Órdago final a la privatización

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se juega mucho dentro de apenas 10 días. Su apuesta sanitaria por excelencia, la que le ha costado huelgas y una movilización ciudadana como no se recordaba en años, puede reactivarse y darle un respiro, o bien enterrar para lo que queda de legislatura el plan más contestado por la sanidad madrileña en décadas: la privatización de la gestión de seis hospitales. Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) decidirá los días 9 y 10 de enero sobre siete recursos contra la resolución de la Consejería de Sanidad que saca a concurso la gestión de los hospitales.

Ni González ni el titular de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, han ocultado su satisfacción por el hecho de que sea esta instancia la que decida, y no los magistrados que llevaban los recursos anteriormente. Mientras tanto, en los seis hospitales, que llevaban meses en calma, ha vuelto la incertidumbre. Los trabajadores sanitarios han visto cómo al ir renovar sus contratos eventuales —una parte de la plantilla lleva firmando cada uno, tres o seis meses desde que se inauguraron los centros, en 2008— ha aparecido una nueva cláusula, que supedita la renovación a la decisión del tribunal y un posible “cambio de gestión”.

La asociación de médicos AFEM, que ha liderado la marea blanca de protesta, cree que “Sanidad ya está preparando la privatización, antes de que el TSJM resuelva” y tilda de “atropello laboral” y “falta de respeto” el contrato con la nueva cláusula. “Lo hemos firmado todos, claro”, señala un médico de uno de los seis hospitales, que acumula 12 contratos en 30 meses y asegura que cuando leyó la nueva cláusula pensó que podía ser ilegal. “Ya no sorprende nada, aunque cabrea. Hemos estado renovando mes a mes desde julio, a raíz de la privatización. Antes era cada tres o seis meses”, explica. Lasquetty aseguró el viernes, a preguntas de los periodistas, que le parece “lógico” que esos contratos “queden supeditados a la eventualidad, a la posibilidad” de que el TSJM levante la suspensión cautelar.

La marea blanca creyó haber dado el golpe de gracia a los planes privatizadores de la sanidad de Ignacio González en septiembre pasado. Fue cuando el TSJM ordenó suspender cautelarmente el proceso hasta entrar en el fondo del asunto y dictar sentencia. La decisión podía ir en un sentido o en otro, pero lo que estaba claro era que, con el tiempo que tarda una sección de lo contencioso-administrativo –entre año y medio y dos años— en fallar sobre una cuestión, la legislatura estaría prácticamente finiquitada y, con ella, probablemente, el actual plan para privatizar la gestión de seis hospitales. Los magistrados de la Sección Tercera, además, apuntaban en su auto a posibles irregularidades en el proceso que parecían decididos a investigar.

Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando, en octubre, la situación dio un vuelco. Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo contencioso, tomó una decisión que fuentes jurídicas califican de “insólita”: en lugar de agrupar los distintos recursos en una misma sala y dejar que esta los juzgara todos, avocó a pleno el asunto de la privatización, es decir, los concentró en el órgano plenario, formado por 50 magistrados, y presidido por él mismo. Por quedarse con el asunto de la privatización fue recusado por el Partido Socialista, que le afeó su proximidad con el Partido Popular. Su imparcialidad quedaba en entredicho: está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, y cuando tomó la decisión estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, Martínez Tristán no presidirá el pleno de la privatización. Al haber sido nombrado el 20 de diciembre miembro de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, puesto que requiere exclusividad, ya no puede ejercer como magistrado. Sin embargo, su legado sigue ahí. Gracias a su decisión, el plan privatizador podría reactivarse dentro de apenas 10 días. El pleno, ahora presidido por Miguel Ángel Vela —sustituye al presidente por ser el magistrado de más antigüedad en la sala— , tendrá que decidir si mantiene el proceso paralizado hasta la sentencia, o si levanta la suspensión.

Los jueces debatirán sobre siete recursos. El más relevante, y el que más preocupa a la Comunidad de Madrid, es el de reposición que interpusieron sus abogados frente al auto de la Sección Tercera que acordó la suspensión del procedimiento a solicitud de AFEM. Otros son el de reposición interpuesto por varios miembros del PSM contra un auto de la Sección Tercera que rechazó su legitimación para recurrir la licitación de los hospitales; la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos asociaciones médicas que piden suspender el procedimiento; el de reposición de CC OO contra el auto de la Sección Octava que inadmitía su recurso por falta de legitimación, etc. A los 50 magistrados les esperan dos largas jornadas —están convocados en horario de mañana y tarde— que pueden cambiar el modelo de gestión sanitaria en Madrid.