Alaya procesa al portavoz de IU por la venta de suelos de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya ha concluido este viernes la fase de instrucción del caso de la venta supuestamente fraudulenta de suelos de la sociedad pública Mercasevilla. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha procesado a 15 personas, entre las que destaca Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense. Les acusa de haber cometido los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a una filial de la constructora Sando. Ahora la fiscalía se pronunciará sobre la petición de penas para los acusados o si apuesta por sobreseer la causa.

Alaya ya intentó a principios de mes dar por terminada la instrucción de esta rama del caso Mercasevilla. Pero la magistrada cometió un error en la forma de poner el punto final. La fiscalía tuvo que advertirle de que no podía transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Así que la juez ha corregido este viernes el fallo —en los últimos días ha cometido alguno más en las múltiples causas que maneja— y ha dictado un auto en el que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado, como le había indicado el ministerio público.

Esta rama del caso Mercasevilla —en la que también han resultado procesados el exconcejal del PSOE y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Angel Millán— se remonta a 2006. Según la magistrada, los acusados pusieron en marcha una "maquinaria para conseguir un concurso a la medida de Sanma [filial de Sando]". Para cimentar ese "concurso fraudulento" se aprobó un pliego de condiciones que beneficiaba a esta empresa, según la tesis de Alaya. Entre las cláusulas que se fijaron una hacía referencia a la "limitación al alza", es decir, que se establecía un techo. Alaya apunta a que la cláusula estaba "dirigida a penalizar extrañamente las ofertas superiores". Sando ganó el concurso por 106 millones, pese a que otra constructora del grupo Noga ofreció 158 millones.

A aquel concurso se presentaron ocho sociedades. "Algunas de ellas", según Alaya, "tenían relaciones internas entre sí y con Sando". La magistrada interpreta además que, con sus ofertas, "indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas".

Lo que Mercasevilla conseguiría a cambio era "estabilidad económica", ya que esta empresa pública participada por el Ayuntamiento de Sevilla atravesaba momentos complicados. "Sanma se convertiría en el banco de Mercasevilla, ofreciéndole en base a la futura compraventa de los terrenos y adjudicación de la nueva sede, la estabilidad económica que precisaba".

En la fase de preparación de aquel concurso Alaya implica a Rodrigo Torrijos —que ya ha anunciado que dejará su acta de concejal antes de que acabe este año— y al exedil socialista Gonzalo Crespo. También, a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Jorge Piñero, junto a Domingo Enrique Castaño, exasesor del último alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. A María Victoria Bustamante, jefa de servicio de Vía Pública, y el técnico Antonio Ripollés, la juez les señala como "instrumentos para conseguir un pliego a la medida de Sando".

La juez también procesa por prevaricación a los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Miró Morales y José Luis Sánchez Domínguez, imputado asimismo en el caso Gürtel por comisiones ilegales.

A los 15 procesados —salvo a los técnicos de Urbanismo María Isabel Evans y Miguel Ángel Millán— la juez les acusa también de "asociación ilícita", al entender que se habrían organizado "con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura" de Castaño y Mellet para cometer los delitos que se les achacan.

Fuera de esta causa, que llegó a contar con 18 imputados, la magistrada deja a tres personas a las que previamente había señalado. Una de ella es la exdirectiva de Mercasevilla Pilar Giraldo, de la que Alaya dice que tuvo una “puntual participación en la mesa de contratación, limitándose a recibir las valoraciones de los técnicos”. También retira la imputación a los técnicos municipales José Manuel Ferrera y Alfredo Delmo.