La adjudicación de viviendas sociales en alquiler cae en picado de 2009 a 2012

La adjudicación de viviendas sociales en alquiler por parte de la Generalitat Valenciana ha disminuido durante los años de la crisis, ya que han pasado de 278 en 2009 a 124 en 2012. Las solicitudes también han descendido, al pasar de 6.976 en 2009 a 3.403 en 2012. Los datos corresponden a sendas respuestas de la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, a preguntas de la parlamentaria socialista María José Salvador.

Bonig detalla en su información a la diputada que en 2009 se presentaron 2.527 solicitudes en la provincia de Alicante, 591 en Castellón y 3.858 en Valencia, mientras que en 2012 fueron 1.366 en Alicante, 279 en Castellón y 1.758 en Valencia. La consejera apunta que “no es posible saber cuántas de estas solicitudes fueron presentadas por personas en situación de paro, ya que este dato no se recoge en los formularios. Las solicitudes son baremadas en función del nivel de ingresos y los miembros de la unidad familiar, pero sin delimitar la procedencia de los ingresos”.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones, Bonig indica que en 2009 se concedieron 177 viviendas sociales en Alicante, 26 en Castellón y 75 en Valencia. En conjunto, pues, se otorgaron 278 pisos en alquiler ante 6.976 solicitudes. Al año siguiente fueron 67 las viviendas adjudicadas en Alicante, 17 en Castellón y 62 en Valencia. Es decir, 146 adjudicaciones frente a 6.221 solicitudes en conjunto. Para el año 2011, se adjudicaron 61 viviendas sociales en Alicante, 14 en Castellón y 135 en Valencia. En total, 210 frente a 3.823 solicitudes. Finalmente, en 2012, fueron 49 las viviendas adjudicadas en Valencia, 11 en Castellón y 64 en Valencia. En conjunto, 124 pisos entregados frente a 3.403 peticiones.

El año pasado se presentaron 3.403 solicitudes y solo se adjudicaron 124

“El desequilibrio entre las solicitudes y las adjudicaciones pone en evidencia la política de vivienda de la Generalitat”, asegura María José Salvador, que recuerda que en su día se supo que el Instituto Valenciano de la Vivienda tenía 1.200 viviendas en el parque público que no podía usar porque había que rehabilitarlas o estaban ocupadas por “desidia de la consejería”.

La parlamentaria preguntó también a Bonig por el número de viviendas sin adjudicar. Y la consejera le ha respondido que son 816. Su reparación oscila entre 1.000 y 30.000 euros, “dependiendo del estado de las viviendas cuando quedan desocupadas”. Por lo que se refiere a las viviendas propiedad de la nueva Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), gestionadas por la Agencia Valenciana de Alquiler, la consejera dice: “Son un total de 773, de las que 397 —en régimen de compraventa— son obra nueva y, en consecuencia, el coste de reparación es cero. El resto de viviendas propiedad de Eige sin adjudicar, gestionadas por la agencia de alquiler, también tienen un coste de reparación variable, en función del estado en que se encuentran, entre 500 y 5.000 euros”.

“Las cifras son ínfimas”, destaca la diputada socialista. “Faltan inversiones en viviendas de alquiler y en la construcción de vivienda de protección pública. Estamos ante el resultado de 18 años de política del PP”. Salvador añade que la situación también refleja el “caos en la gestión de la consejera Bonig, incapaz de hacer frente a una situación social marcada por los desahucios y la vulnerabilidad de muchas familias”.