La policía requisa documentación en el Ayuntamiento del número dos del PP

La Policía Judicial ha acudido este jueves al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) en busca de pruebas sobre el caso de malversación en este Consistorio denunciado por la fiscalía y que afecta a tres ediles del PP. Los agentes tenían la orden del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla de requisar equipos informáticos y documentación. Se han llevado dos computadoras y los originales de unos documentos que ya obran en poder del titular de este juzgado, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Este caso, en el que se investiga supuestas contrataciones ilegales con un edil, ha salpicado al Consistorio que gobierna José Luis Sanz, alcalde del municipio sevillano y secretario general del PP andaluz. Sanz, además, es uno de los aspirantes con más posibilidades de liderar a los populares de Andalucía y ser candidato de esta formación para las próximas elecciones regionales.

Tres concejales de Sanz están imputados: Eloy Carmona —portavoz municipal y primer teniente de alcalde—, Mercedes Fuentes —concejal de Cultura— y Juan Campos —concejal de Medio Ambiente—. Este último edil está en el centro de este caso denunciado por la fiscalía. Se investiga si los imputados cometieron malversación y prevaricación al haber contratado a Campos para elaborar unos informes y realizar otras tareas durante el anterior mandato, cuando no era concejal. Lo que se investiga es si realmente desarrolló esos trabajos.

Uno de los ordenadores que se ha llevado la Policía Judicial es, precisamente, el de Campos. El otro es del trabajador municipal del área de Medio Ambiente Juan David Bretones, según ha reconocido este jueves el Ayuntamiento de Tomares a través de un comunicado.

José Luis Sanz, aspirante a liderar el PP andaluz, es el alcalde del municipio

El Consistorio ha lamentado la actuación judicial. El Ayuntamiento del PP ha recordado que las copias de los documentos requisados ya “se les había facilitado con anterioridad” al juzgado. Respecto a los ordenadores, el Consistorio ha afirmado “que, de haberlos solicitado el juzgado, se les habría facilitado con la misma rapidez que los documentos anteriores, ya que este equipo de gobierno no tiene nada que ocultar y actúa siempre con absoluta transparencia”. El Ayuntamiento ha criticado también haberse enterado “por la prensa” del registro. El Consistorio gobernado por Sanz ha intentado defender su actuación al asegurar que “el procedimiento por el que fue contratado el servicio de inspección de servicios públicos se realizó con absoluto respeto a la normativa”. Además, “la prestación se realizó con absoluta normalidad”. El Ayuntamiento ha achacado la denuncia —presentada por el Partido Andalucista e IU— “a una práctica deleznable de hacer política buscando única y exclusivamente la repercusión mediática y el daño político”.

PSOE e IU, blanco de las constantes críticas del PP por los escándalos de corrupción en la Junta, no han desaprovechado la oportunidad para lanzar dardos al número dos de los populares en Andalucía. La secretaria de Política Municipal de los socialistas, Rafaela Crespín, ha exigido explicaciones públicas inmediatas a Sanz y a Juan Ignacio Zoido, líder de los populares en la comunidad. “Deben dar la cara y ofrecer explicaciones por el registro”. Crispín ha insistido en utilizar en varias ocasiones el término “registro”, una palabra de la que han huido los populares. “No ha habido registro”, han afirmado fuentes municipales para tratar de restarle importancia a la actuación de la policía judicial. Sin embargo, este tipo de actuaciones para requisar documentación siempre van acompañadas de órdenes de “entrada y registro”.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU), ha reclamado que la Justicia llegue “hasta el fondo, caiga quien caiga”. “La Justicia no puede hacer distinciones ni de colores, ni de rango, ni de clase”, ha insistido el vicepresidente.