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El Gobierno insiste en que Barberá deberá proteger El Cabanyal

El Ejecutivo recuerda la obligación de "adaptar" el plan a la preservación del patrimonio

Viviendas en una calle del barrio de El Cabanyal.
Viviendas en una calle del barrio de El Cabanyal.

El Ayuntamiento de Valencia, que dirige la alcaldesa Rita Barberá, deberá garantizar la protección del patrimonio histórico de El Cabanyal. Así se lo recuerda el Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que abunda en la necesidad de “adaptar” a ese objetivo el plan urbanístico del Consistorio del PP para el barrio, que prevé la destrucción de más de 400 casas para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.

El diputado de Esquerra Unida del País Valencià-Els Verds en el Congreso, Ricardo Sixto, dirigió al Gobierno varias preguntas sobre el futuro de El Cabanyal a raíz de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de desistir del recurso de inconstitucionalidad presentado contra una ley autonómica que avalaba los derribos. Al retirarse en octubre pasado el recurso, el polémico plan quedó de nuevo sometido a la paralización ordenada bajo mandato socialista en diciembre de 2009. El Ministerio de Cultura consideró entonces que el proyecto supone un expolio para el patrimonio histórico-artístico de El Cabanyal.

En su contestación, el Gobierno destaca que desistió del recurso tras alcanzar con la Generalitat y el Ayuntamiento un acuerdo que, a su juicio, dio “una solución a la situación de bloqueo en el El Cabanyal” tras 15 años de conflictos. Ese pacto implica para la Generalitat la derogación de la ley con la que el Consell de Francisco Camps sorteó la orden de paralización del ministerio en apoyo del plan de Barberá. Además, recalca el Ejecutivo, supone que “las partes implicadas asumen el compromiso de estudiar una adaptación” del plan urbanístico “que garantice la protección de los valores histórico-artísticos” de El Cabanyal, precisamente “en los términos previstos” en la orden ministerial que la Generalitat y el Ayuntamiento combatieron. Barberá llegó incluso a querellarse —sin éxito— contra la exministra Ángeles González-Sinde por supuesta prevaricación.

En consecuencia, apunta el propio Gobierno, se mantiene la suspensión del plan “hasta que concluya su adaptación” para preservar el patrimonio del barrio. El Ejecutivo de Rajoy, finalmente, subraya que el acuerdo “elimina litigiosidad” y “garantiza plenamente las competencias del Estado, la protección del patrimonio histórico de El Cabanyal y la modernización de la zona”.

Sixto defendió en su pregunta a la Mesa del Congreso la rehabilitación de El Cabanyal, entre otras cuestiones, e inquirió al Gobierno sobre la postura del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que minimizó el alcance del acuerdo y afirmó que no haría falta cambiar el plan para “reinterpretar” la orden de protección de Cultura.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no deja lugar a dudas, según destacó este viernes el portavoz de EUPV en el Ayuntamiento, Amadeo Sanchis. El concejal afirmó que las explicaciones del Gobierno “son una desautorización en toda regla a cualquier pretensión por parte del gobierno local a prolongar la avenida de Blasco Ibáñez” con los derribos. “Solo tienen cabida la rehabilitación de la trama urbana, y las licencias para recupera edificios y de actividad económica” señaló Sanchis.