La Junta aprueba las oficinas judiciales sin fijar un plazo para extenderlas

El Consejo de Gobierno ha dado el primer paso para poner en marcha las oficinas judiciales y fiscales, una reorganización de la Administración de Justicia que, según el consejero Emilio Llera, va a suponer un modelo “revolucionario”. El Ejecutivo andaluz ha aprobado el decreto que regula la creación de estas oficinas, una normativa que el sector judicial esperaba desde hace años pero que, según las previsiones adelantadas por Llera, va a tardar todavía varios años más en aplicarse en todos los juzgados y fiscalías de la comunidad.

El cambio pretende acelerar la respuesta judicial y repartir la carga de trabajo de los funcionarios, la mayoría de los cuales pasará a trabajar en unos servicios comunes para todos los juzgados en lugar de estar adscritos a uno concreto como hasta ahora. Cada juez contará solo con un pequeño equipo de dos o tres funcionarios que le prestarán apoyo directo.

Este modelo va a obligar a una reorganización de los puestos de trabajo de los funcionarios en la que, según el consejero, ya se está trabajando. Llera ha garantizado que no habrá disminución de personal y ha confiado en que la reforma no suponga un nuevo enfrentamiento con los empleados públicos aunque ha admitido que queda por delante una negociación que puede ser “más o menos dura”.

El consejero  garantiza que no habrá disminución de personal

El nuevo modelo pretende descargar a los jueces y fiscales de gran parte del trabajo de organización que ahora hacen. Serán sustituidos en estas labores por los secretarios judiciales, que se situarán al frente de las oficinas. Las primeras oficinas judiciales empezará a funcionar, previsiblemente este año, en Vélez-Málaga y El Ejido (Almería), mientras que la Fiscalía Provincial de Sevilla acogerá la experiencia piloto de la oficina fiscal. El compromiso de la Junta es extender este modelo a los 85 partidos judiciales, las ocho Audiencias y Fiscalías provinciales y a la Fiscalía Superior. Pero Llera ha admitido que no va a poder hacerse esta legislatura. “Es un cambio muy lento. Cuando empecemos veremos a qué ritmo podemos ir, pero ahora, si le soy sincero, no lo sé”, ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La reorganización se verá también condicionada porque la mayoría de las sedes judiciales no están adaptadas físicamente a las necesidades de las nuevas oficinas. Según ha reconocido Llera, primero se crearán las de los juzgados que cuenten ya con espacio para acoger los servicios comunes y, cuando haya presupuesto para obras, se irá extendiendo al resto.

Tras asegurar que la racionalización en esta área era “absolutamente necesaria”, la vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana Corredera, ha asegurado que el decreto llega "tarde" y sin "dotación presupuestaria", informa Antonio J. Mora. “El Gobierno ha tardado 10 años en afrontar este cambio y lo hace, además, poniendo en marcha solo una experiencia piloto en dos partidos judiciales de los 85 existentes en Andalucía”, ha precisado la popular antes de apuntar que la partida destinada para este fin da una idea del calado que va a tener la medida. “El presupuesto que tiene la Oficina Judicial para 2014 es de un millón de euros pero solo 72.000 van a ir para obras de adaptación de la oficina judicial”, ha agregado. Corredera ha pedido a la Junta que vaya “mucho más allá” y que “afronte una reestructuración mucho más ambiciosa”.