Una voz única para la PAC

El sector agrario andaluz tiene que unificar sus voces para conseguir que los fondos europeos no se escapen a otras comunidades. Tras la publicación en el Diario Oficial de la UE, el pasado 20 de diciembre, de los cuatro Reglamentos definitivos sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el campo andaluz tiene puesta su mirada ahora en el reparto interno de las ayudas agrícolas dado que Bruselas concede un amplio margen de autonomía a los Estados miembros. Andalucía se juega seguir manteniendo su ficha presupuestaria de 1.600 millones anuales en ayudas directas durante el periodo 2015-2020. Y lo va a hacer en un escenario lleno de temores ante la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura perjudique a la comunidad en detrimento de otras regiones con menos potencial agrario.

La consejera de Agricultura, Elena Víboras, ha reunido esta semana a las organizaciones agrarias y cooperativas para intentar rearmar un frente común andaluz en torno a la PAC. La intención es acudir como una piña a la Conferencia Sectorial que el ministerio ha convocado para los días 20 y 21 de enero y donde podría aprobarse definitivamente el modelo de aplicación interna de la nueva PAC. “El objetivo primordial e irrenunciable es que los agricultores y ganaderos andaluces reciban el mismo nivel de ayudas que han percibido hasta ahora. Vamos a rechazar cualquier propuesta que suponga un trasvase significativo de rentas entre territorios y beneficiarios”, ha recalcado la consejera.

Las primeras simulaciones de los grupos que trabajan sobre el reparto interno de las ayudas agrícolas no son demasiado optimistas. La “inquietud” que admite la propia consejera viene principalmente de dos vías: el reparto de los fondos acoplados (vinculados a la producción) y los de desarrollo rural. El nuevo reglamento comunitario permite a los Estados miembros destinar un porcentaje de los fondos (hasta un 15%) a ayudas acopladas para sectores con especiales dificultades y en riesgo de abandono, en un listado en el que no figuran sectores emblemáticos como algodón, olivar tradicional, flor cortada, tabaco, aceituna de mesa o viñedo, entre otros.

Sin embargo, tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) creen que la propuesta lanzada por el ministerio implica que Andalucía perdería cada año 100 millones de euros, es decir, 600 millones en el periodo de la PAC, ya que tendría que aportar al sobre común 176 millones (el 30,5% del presupuesto estatal, que es de 577 millones), pero recibiría solo 76 en pagos acoplados o asociados a la producción. De ese modo, hay sectores de enorme importancia para Andalucía que quedarían excluidos y otros que recibirán pagos insuficientes, como es el caso del caprino o los frutos secos. “La propuesta del ministerio no responde a criterios objetivos, sino políticos y de determinados grupos económicos”, indican desde las dos organizaciones. Y añaden que las ayudas acopladas “deben tener legitimidad social y apostar por un tejido profesional que es el que sostiene el campo y genera empleo”.

Al presumible recorte en los pagos acoplados, habría que añadir otros 75 millones anuales que Andalucía podría perder en los programas de Desarrollo Rural (ahora tiene el 26,5% del total del presupuesto nacional) y la pérdida del poder adquisitivo del IPC, que supone otros 33 millones anuales. Es decir, UPA y COAG estiman que se perderían al año 208 millones de euros.

“Estamos en alerta y con cautela”, ha afirmado la consejera de Agricultura, tras lamentar que a falta de menos de un mes para la Conferencia Sectorial el Ministerio aún no haya dado a conocer a las comunidades autónomas sus propuestas definitivas o el mapa de la regionalización de las ayudas. “Nos preocupa cualquier movimiento que se produzca, porque el modelo es muy complejo y cualquier variable que se introduzca puede significar importantes alteraciones”, dice Víboras.

Por todo ello, la Junta aboga por mantener “una voz única” ante una negociación en la que está en juego el futuro de más de 260.000 agricultores andaluces. Una unidad que la consejera espera alcanzar de la mano de las organizaciones agrarias pero no tanto en el ámbito político, como lo evidenció en una reciente comparecencia ante el Parlamento en la que censuró los “enfrentamientos improductivos” de la clase política (en clara alusión al PP andaluz, que defiende sin fisuras la actuación del ministro Arias Cañete) para abordar “la última y más decisiva” negociación de la PAC.

Mientras tanto, el sector agrario aguarda con interés el resultado de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el viernes tras aprobarse el pasado mes de agosto. La nueva normativa, que podría influir de manera positiva en los precios en origen, incluye la formalización de los contratos alimentarios y la definición de las prácticas comerciales abusivas, como las modificaciones contractuales unilaterales o los pagos comerciales no previstos. También establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, crea un Observatorio de la Cadena Alimentaria y estipula un régimen de infracciones y sanciones.