La falta de acuerdo retrasa la aprobación de la cuenta general de la comunidad

La falta de acuerdo entre los consejeros de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza la contabilidad de la comunidad, ha retrasado la aprobación de la cuenta general de 2012. Diversas fuentes achacan a “cuestiones técnicas” la demora, si bien otras la atribuyen a discrepancias manifestadas por el consejero propuesto por IU, Javier Navascués. El informe debe recoger un análisis de las transferencias de financiación de las agencias empresariales. Este procedimiento administrativo es el que se siguió para financiar los ERE fraudulentos y que según sostiene la juez Mercedes Alaya se ideó con el fin de favorecer el fraude. En el Presupuesto de la Junta de 2014 se ha incorporado una directriz de la Intervención General de la Junta para que la fiscalización de estos fondos se haga tanto con carácter previo como a posteriori.

Según algunas fuentes, Navascués comunicó en conversaciones personales al consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Antonio López, que no votaría el informe de la cuenta general si no se recogía de manera adecuada el análisis sobre las transferencias de financiación. Los consejeros a propuesta del PP también hicieron la misma advertencia, según los medios consultados. En los plenos celebrados los días 18 y 23 de diciembre, los consejeros no llegaron a votar el informe. López ha convocado para el próximo día 30 un pleno en el que someterá a votación el análisis de los auditores.

El consejero mayor aseguró a EL PAÍS que “se están incorporando las sugerencias para mejorar el informe final” y afirmó que tras estos añadidos “no habría ninguna cuestión técnica para votar en contra” el dictamen final.

El informe de la cuenta general de la Junta, donde se analiza la gestión económica financiera del Presupuesto, suele estar aprobado a estas alturas del año. Alrededor del día 26 suele enviarse a la presidencia de la Junta. Todas las cuentas generales han sido aprobadas por unanimidad desde 2000 y sin votos particulares. El PSOE no tiene mayoría en este órgano, integrado por siete miembros: tres a propuesta socialista, otros tres por el PP y uno de IU.

Este retraso por discrepancias coincide en un momento en el que el PP ha puesto bajo la lupa al órgano fiscalizador. Su secretario general, José Luis Sanz, se preguntó días atrás si el PSOE “también lo considera un chiringuito” a su servicio. En el plano judicial, la juez Alaya dictó un auto la semana pasada en la que ordena la Intervención General del Estado que investigue “las funciones de la Cámara de Cuentas” en relación con las ayudas de los ERE.

Los socialistas consideran que el PP intenta “desacreditar” a la Cámara para justificar su desaparición. También cuestionan que la Intervención General, que depende del Ministerio de Hacienda, investigue a un órgano ligado al Parlamento andaluz.