Involución democrática

Peldaño a peldaño, ley a ley, la mayoría absoluta del PP está poniendo en marcha una auténtica reforma constitucional. Y lo hace en clave de involución democrática. Aprovechando un escenario de crisis en el que Rajoy se disfraza de ‘mandado’ de la Unión Europea, mientras Soraya Sáenz de Santamaría va jugando sus cartas en el orden interno. Las leyes aprobadas este año muestran una velocidad de crucero reaccionaria que no puede calificarse de anecdótica. Se aprovecha todo.

El déficit público y la presión europea cuando conviene argumentar desde el exceso de gasto o la falta de ingresos. El desprestigio de la política y de los políticos cuando conviene hacer populismo demagógico. La falta de eficiencia y el volumen de la administración pública cuando se recentraliza o se priman las fórmulas de mercantilización de los servicios públicos. Y lo hacen dirigentes del PP que han sido grandes adalides de la inversión pública en plena burbuja inmobiliaria; han sido y siguen siendo grandes protagonistas de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años; y cuando, en muchos casos, son funcionarios de élite, opositores tempranos y detentadores de posiciones de poder político durante decenios.

Entre las leyes más sonoras y conflictivas, destacan la reforma laboral de Báñez, la ley educativa de Wert, la reforma de la Administración Local de Montoro, la de seguridad de Fernández, o las dos de Gallardón, la de tasas judiciales y la nueva (sic) regulación del aborto. Este último caso es especialmente grave y sintomático. Una reforma hecha cuando la situación estaba socialmente normalizada y que ha sido pensada y ejecutada desde el puro patriarcalismo ideológico. Pero, muchas de las otras leyes aprobadas tienen su propia carga ideológica, aunque vengan disfrazadas de palabras como ‘racionalización’, ‘refundición de textos’, “unidad de mercado’, ‘responsabilidad fiscal’, o ‘sostenibilidad y revalorización’.

Es cierto que el PSOE ya hizo sus pinitos de contrareforma, sobre todo en materia laboral y económica. Pero el PP ha acelerado y reforzado ese rumbo y ha entrado a degüello en los temas más vinculados a valores, derechos individuales y opciones vitales, satisfaciendo a sus sectores más conservadores e integristas, que no quieren desaprovechar la gran oportunidad de disponer de mayoría absoluta para desquitarse. Mientras, el PSOE está encerrado en sus propias contradicciones internas, debilitado por el final de mandato de Zapatero y atrapado en la maraña unitarista de los populares en el conflicto de Cataluña.

La mezcla de nacional-catolicismo y de pirateo de lo público, está teniendo efectos muy negativos en la sociedad española. Genera un deterioro muy evidente de las condiciones de vida de muchos y no permite afrontar con tino la sin duda necesaria reforma de los servicios públicos (al generar una lógica frentista: a favor o en contra de lo que hace el PP). Desde el poder se va confundiendo oposición a las decisiones y medidas que se toman, con ilegalidad e inconstitucionalidad. Lo más alucinante es que aquellos que están vaciando de contenido la Constitución, ya que nunca han creído del todo en ella, golpean con la misma a quiénes se atreven a discrepar o a buscar otras vías para afrontar los problemas colectivos.

En Cataluña ello se vive con especial confusión, ya que el gobierno Mas se queja de los abusos del PP al usar la Constitución como barrera el tema de la consulta, pero suma los votos de sus diputados en Madrid para que no pocas leyes se aprueben. De esta manera sigue practicando su tradicional doble juego (Barcelona-Madrid), pero con márgenes de maniobra cada vez más estrechos (y de eso se queja Durán).

Las proposiciones de ley presentadas por la oposición en el Congreso de los Diputados y que han sido rechazadas en estos dos años suman ya más de sesenta. En ese mismo periodo, se han aprobado 38 leyes ordinarias y 16 leyes orgánicas. Los cambios legislativos son de gran calado y generan una notable indefensión. Los populares son conscientes de la ventana de oportunidad que tienen, y su sector más radical aprieta con fuerza.

En Portugal, ha sido el Tribunal Constitucional el que, amparándose en la Constitución, ha bloqueado algunas de las medidas más impopulares del gobierno conservador de Passos Coelho. ¿Quién nos defenderá aquí de la involución democrática en marcha? Me temo que tendremos que ser nosotros mismos. Abriendo nuevas perspectivas. Aprovechando las elecciones europeas para reivindicar otra Europa y otra dinámica política. Ese es un espacio que puede ser común entre quiénes desde Cataluña contemplan la consulta como una proceso refundacional de la democracia y quiénes desde España puedan comprender la oportunidad que tenemos en común para evitar que se siga utilizando la democracia para pervertirla.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política e investigador del IGOP de la UAB.