Un intento de arbitraje real

En lo que respecta a Cataluña, hay un acusado contraste entre lo que el rey Juan Carlos dijo el día 24 y lo que dijo el presidente del Gobierno Mariano Rajoy el día 27 en conferencia de prensa. El mensaje de Navidad del Rey fue un esfuerzo, muy notable, de reconocimiento de los problemas políticos, económicos e institucionales que sacuden a España y una llamada de alerta ante sus graves consecuencias sociales. El mensaje redactado en el palacio de la Zarzuela incluyó la sugerencia de una “actualización de los acuerdos de convivencia” que, como ha señalado el profesor Javier Pérez Royo, es difícil imaginar que no se refiera a una reforma de la Constitución. El Rey apuntó además que el diálogo y la negociación han de ser el “método prioritario” para afrontar la múltiple crisis, y subrayó las actitudes que según él permitirían abordarla. Se trata, en sus palabras, de actuar con realismo, esfuerzo, respeto a la ley, en funcionamiento correcto del Estado de derecho y de añadir a ellos, “la generosidad para ceder cuando es preciso para comprender las razones del otro”.

Las respuestas de Rajoy a las preguntas que tres días después le fueron formuladas por los periodistas sobre la situación en Cataluña se situaron claramente en otra onda. En primer lugar, Rajoy habló de este asunto como si no hubiera crisis, un punto de partida muy distinto al escogido por el Rey. Se limitó reiterar que rechaza de plano la convocatoria del referéndum propuesto por el Gobierno de la Generalitat, a descalificarlo como inconstitucional y garantizar que no se celebrará, a elogiar el modelo constitucional autonómico. El presidente redujo la controversia, si acaso, a que “hay cosas que no se me pueden pedir y lo sabe quien (el presidente Mas) decidió abrir un camino sabiendo cual era mi respuesta”. Como en otras ocasiones, la afirmación de que está abierto al diálogo quedó como mera retórica porque excluyó expresamente que tal diálogo pudiera versar sobre el objeto de la controversia.

La comparación de este aspecto de ambas comparecencias lleva inevitablemente a la conclusión de que Rajoy desdeña la posición expuesta por el Rey sobre la crisis constitucional. Allí donde Juan Carlos reconoce la existencia de una demanda política tan exigente como para requerir eventualmente incluso una revisión constitucional, Rajoy habla, simplemente, de cosas que no se le pueden pedir. Allí donde el Rey adopta una posición inclusiva con el manifiesto objetivo de preservar y relanzar para el futuro la viabilidad de la diversidad nacional, Rajoy acusa a Artur Mas de “generar incertidumbre, inestabilidad y fractura social” y de “perjudicar a España y a Cataluña”.

Llegados a este punto queda claro que el contenido del mensaje del Rey es un intento serio, incluso solemne, podría decirse, de ejercer la función de arbitraje y moderación de las instituciones que le confiere la Constitución. A diferencia de otras intervenciones públicas del jefe del Estado, que exponen las posiciones y los puntos de vista del Gobierno de turno, el mensaje navideño del Rey es la única intervención que responde a su criterio personal y político. Si esta vez ha pedido diálogo es porque debe creer que no lo hay. O no lo hay en medida suficiente. Si el Rey ha juzgado oportuno terciar, moderar, entre el Gobierno de la Generalitat y el del Estado, debe ser porque cree que hay un conflicto entre ellas.

A la vista de la posición exhibida por Rajoy el día 27, cabe concluir que el esfuerzo del Rey ha sido desatendido por lo menos por uno de los dos protagonistas institucionales del conflicto. ¿Le queda recorrido al Rey en el ejercicio de sus funciones constitucionales para reconducir lo que tantos observadores califican como una dinámica política que lleva al choque de trenes?

En la Constitución, el Rey no tiene ninguna atribución política activa. Esa función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones que le da el punto 1 del artículo 56 no está luego concretada de ninguna forma. En la práctica, su ejercicio queda a expensas de ser ejercido en base a la dignidad y prestigio de la Corona, lo que los juristas llaman la auctoritas, más que en ninguna otra fuente de poder constitucional. Porque para él, no la hay.

Habrá que ver, sin embargo, si el Rey persiste en su intento de arbitrar. En su condición de jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, el Rey Juan Carlos ha dado prueba de que, a diferencia del presidente Rajoy, él sí se ha dado cuenta de que una parte cuantitativamente relevante de los ciudadanos españoles, que los sondeos cifran en torno al 50% de los catalanes, se declaran partidarios de dejar de serlo. Es un dato alarmante. Ha opinado que ahí hay un conflicto y, al margen de que como quieren una parte de los protagonistas, el culpable sea o no el perverso nacionalismo catalán y sus compañeros de viaje, lo que le importa es resolverlo y hacerlo de manera inclusiva. La diferencia con Rajoy es obvia. El PP y sus compañeros de viaje parecen actuar con el convencimiento de que, ahora como otras ocasiones históricas, el nacionalismo catalán puede ser derrotado y el statu quo por el que teme el monarca está garantizado, aunque a muchos catalanes no les guste.