Los hospitales públicos ofrecen desde 2010 menos opciones para abortar

En A Coruña se han dejado de realizar intervenciones porque todos los médicos se declaran objetores y en Ourense solo se practican hasta las 14 semanas de gestación

Exterior del Centro de Orientación Familiar de Orillamar, en A Coruña.
Exterior del Centro de Orientación Familiar de Orillamar, en A Coruña.GABRIEL TIZÓN

Galicia ha ido dando pasos atrás en la práctica de los derechos que recoge la actual ley del aborto. En el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) hace cuatro años que dejaron de realizarse interrupciones voluntarias de embarazos de más de 14 semanas. La Consellería de Sanidade, presidida entonces por Pilar Farjas, no llegó a acuerdo con el personal de matronas y enfermería respecto al pago de las horas de una intervención quirúrgica larga y estos sanitarios renunciaron a prestar el servicio público. Desde entonces, la práctica de abortos de las ourensanas de nueve a 14 semanas de gestación se deriva a clínicas concertadas, fundamentalmente de Vigo y las de entre 14 y 22 semanas (básicamente malformaciones genéticas), a Madrid. En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) no se practica ningún aborto: los médicos que hace cinco años hacían interrupciones de embarazo se han declarado objetores y derivan a las mujeres ahora a clínicas privadas.

Hasta 2009 en Ourense se hacían interrupciones de embarazos de hasta 22 semanas y en el CHUAC, solo las relacionadas con malformaciones fetales. Los ginecólogos de A Coruña se declararon siempre objetores en los casos de decisión libre de la madre (hasta las 14 semanas). Los gobiernos del PP presididos por Alberto Núñez Feijóo no han puesto obstáculos a la práctica legal del aborto, pero, según coinciden en afirmar profesionales consultados por este diario, “desmotivaron al personal sanitario”.

El ginecólogo ourensano José Luis Doval (pionero en la práctica de abortos en Galicia en hospitales públicos) sostiene que el Gobierno gallego ha respetado la ley y atribuye el retroceso del último lustro tanto a la falta de interés de esta Administración y de los gerentes hospitalarios como a la de los profesionales. “En Galicia la práctica del aborto es muy difícil de manejar, nunca se asumió como una asistencia sanitaria, sino como una cuestión ideológica y muchos médicos tenían miedo a ser señalados”, explica Doval el alto índice de objeción. En su opinión, la renuncia a esa objeción durante el bipartito se debió al “empeño” de aquel gobierno, “para el que era prioritaria esta cuestión”, en que los abortos se realizaran en la red pública. Doval cree que la “ausencia de motivación” de los profesionales provocó que en los lugares en los que no había gran interés profesional, se viniera abajo la estructura.

La desmotivación llegó por varios frentes. A la merma de los apoyos a los profesionales —el bipartito llegó a ofrecer compensaciones económicas— se sumó, en 2011, la Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia promovida por el PP que dejó en manos de la asociación antiabortista Red Madre (vinculada al ultracatólico Foro Español de la Familia) el asesoramiento a las mujeres embarazadas. La Ley de la Familia concedió al feto personalidad jurídica de facto: lo consideró un miembro de la unidad familiar a tener en cuenta a la hora de conceder subvenciones públicas. En la presentación del anteproyecto, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, adelantó que la norma tenía la vocación de proteger la maternidad y que preveía, “sin limitar ni entrar en colisión” con la ley de plazos vigente, actuaciones encaminadas a ayudar e informar a las mujeres cómo seguir adelante con su embarazo.

Por su parte, la conselleira de Sanidade, entonces Pilar Farjas, se opuso al cumplimiento de la orden gubernamental que obligaba a las comunidades a incluir en un sobre informativo datos relativos a la ampliación de los supuestos del aborto y relacionados con las posibilidades de acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres que querían interrumpir sus embarazos. La conselleira precisó entonces que no incluiría ninguna información a la facilitada por el ministerio. La secretaria de Estado de Igualdad durante la última etapa del Gobierno de Zapatero, Laura Seara, alertó entonces de que la Xunta realizaba una estrategia de insumisión encubierta a la ley del aborto.

“La Xunta no ha puesto una sola traba en estos últimos cinco años para el cumplimiento de la ley del aborto, pero sí hubo desmotivación, un abandono del impulso anterior, que acabó repercutiendo en menos facilidades para las mujeres”, sostiene también la trabajadora social del Centro de Orientación Familiar (COF) de Ourense, Celsa Perdiz. En su opinión, la labor encomendada a la Red Madre “pese a que no llegó a desarrollarse, supuso un paso atrás”. Perdiz considera “insólito” que la Consellería de Sanidade haya mantenido hasta ahora colgadas en la intranet de su página web —a la que acceden los trabajadores sanitarios— los postulados de la Fundación Red Madre sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

No ha habido impedimentos, pero las mujeres tienen menos opciones de someterse a las interrupciones voluntarias de sus embarazos cerca de casa y menos información. Cuando llegó Feijóo al poder, todos los hospitales públicos practicaban abortos; ahora ya no . “Las mujeres en ese proceso no están para tonterías. ¿Qué embarazada de más de 14 semanas que va a someterse a un aborto de un hijo deseado (la mayoría de los casos de malformaciones genéticas) puede querer ir a Madrid? Es muy duro, por eso hubo gran interés desde el bipartito en estimular a los profesionales para que practicaran los abortos en la red pública gallega: algunos lo hacían en la privada”, explica un técnico de Sanidade que trabajó con el bipartito. “Se consiguió implicación de médicos de todos los hospitales gallegos, muchos de los que ahora se han echado atrás”.

En el hospital de Ourense el número de ginecólogos que realizan abortos es el mismo que durante el Gobierno de PSOE y BNG: tres. Pero el único que se mantiene fijo es Doval. Hasta hace cuatro años practicaba interrupciones de embarazos de hasta 22 semanas; desde entonces (con la retirada del personal de enfermería por el desacuerdo económico con Sanidade) solo realiza los de hasta 14 semanas de gestación. Si se aprueba la reforma que promueve el Gobierno de Rajoy, que anula la opción de libre decisión de la madre en embarazos de menos de 14 semanas, no hará ya ninguno. Ni él ni nadie.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS