección total de La Almoraima no impedirá que el Estado la venda, pero sí puede hacer que los inversores pierdan el interés por unos terrenos en los que solo se podrían desarrollar actividades ligadas a la agricultura, usos forestales y cinegéticos como los actuales.

No está claro todavía en qué pasos concretos se traducirán las duras acusaciones que ha lanzado este lunes el ministerio contra la Junta. Fuentes del departamento de Arias Cañete han señalado que se esperará a que se concreten las intenciones de la consejería. Pero, al negar que la ampliación sea por motivos medioambientales, todo hace prever que el Estado alegará contra la ampliación o acudirá a los tribunales.

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