Unanimidad en el impuesto sobre depósitos bancarios que rechazaba el PP

"Si hace un año hubieran aceptado esta enmienda la Generalitat dispondría de 230 millones más de recaudación", señaló el diputado socialista Julián López al explicar la posición de su grupo. "Llegan tarde y mal", recriminó al Consell y al PP. Desmintiendo las enfáticas proclamas de sus portavoces en años anteriores, los populares valencianos introdujeron en la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat un nuevo impuesto que afecta a depósitos bancarios, tras haberlo denostado. Ha ocurrido lo mismo con el impuesto sobre el patrimonio, como recordó el parlamentario socialista, y parcialmente también con el de sucesiones y donaciones.

Las penurias económicas de la Generalitat han llevado a la introducción de un impuesto que finalmente fue pactado con todos los grupos y resultó ayer aprobado por unanimidad dentro de la denominada Ley de Acompañamiento, una norma que, por otra parte, suscitó el rechazo de la oposición en las Cortes Valencianas. Mireia Mollà, de Compromís, invitó al PP a reconocer que "se equivocó" el año pasado al rechazar el impuesto que atribuyó a una "izquierda radical", mientras Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, añadió que los populares deben "rectificar toda su política" de recortes y privatización.

"Es el momento oportuno", alegó Maritina Hernández, del PP, para justificar la introducción del impuesto sobre los depósitos bancarios. Hernández se refirió a la actitud del Tribunal Constitucional respecto al impuesto, que ha permitido aplicar en varias comunidades, pese a que el PP lo recurrió, y añadió que "va en el sentido en el que está avanzando el Gobierno de España". En efecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contrario inicialmente a permitir que las comunidades autónomas recaudaran esa tasa, especuló con centralizar su recaudación, pero ha dado un giro a su posición y estaría dispuesto a darle luz verde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consell prevé que el impuesto bancario aporte unos 230 millones de euros. Para alcanzar el acuerdo con la oposición, el PP aceptó que se introduzcan bonificaciones del 75% a las cooperativas de crédito, deducciones del 100% para los importes que destinen las cajas de ahorros a su obra social y del 50% para aquellas inversiones que las entidades bancarias hagan en proyectos de utilidad pública y de interés social o de promoción económica de las pequeñas y medianas empresas.

Más allá del impuesto bancario y de alguna enmienda puntual, las diferencias entre el PP y la oposición se constataron al votar la Ley de Acompañamiento, rechazada por la oposición y que salió adelante con la mayoría absoluta de los populares.

La ley, una norma ómnibus que modifica hasta 29 leyes de la Generalitat, incluye la derogación de la ley que en 2010 desprotegió el barrio de El Cabanyal para intentar eludir la orden del Ministerio de Cultura que prohibió la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través de él. La ley, en inicio un decreto, fue aprobada de urgencia en una Diputación Permanente de las Cortes y recurrida en el Constitucional por el ministerio, entonces en manos de los socialistas, lo que bloqueó sus efectos. Ha sido derogada tras el pacto que ha llevado al Gobierno de Rajoy a retirar el recurso para evitar la sentencia. El barrio ve así garantiza su protección.