¿Estado? ¿Qué Estado?

La doble pregunta de un hipotético referéndum acordada la semana pasada es obviamente confusa. Por razones políticas coyunturales había necesidad de pacto, en caso contrario se hacía el ridículo. Pero este pacto se ha llevado a efecto intentando conciliar dos ideas contrapuestas, algo por naturaleza imposible. Veamos.

Primera idea: Catalunya debe pactar una posición singular dentro de España, posición oficial de Unió Democrática, repetida muchas veces por Duran Lleida, en línea con una filosofía confederal. Segunda idea: Catalunya debe separarse de España y constituirse en Estado independiente y soberano, propugnada por Convergència y Esquerra. La CUP parece estar en línea con este segundo grupo e ICV, si los entiendo bien que no lo sé, parecen compartir de forma inexplicable ambas ideas contradictorias.

Recordemos cómo está formulada la famosa pregunta: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no. Y si es así: ¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”. Esta doble pregunta no es inclusiva, como Mas pretendía, pero sobre todo no es clara. La claridad se ha convertido en un requisito básico para que un referéndum tenga reconocimiento democrático, no sólo porque lo dijo el Tribunal Supremo de Canadá en 1998 al valorar de forma negativa la confusa pregunta del referéndum quebequés de 1995, sino por pura lógica democrática. En efecto, un referéndum es un procedimiento de democracia directa, de carácter excepcional dentro de los sistemas de democracia representativa como es el nuestro. La democracia representativa se basa en un criterio: los ciudadanos escogen a sus representantes, personas en principio versadas en cuestiones de gobierno, para que tomen decisiones en materias sobre las cuales el ciudadano no tiene los conocimientos necesarios. Si uno en su casa tiene una avería en el sistema eléctrico que no sabe arreglar lo encarga a un electricista, especialista en la materia, porque confía en que lo hará mejor que él. La relación entre ambos es de confianza: si esta se pierde, porque el electricista lo hace mal, en la siguiente ocasión se lo encarga a otro.

Algo semejante sucede en la relación elector/elegido o representado/representante. El ciudadano al votar encarga al diputado que le represente para que éste proceda a elegir el Gobierno, controlarlo y elaborar y aprobar leyes. Si considera que no lo hace bien, en las siguientes elecciones vota a otro porque está descontento. Pero en los referendums las cosas funcionan distinto. El especialista es el mismo ciudadano, es él quien debe conocer perfectamente la manera de solucionar el problema que se le plantea para dar con la mejor solución. Aquí es donde los referendums, como método democrático idóneo, suscitan serias dudas: ¿tenemos los ciudadanos conocimientos suficientes para acertar con la solución que más nos interese?

En todo caso, como paso previo, hay que entender bien lo que se pregunta. Y en la doble pregunta acordada hay una evidente trampa conceptual: el sentido del término Estado varía sustancialmente de la primera a la segunda pregunta.

La primera sólo tiene sentido si el término ‘Estado’ se refiere a ‘Estado federado’, es decir, a un Estado como California en EEUU o Sinaloa en México. Un tipo de Estado, el federado, que adopta otros nombres según los países: se denominan provincias en Canadá, länders en Alemania y Austria, cantones en Suiza o comunidades autónomas en España. En cambio, en la segunda pregunta, al especificar ‘Estado independiente’, es evidente que se refiere inequívocamente a Estado soberano, es decir, a estados en sentido propio como Francia, Gran Bretaña, Italia o España… o EEUU o México. Pero no a California o Sinaloa… o Baviera.

El problema es que si se responde afirmativamente a ambas preguntas —tal como hará Artur Mas, según ha dicho— se está comportando de forma contradictoria: el votante, en un mismo acto, se declara partidario de formas muy distintas de Estado. Y si contesta negativamente a la primera pregunta, no puede pasar a contestar la segunda, que es la más clara, quizás la única que querría contestar. Con lo cual, quizás los partidos que han aprobado esta fórmula no han hecho el ridículo porque se han puesto de acuerdo antes de la fecha en que se les acababa el plazo, pero sí están haciendo ahora el ridículo porque la fórmula encontrada es contradictoria y confusa, es decir, lo contrario de clara, ese requisito imprescindible para que el ciudadano sepa lo que vota y el procedimiento pueda ser homologado como democrático.

Se habla con entusiasmo por parte de los nacionalistas de dar a conocer la pregunta en el mundo internacional para que comprendan y ayude a legitimar el llamado proceso de independencia. Me temo que este mundo internacional, a poco que reflexione, considerará que los gobernantes catalanes que la han propuesto son unos amateurs de la política que no se aclaran ni entre ellos mismos: la pregunta no sólo no alcanza el requisito de la claridad sino que cae en la pura contradicción. Las prisas tienen sus riesgos, la ineptitud sus costes.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.