Los jueces frenan la última vía para actuar contra la industria del tabaco

La Audiencia Nacional ha tumbado el último intento de la Junta para que la industria del tabaco pague por los gastos sanitarios de 135 pacientes víctimas del tabaquismo. La Audiencia ha rechazado la demanda interpuesta por la Junta contra seis empresas, a las que reclamaba 1,7 millones de euros, según una sentencia de la que informó ayer la agencia Efe. La Junta, que ayer no tenía constancia de la resolución judicial, tendrá que decidir si recurre ante el Tribunal Supremo o si se rinde en la batalla que inició hace ya 12 años, en febrero de 2002.

Como ya ha ocurrido en pronunciamientos judiciales anteriores, la Sala de lo Contenciosos de la Audiencia no entra en el fondo del asunto: si la Junta tiene o no derecho a ser resarcida por los gastos derivados de la atención sanitaria que recibieron 135 pacientes que desarrollaron diferentes patologías como consecuencia de su adicción al tabaco. La resolución se limita a rechazar la demanda de la Junta porque entiende que la invocación del artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en el que los abogados del Gobierno andaluz basaron la demanda, constituye “un cauce inidóneo” para reclamar los daños que reclamaba la Junta. Este artículo fija el derecho de las administraciones a reclamar el coste de los servicios prestados, pero solo en los casos de seguros obligatorios especiales y cuando aparezca un tercero obligado al pago.

En la misma sentencia, la Audiencia Nacional anula una resolución del Gobierno central que, en noviembre de 2008, no admitió la demanda de la Junta de Andalucía. Según los jueces, “no se puede deducir” que el Ejecutivo autónomo solicitara el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

Este no es el primer varapalo que recibe la Junta desde que en 2002 decidió llevar a los tribunales a seis empresas tabaqueras: Altadis, British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de canarias y Tabaco Canary Islands. La Junta presentó la documentación de 135 pacientes que habían desarrollado enfermedades como cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y a los que se atendía en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla.

El Ejecutivo andaluz, presidido entonces por Manuel Chaves, solicitó una indemnización de 1,7 millones de euros. La Junta cifraba en más de 300 millones de euros anuales el gasto de la atención sanitaria a víctimas del tabaco y en alrededor de 10.000 las personas que cada año morían por tabaquismo en la comunidad.

La demanda se presentó en Madrid y un juzgado de la capital obligó a la Junta a incluir en su denuncia a la Administración general del Estado como antigua propietaria de Tabacalera. El juzgado terminó archivando el caso y la Junta recurrió ante la Audiencia Provincial, que también lo rechazó. El Ejecutivo andaluz insistió recurriendo, primero ante la Audiencia, y cuando esta desestimó la petición, llevando el caso al Supremo, que también tumbó las pretensiones de la Junta.

Pero para entonces, el Ejecutivo andaluz había llevado el caso por la vía contencioso-administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. La Audiencia ha rechazado también ahora esta vía en lo que puede ser el último capítulo de la cruzada abierta desde hace 12 años.