Donde rompen las olas

Pies descalzos sobre la arena, agua salada, paseos en bicicleta, surfing, gaviotas, pinares, acantilados, orcas, posidonias, pescadores, agricultores, puertos, industrias, vertidos, aeropuertos, hoteles, viviendas, segundas viviendas... El ansia de ver el mar desde un balcón con la esperanza de que desde el mar no se vea el edificio. El valor del litoral andaluz es incalculable, y todo se concentra en 1.101 kilómetros, ni uno más.

La Junta de Andalucía no contaba con ningún plan que compilara con una visión global las posibilidades de desarrollo y la planificación vigente de cada centímetro que roza la región con agua salada. El pasado julio se presentó el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que plantea zonas de reserva que alcanzan hasta los 500 metros desde la costa y bloquea la construcción de 43.533 viviendas. No obstante, prevé que Andalucía trendrá suelo potencial para 600.000 inmuebles. El documento está en periodo de revisión de las alegaciones para convertirlo posteriormente en ley y proteger los valores ambientales, agrícolas, forestales y paisajísticos.

“Es un plan para defender un recurso que tenemos que es único y finito, un bien escaso, que no crece y que se puede agotar. Es importante para la preservación de los valores ambientales y forestales, y para homogeneizar los ámbitos de protección en la región. Además, entre otras funciones, se debe generar conectividad”, explica Luis Contador, jefe de servicio de planificación subregional del litoral de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Entre los demás objetivos del plan está favorecer los espacios del interior con la costa, evitar la formación de nuevas barreras urbanas y propiciar un desarrollo turístico de calidad.

Los primeros pobladores de Andalucía se asentaron en la costa hace miles de años, después enriquecieron la zona con salazones y rutas mercantes, y tartessos y fenicios comenzaron a generar comercio y cultura. Empezó la transformación. El siglo XXI tiene ahora el testigo heredado de parajes que han sido respetados y explotados desde hace milenios hasta las últimas décadas. En 2013, el litoral andaluz lo componen 62 municipios y supone el 40,7% de la población andaluza, unos 3,4 millones de habitantes, que se multiplican en época vacacional. Genera además el 37,4% del tejido empresarial andaluz, el 72% de las plazas hoteleras, el 61% de las viviendas secundarias y actividad agrícola tecnificada.

El plan costero, que cuenta con un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), afecta a 859 kilómetros de costa y 50.000 hectáreas y concluye que el 26% de la franja del litoral andaluz tiene algún nivel de protección ambiental. Están planteadas tres categorías: Ambiental, que son los espacios naturales protegidos, montes de dominio público, Red Natura…; Territorial 1, con valores naturales o paisajísticos, donde se prohíbe cualquier tipo de edificación excepto las destinadas a la conservación del entorno; y Territorial 2, en las que se incluyen terrenos con valores naturales, agrícolas o paisajísticos que permiten la conectividad ecológica y evitan la formación de barreras urbanas. En esta última categoría se permite la construcción de cámpines, hoteles o complejos turísticos de carácter rural, e instalaciones recreativas, deportivas y de explotación agrícola.

“No todo el suelo tiene el mismo valor, pero hay que blindar el que sí lo tiene y preservarlo, hay zonas que deben mantenerse vírgenes”, detalla Contador.

“El plan es positivo, nos consta que los técnicos de la Junta lo han trabajado muy seriamente y nos parece una muy buena iniciativa, pero llega tarde y todavía le quedan muchos aspectos por mejorar, es un proyecto incompleto”, valora Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción, entidad que ha presentado 138 alegaciones al documento. “Si van a proteger, que protejan. Han establecido dos zonas de protección de territorio en lugar de establecer una defensa total a lo que se puede salvar y, además, permiten aún zonas de crecimiento para nuevas viviendas”, detalla.

El Colegio de Geógrafos de Andalucía ha planteado otras 29 alegaciones al plan, aunque al igual que los ecologistas, aplauden la iniciativa. “Se ha ejecutado de manera muy seria, pero el plan se queda corto, moderado y ambiguo. Habría que hacer uno de ordenación del territorio en el litoral para evitar el surgimiento de nuevas zonas de construcción, para que, cuando venga de nuevo el capital, no volvamos al modelo que hemos vivido estos años de devastación, especulación, corrupción, consumo del territorio y problemas medioambientales”, considera el geógrafo Enrique Hernández, presidente del colegio. “De todas formas, la ausencia de presión urbanística está calmando el afán constructivo. Lo que proponemos es que se otorgue más calidad y se rehabiliten las instalaciones y edificios que ya existen”, añade Hernández.

Otra tanda de quejas ha venido de empresarios, arquitectos y alcaldes, como la motrileña Luisa García (PP). “No queremos que se apruebe el plan, frena el desarrollo en nuestra zona, donde estábamos empezando a despegar en el sector turístico, aunque haya habido un parón con la crisis. También afecta al sector agrícola, instalado en el litoral. Y como exige que nos adaptemos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), habría que reducir a la mitad unas promociones de 16.000 viviendas que estaban previstas, con las escuelas, centros de salud, parques e instalaciones que conllevaba”, explica la alcaldesa.

El Colegio de Arquitectos se han planteado cinco alegaciones. “El plan invade competencias municipales y se superpone jurídicamente a propietarios de suelos. El planteamiento de los 500 metros afecta a suelos urbanizables que no están todavía desarrollados y eso supone que ese terreno se compró con una ley determinada para un desarrollo concreto y pasa de valer el precio que se estimara a costar cero. El plan supone la suspensión masiva de desarrollo urbanístico, que no tiene por qué tener reflejo en el medio ambiente”, valora Luis Alfonso Juli, secretario general del consejo colegial.