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Imputados Prat y sus cuatro hijos por blanquear capitales en el ‘caso Innova’

El juez investiga si la familia se lucró tras alterar precios de concursos públicos

Josep Prat. Ampliar foto
Josep Prat.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, que instruye el caso Innova, en el que se investigan presuntas ilegalidades en el conglomerado de empresas municipaIes de la ciudad, estrecha el cerco en torno a la familia de quien fuera presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y director general del holding empresarial del Ayuntamiento de la capital del Baix Camp, Josep Prat. El juez ha imputado a Prat y a sus cuatro hijos por blanqueo de capitales por su aparente relación con un nuevo escándalo de corrupción sanitaria: presuntas irregularidades en la concesión de las ambulancias de las Tierras del Ebro.

Los cinco miembros de la familia Prat, que fueron interrogados el viernes pasado por el juez y el fiscal, acabaron acusados de una ristra de delitos en una séptima pieza bajo secreto de sumario separada del caso Innova. A raíz de esta pieza secreta, el expresidente del ICS está imputado por cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos públicos además de blanqueo de capitales, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), mientras que sus cuatro hijos están acusados de blanqueo y de falsedad documental.

Los cinco miembros de la familia del que fuera poderoso gestor sanitario están bajo sospecha por su posible relación con el caso Innova a través de los tentáculos del holding en las comarcas del sur de Cataluña, donde una de las empresas públicas de Innova, Sagessa, en la que participan también diferentes Consistorios controla hospitales, ambulatorios y hasta guarderías. El Ayuntamiento de Reus tiene una deuda de 356 millones de euros, el 70% de la cual pertenece a Innova.

La operación judicial estalló el jueves, cuando Bernardo Coslado García, presidente y administrador único de Ambulancias Baix Ebre, fue llamado a declarar ante el juez. Este decretó su libertad sin fianza, pero lo imputó al menos por tres delitos: cohecho, delito societario y tráfico de influencias, según fuentes próximas al caso. Prat y sus hijos fueron citados minutos después de que Coslado abandonara los juzgados. El golpe fue mayúsculo porque Coslado es uno de los hombres más respetados y poderosos de la sanidad en las Tierras del Ebro, donde su detención fue recibida con sorpresa por el delegado de la Generalitat en estas comarcas, Xavier Pallarès. Además, Coslado preside la patronal española de ambulancias, la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA), y con su implicación la investigación judicial de Innova toma una nueva dimensión, al rebasar los límites de la ciudad de Reus e involucrar también las comarcas del sur de Cataluña en el caso judicial, hecho que la CUP del Ayuntamiento de Reus lleva denunciado desde el inicio de este mandato municipal.

Josep Prat, a la derecha, y su abogado, el viernes en los Juzgados de Reus.
Josep Prat, a la derecha, y su abogado, el viernes en los Juzgados de Reus.

La empresa de Coslado, Ambulancias Baix Ebre, fue creada hace más de 25 años, tiempo en el que se ha beneficiado de numerosos contratos con el sector público de la sanidad. Actualmente, Coslado tiene la concesión del servicio de ambulancias en las Tierras del Ebro, informaron fuentes de la Generalitat.

El papel de Coslado en el sector podría ser clave en el caso: la justicia escudriña las relaciones comerciales y posibles alteraciones de precios en las licitaciones fraguadas entre Ambulancias Baix Ebre y organismos públicos como Sagessa y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). También se está investigando si estos contratos habrían reportado beneficios económicos a Prat y a sus hijos.

Prat, en paralelo a sus cargos como gestor sanitario, también ha mantenido otros negocios. En concreto, fundó al menos una sociedad inmobiliaria con sede en Barcelona, Wanplais, SL, que es una sociedad familiar. Aparte de Prat, su mujer, Emma Teresa Blanco Zarate, y sus hijos, José, Emma, Nuria y Fernando Jacobo Prat Blanco han tenido cargos en ella durante la última década, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona. Esta sociedad ha servido a Prat para hacer negocios particulares gracias a fondos públicos. En concreto, el expresidente del ICS obtiene rendimiento de un centro de menores de la Generalitat en el barrio tarraconense del Serrallo, en un edificio propiedad de Prat. Bienestar Social alquiló este edificio en 2010 para ubicar en él el equipamiento. Tras lograr el alquiler, Prat contrató para trabajar e Innova al cargo político que pilotó el proceso, Jordi Tous (ERC), exdelegado de Bienestar Social en Tarragona. Por el centro de menores Wanplais está percibiendo mediante un contrato a largo plazo —mínimo de 10 años— una renta mensual de más de 5.000 euros.

A Prat se le acumulan las imputaciones, que van descubriéndose conforme el juez levanta el secreto de sumario de las piezas separadas del caso Innova. El núcleo son 720.000 euros presuntamente irregulares que Prat abonó a través de Innova al exdirector del CatSalut, Carles Manté. Ambos, que en las últimas décadas formaron parte de la cúpula de la sanidad catalana, fueron detenidos por la Guardia Civil en febrero de 2013. Los agentes registraron sus domicilios y se incautaron de numerosa documentación. El juez decretó la libertad provisional para Prat y Manté, pero les retiró el pasaporte y los imputó por malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y delito contra la hacienda pública.