El censo de la consulta divide al PSC

Las costuras del PSC llevan meses en tensión por el proceso soberanista y ayer vivieron un nuevo episodio a cuenta del censo para la consulta del 9 de noviembre. Dos alcaldes socialistas de capital de provincia, como Lleida y Tarragona, anunciaron que sus Ayuntamientos iban a actuar de manera completamente distinta con esa base de datos.

Àngel Ros, que ayer cumplió 10 años con la vara de mando en Lleida, aseguró que su Ayuntamiento cederá esos datos a la Generalitat “si hay una ley que así lo establece”. Por su parte, Josep Fèlix Ballesteros, replicó: “Es evidente que si la consulta no es legal no cederé los datos privados porque no me es permitido por la Ley de Protección de Datos”.

La división de opiniones de los alcaldes evidencia las diferentes sensibilidades que cohabitan en el PSC con el proceso soberanista en general y la consulta en particular. Ros, que también es diputado autonómico, forma parte del sector crítico y defiende que el PSC no se oponga a la petición que se votará el próximo día 16 en el Parlament para reclamar al Gobierno que traspase a la Generalitat la competencia para convocar referendos. Pere Navarro ya ha anunciado que votarán que no, pero el tema se volverá a plantear en la ejecutiva que los socialistas celebrarán el próximo lunes.

Ballesteros, por su parte, forma parte de la línea oficial y defiende el acuerdo que adoptó el consejo nacional del PSC el 17 de noviembre de votar en contra de cualquier iniciativa relacionada con el derecho a decidir. “No vamos a dejar esta bandera en manos de PP y Ciutadans”, explicó ayer el secretario de acción política del PSC, Antonio Balmón. Precisamente la reacción del alcalde de Tarragona va en esa línea, pues la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho pidió hace unos días al PSC que sus Ayuntamientos no cedan los datos a la Generalitat, como iba a hacer el PP.

La disparidad de opiniones de los alcaldes y la división que se transmite en el PSC resulta casi gratuita porque es probable que la consulta no se celebre si la anula el Tribunal Constitucional, como vaticina desde hace semanas Pere Navarro. Y cuando se convoque, tampoco está decidido qué censo utilizará la Generalitat. El censo electoral que se emplea en cualquier votación está descartado porque es propiedad del Estado y no se lo cederá a la Generalitat. La Administración catalana, además, desea que voten los mayores de 16 años y aquel listado incluye a los mayores de 18.

La segunda alternativa sería el padrón municipal, que es propiedad de los Ayuntamientos y su cesión no está asegurada en todos los Consistorios, por lo que la salida más plausible que maneja la Generalitat es utilizar el listado que elabora el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que es la base de datos más completa de que dispone la Administración autónoma.

Esta base se nutre del padrón que facilitan los Ayuntamientos y ahí es donde entraría la decisión política de facilitarlo a la Generalitat, como han venido haciendo cada vez que se actualiza cada cuatro años, o negarse a ello. Precisamente en 2014 está prevista su actualización.