La Junta busca reducir la burocracia para incentivar la economía

Reducir la burocracia que afecta a las empresas es un objetivo que se han marcado los últimos presidentes andaluces para tratar de incentivar la maltrecha economía de la comunidad. Las promesas de eliminación de trabas volvieron ayer al Consejo de Gobierno de la Junta, el primero que se ha celebrado en 2014. Al igual que sus predecesores —Manuel Chaves y José Antonio Griñán— la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, también ha anunciado que eliminará trabas. El Ejecutivo andaluz prevé aprobar "nuevas medidas de simplificación de trámites" durante el primer trimestre de este año, según la información difundida ayer por la Junta.

La Consejería de Economía presentó un informe en el que se analiza este asunto. El foco se centra sobre 220 autorizaciones que parten de la normativa autonómica y que afectan a campos que son de competencia exclusiva de la Junta. El objetivo que se ha marcado el departamento de José Sánchez Maldonado es "eliminar aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines". También se plantea "simplificar los requisitos para la creación de empresas". Es decir, actuar sobre trámites como las inscripciones en registros, la renovación de autorizaciones y la duplicación de pasos.

Pero, de momento, todo son solo planteamientos sin concreción, porque todavía no se ha determinado qué medidas se adoptarán ni cuántos de los 220 procedimientos exclusivos de Andalucía se suprimirán o se modificarán.

La Consejería de Economía ha identificado 1.313 procedimientos, de los que 691 serían autorizaciones que afectan "a la puesta en marcha o desarrollo de la actividad económica". Según el informe elaborado por este departamento, 156 procedimientos ya se han simplificado en los últimos años. "Se ha simplificado el 22,6% de los procedimientos de autorización existentes", pero "persisten" 535 que "limitan la actividad económica", reconoce la consejería. Sobre 220 la Junta puede actuar ahora directamente, ya que afectan a áreas de su competencia. En el caso de las 315 restantes, que se basan en normativa estatal, el Ejecutivo andaluz planteará al Gobierno que priorice las actividades "vinculadas a los sectores de mayor peso económico".

Al margen de la voluntad política que pueda haber tras el anuncio de simplificación de trámites, la nueva Ley de Garantía Unidad del Mercado, aprobada por el Gobierno central en diciembre, también ha influido en este asunto. La norma, según la Junta, "establece un modelo que puede dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores que realicen una determinada actividad en un mismo territorio y otorga un plazo de seis meses, desde su entrada en vigor, para que se proceda a la adaptación de todas las disposiciones vigentes a lo dispuesto en la misma". Por ello, la Junta está también obligada a adaptarse a través de la norma que prepara. La intención del Gobierno andaluz es asimismo que se analicen las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos para intentar eliminar trabas.