La Cumbre Social cree que la ley es “represiva” y generará conflictos

Representantes de las diversas organizaciones que integran la Cumbre Social Vasca se han concentrado este viernes en Bilbao frente a la sede del Tribunal Superior para criticar que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que quiere sacar adelante el Ministerio del Interior resulta "innecesario, represivo e inoportuno" y han advertido de que "ahogar" protestas con leyes como la anunciada "solo conducirá a la represión y a generar un conflicto hasta ahora inexistente".

Esta reflexión ha sido realizada durante la concentración, que ha contado con la presencia, entre otros, del magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, los secretarios generales de CC OO y UGT de Euskadi, Unai Sordo y Rául Arza, respectivamente, y Pualina Romero, de Abogadas Progresistas.

Los asistentes portaban carteles en los que se podía leer "No nos callarán", "Defender nuestros derechos no es delito", "No a la Ley Mordaza" o "Más democracia, menos Estado policial".

El comunicado leído durante la protesta considera que no existe un problema de orden público que justifique las "elevadas" sanciones económicas que se establecen, que resultan "inasumibles" para una economía media. "Salvo que se entienda que las manifestaciones y concentraciones pacíficas de los ciudadanos contra los recortes sociales y la limitación de derechos constituyan un problema de orden público, lo que es inaceptable porque, al contrario, lo que revelan es un elevado espíritu y compromiso cívico. Protestar no es delito, manifestarse es un derecho, y limitar esa libertad supone un retroceso para la democracia", añade el texto.

Ahogar las protestas sociales en un tiempo de ciris y recortes con leyes como la anunciada "solo conducirá a la represión y a generar un conflicto hasta ahora inexistente", han apuntado los concentrados.

La Cumbre Social ha pedido al Gobierno central que legisle para "atajar la injusticia" y "no para reprimir a quien protesta contra ella". El texto señala que el anteproyecto de ley es "represivo" porque la desaparición de las faltas como infracciones penales de menor intensidad, viene acompañada de la creación de nuevos delitos denominados "menores", pero "de mayor gravedad que las faltas que van a desaparecer". A su juicio, de esa manera, se extiende "de forma amplísima la represión penal".

También ha criticado que se incrementen los poderes policiales cuando habría que avanzar por el camino de una "mayor garantía" en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Además, han indicado que el proyecto limita la actuación de la abogacía en la defensa de la ciudadanía, restringe la revisión judicial de las actuaciones policiales y supone una "disminución" del control jurisdiccional "al dejar en manos de la autoridad gubernativa la represión de conductas que pueden considerarse molestas al poder, pese a ejercitarse cívica y pacíficamente".