Mas renuncia a defender en el Congreso de los Diputados su plan soberanista

La Generalitat está buscando la fórmula para que el proyecto soberanista de Artur Mas no acabe estrellándose a la primera curva, como el Plan Ibarretxe. De ahí que el presidente catalán haya decidido renunciar a defender personalmente en el Congreso de los Diputados la petición para celebrar un referéndum de independencia de Cataluña. Así lo anunció ayer Convergència i Unió, que prefiere que la petición la defiendan los portavoces de los partidos que apoyan la Consulta: CiU, ERC e Iniciativa.

El próximo 16 de enero el Parlamento catalán votará con el apoyo de estos tres partidos y de los diputados de la CUP una proposición de Ley al Congreso para en la que solicitan al Gobierno que delegue en la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y organizar referéndums en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. Después, la petición se puede vehicular tanto a través de los partidos y de sus grupos en el Congreso como a través del propio Parlament. La opción más rápida es que sean los partidos quienes lo hagan, pero si lo hace el Parlamento catalán eso permitiría que fuera el propio Artur Mas quien defendiese la iniciativa pese a no ser diputado. El exlehendakari Juan José Ibarretxe hizo lo propio en febrero de 2005, cuando acudió a las Cortes para presentar su propuesta de reforma del Estatuto vasco, conocida como Plan Ibarretxe.

Las formas como fueron rechazadas las tesis del lehendakari dejaron muy mal sabor de boca también entre los nacionalistas catalanes, que quieren evitar que se repita la situación. De ahí que el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, asegurara ayer en una entrevista a Europa Press que, si bien el proceso soberanista lo lidera Artur Mas, no es recomendable que este lo defienda en el Congreso “para preservar la figura del presidente de la Generalitat”.

Según Turull al Congreso “tienen que ir los representantes de las fuerzas políticas, para que se vea que [el proceso] es algo absolutamente transversal”. Turull añadió que CiU tampoco pedirá que quien responda a la petición sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sino el portavoz que el PP o el Gobierno designen para tal ocasión.

Turull intentó acallar también las posibles críticas del Partit dels Socialistes recordando que el expresidente Pasqual Maragall tampoco defendió personalmente la reforma del Estatuto catalán en 2006. El expresidente lo dejó en manos de los partidos que defendían la reforma: todos menos el PP:

Los partidos soberanistas catalanes son conscientes de que su petición en el Congreso será rechazada por una mayoría muy amplia, pero entienden que este paso es necesario para visualizar entre su electorado, pero también ante la comunidad internacional, que las instituciones del Estado rechazan cualquier forma de consulta en Cataluña. Tras este portazo, la Generalitat intentará, previsiblemente, celebrar el referéndum amparándose en la ley catalana de Consultas. Si todo esto falla Mas ya ha admitido que piensa en un adelanto electoral.

CiU acusa al Gobierno de actuar como una “apisonadora” con la consulta

CiU está especialmente molesta con el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy asegure que ni habrá consulta catalana ni ningún otro tipo de compensación hacia la Generalitat. “Si cree que la democracia, el hecho de que los catalanes puedan ser consultados, puede ser motivo de negociación, de mercadeo y de esperar algo a cambio, es que tiene muy pocas convicciones democráticas”, dijo Turull. En este sentido, comparó la sensibilidad del Gobierno central hacia las reivindicaciones de la Generalitat con la de una “apisonadora”.

Mientras se dirime la batalla entre los dos gobiernos, la intención de CiU es redoblar la presión sobre el Partit dels Socialistes, muy dividido por todo el proceso de la consulta y con un sector crítico que amenaza con descolgarse en la votación del Parlament. Turull insistió ayer que el conjunto del PSC debería apoyar la petición para celebrar un referéndum. “Si no votan esta propuesta, que no líen más al personal. No están de acuerdo con el ‘derecho a decidir’, con lo que habrán engañado a la gente con su programa y compromiso electoral”. Según Turull, la propuesta a votar el 16 de enero apuesta por el diálogo, el acuerdo y la legalidad, requisitos que el PSC exigía para poder apoyar la celebración de la consulta.