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Salud recurre el copago del Gobierno central para los fármacos hospitalarios

La medida entra en vigor en enero, pero Sánchez Rubio descarta implantarla

Andalucía ha decidido no aplicar por ahora el copago de fármacos de dispensación hospitalaria impuesto por el Gobierno central y recurrir la medida en los tribunales. La Consejería de Salud ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio de Sanidad que, a partir de enero, obligará a los pacientes no ingresados a pagar parte del coste de los medicamentos que se entregan en las farmacias de los hospitales. Este copago se suma a la lista de conflictos judiciales abiertos entre el Gobierno y la Junta en materia sanitaria, donde ambas administraciones pleitean también con la subasta andaluza de fármacos y el decreto estatal de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

La Junta ya presentó en septiembre un recurso de alzada contra el copago en la farmacia hospitalaria, pero el Ministerio no lo admitió. Posteriormente, la Consejería de Salud envió el 23 de octubre un requerimiento al ministerio de Ana Mato para intentar un acuerdo y evitar llegar a los tribunales, pero ante la falta de respuesta del Gobierno, Salud presentó el recurso la semana pasada. La Junta cuestiona tanto la forma como el fondo de la medida, que, según estima Salud, afectará a 90.000 andaluces.

Andalucía cree que la decisión de Mato pone en peligro a los pacientes

La resolución del Ministerio de Sanidad afecta a 42 fármacos, generalmente caros, destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves (cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad, artritis, hepatitis) que habían quedado al margen del copago. A partir de enero, estos productos dejarán de estar exentos de aportación y estarán sujetos a un copago máximo del 10% del precio por envase (con un tope de 4,2 euros por fármaco). Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Sanitario de Salud y Farmacia, que firma la resolución, excede sus competencias con esta medida porque tiene reconocida la potestad para asignar la llamada aportación reducida (el copago) de un medicamento, pero no para establecer qué fármacos están sujetos a copago. Además, el departamento que dirige María José Sánchez Rubio denuncia que la resolución estatal se ha aprobado sin trámite de audiencia previo, lo que ha impedido a las Comunidades Autónomas presentar alegaciones.

En cuestión de fondo, Salud cree que la medida atenta contra la equidad del sistema ya que se aplica solo a determinados fármacos y no a todos los de dispensación hospitalaria. La Junta asegura también que la medida supondrá un peligro para la salud de los pacientes porque se corre el riesgo de que muchos renuncien a su tratamiento al no poder hacer frente al nuevo copago. Salud advierte, además, de la complejidad del proceso burocrático y administrativo que tendría que desarrollar el sistema sanitario andaluz para ponerlo en marcha ya que los hospitales no están integrados en el sistema de receta electrónica ni cuentan con mecanismos de cobro al usuario. “Las dificultades técnicas para implantar este copago son extraordinarias y es prácticamente imposible que esto se pueda aplicar en enero. Ni en Andalucía ni en ninguna comunidad”, sostienen fuentes del SAS.