Lasquetty pide celeridad a los jueces para que se disipe la “incertidumbre”

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha preferido, a la espera de más datos, no pronunciarse sobre el aval de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la suspensión cautelar del proceso de privatización de la sanidad madrileña, paralizado judicialmente desde septiembre. Lasquetty ha subrayado que "el pleno de la sala que no se pronuncia sobre los recursos, solo sobre su tramitación",  por lo que ha pedido que los recursos "se resuelvan con rapidez" y se disipe la "incertidumbre" generada en torno al concurso.

"Sin haber leído o estudiado el auto no podemos pronunciarnos sobre si presentaremos un recurso", ha dicho el consejero sobre la eventual respuesta del Ejecutivo regional en un comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Tenemos que recibir el auto y estudiarlo, no ha sido una decisión unánime", ha insistido Lasquetty, que ha asegurado que no supone ningún "golpe".. "No nos planteamos ninguna cuestión porque no ha habido ninguna cuestión. No nos dedicamos a catalogar a los jueces, respetamos a la justicia", ha vuelto a echar balones fuera el consejero.

Y una vez más, el consejero se ha negado a valorar la cuestión o a avanzar en una salida al bloqueo: "Los ritmos de decisión de los tribunales los marcan los propios tribunales, nos limitamos a aceptar la decisión del tribunal, lo estudiaremos así como los votos particulares". Sobre sus efectos en el presupuesto, ha señalado: "Esto no afecta a las cuentas de la consejería, los presupuestos se han pensado teniendo en cuenta una posible suspensión cautelar del proceso".

“Estamos convencidos de que en esta legislatura no se va a poder proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño,así que recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que lo incorpore al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan”, ha expresado el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. 

Lasquetty pide celeridad a los jueces para que se disipe la “incertidumbre”

En su opinión, la decisión adoptada por el Pleno del TSJM "desautoriza" al juez Martínez Tristán como su “inspirador” —Tristán, casado con una consejera de María Dolores de Cospedal de la Junta de Castilla-La Mancha, iba a presidir la 'supersala, razón por la que Gómez renunció a su escaño de senador en protesta— y a Ignacio González “en su pretensión de condicionar las resoluciones judiciales sobre los recursos pendientes contra la privatización con el fin de dar luz verde al desmantelamiento del sistema sanitario público de la región, verdadera intención del PP madrileño". Para Gómez, la resolución de hoy “viene a confirmar"que la recusación socialista al juez Martínez Tristán "se fundaba en muy sólidas razones”.

En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que la decisión judicial de hoy implica que el proceso de privatización de la sanidad "está muerto".

El coordinador general de IU en Madrid, Eddy Sánchez, ha reclamado la dimisión de Lasquetty "ante esta desautorización al Gobierno regional”, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar la paralización de la privatización sanitaria. "Estamos ante una nueva victoria de las movilizaciones y de la Marea Blanca, que ha logrado paralizar este saqueo de la sanidad madrileña. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha terminado con el último intento del Gobierno regional de privatizar nuestros hospitales”, ha señalado.

Fátima Brañas, portavoz de AFEM, ha expresado a Efe su satisfacción y ha opinado que es una "señal de respeto" del pleno por la justicia. "Si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que estas continúen con su trabajo", ha añadido.

"Nos parece una decisión absolutamente razonable y justa", ha asegurado el secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra. "La decisión vuelve a una sección tercera, que ya ha demostrado previamente su intención de admitir medidas cautelares, es decir, paralizar cautelarmente el procedimiento. Es previsible que ya no se produzca una decisión hasta que finalice la legislatura, lo que significa que el proceso de privatización está condenado a su fin definitivo", ha añadido. "Es un golpe muy importante para la Consejería de Sanidad porque ha desmontado un intento con clara intencionalidad: llevar a la sala de lo Contencioso-Administrativo la decisión. En la Consejería lo habían aplaudido porque entendían que era bueno para ellos. Si Lasquetty no admite el golpe recibido es porque no quiere verse derrotado".

"La constitución de una sala especial para tratar estos asuntos era una decisión absolutamente anómala, así que la decisión de hoy nos parece razonable y justa. Es positivo para el funcionamiento del sistema sanitario público y para la ciudadanía, puesto que significa que se va a preservar un sistema de hospitales de gestión pública que son más baratos y mas eficaces", ha señalado el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marciano Sánchez-Bayle. "Parece obvio que en un país desarrollado, lo primero que haría el consejero tras conocerse una noticia así es dimitir. Sería lo más razonable, puesto que es un fracaso suyo", ha añadido. "Creo que todo el mundo, los ciudadanos y los trabajadores sanitarios, se han alegrado. Es probable que alguna de las empresas concesionarias también. Se han quitado un marrón de encima", ha asegurado.

UPyD ha pedido a la Comunidad de Madrid que "abandone definitivamente" su proyecto de privatización de la gestión de seis hospitales. "El Gobierno sigue sin justificar el supuesto ahorro que pretende conseguir con la privatización de unos centros, que por sus características, muy probablemente estén entre los más eficientes del Servicio Madrileño de Salud”, ha señalado su portavoz en la Asamblea, Luis de Velasco. "Se han producido irregularidades muy importantes en el concurso, que afectan tanto a la ausencia de competencia entre las empresas que pasarían a gestionar los hospitales, como a modificaciones muy relevantes de última hora respecto a las condiciones del contrato", ha añadido. "Esperamos que el PP dé marcha atrás, teniendo en cuenta todos los perjuicios que están ocasionando sus decisiones", ha señalado el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand.