Una juez impidió investigar un nuevo caso de tráfico de fármacos en Galicia

Los agentes antidroga de la Guardia Civil de Lugo tenían sólidas sospechas de lo que se iban a topar dentro del almacén de Celtifarma en Monforte, pero la juez del número 1, en funciones de guardia, les negó la orden de entrada y registro, imprescindible para acceder a las instalaciones. Según aclaró hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juzgado denegó esta medida “porque no era proporcional con el fin perseguido", ya que los agentes "dudaban sobre la calificación jurídica de las infracciones”. La titular del 1 se inhibió después en favor del juzgado de Instrucción número 2, que enseguida planteó una cuestión de competencia negativa basándose en que la sede social de la empresa estaba en Madrid. Sin embargo, la sala de lo Penal del Supremo acaba de dictar sentencia: es la juez de Monforte, y no una sala de la capital de España, la que tiene que asumir el caso. Cuando el EDOA quiso registrar la nave, el año pasado, Celtifarma tenía montado su negocio a orillas del Cabe, pese a que en el Registro Mercantil apareciesen diversos domicilios en otras localidades como A Coruña y Madrid.

Lo de la capital de España, a pesar de que aparece como domicilio de varias sociedades del grupo, compuesto entre otras por Gerifarma y Farmatrust, no era más que un simple buzón al que alguien, “varias veces al mes”, como indica el fallo del Supremo, acudía a recoger la correspondencia. Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que las consecuencias de la decisión de no dar la orden de registro tomada por el juzgado número 1 fueron demoledoras para una operación que aspiraba a destapar otro caso Dorribo: una supuesta trama de exportación de medicamentos, incluidos psicofármacos, captados fraudulentamente en boticas asociadas para ser vendidos con un amplísimo margen de beneficio en otros países donde las medicinas no están subvencionadas como en España.

Según explican estas personas, la juez no solo no dio la orden de registro, sino que denegó la identificación del titular de una línea de teléfono a la que los agentes debían seguir el rastro para confirmar “los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento la comandancia de Lugo”. Y por si fuera poco, consideran que alguien aprovechó la información facilitada por los investigadores a los juzgados para alertar a los propietarios de la sociedad Celtifarma.

La misma sospecha la mantiene el grupo político Independientes de Lemos, que el viernes pasado publicó una nota en la que hablaba de un supuesto “chivatazo” y denunciaba que, tras denegar la juez el registro, “esa misma noche los propietarios de la empresa farmacéutica Celtifarma, SL, desvalijaron las instalaciones para borrar todas las pruebas posibles”. Los agentes querían descubrir si la empresa estaba cometiendo un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la salud, por tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Las mismas fuentes relacionadas con el caso explican que los psicofármacos que supuestamente se estaban mandando a terceros países desde Monforte contendrían “opiáceos” y que por eso la operación había sido encomendada al EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas).

Dentro del recinto, un bajo con entrada por varias calles que ocupa casi toda una manzana en plena ciudad de Monforte, sospechaban que iban a encontrar grandes partidas de medicamentos adquiridos en España con subvención por oficinas de farmacia (supuestamente también de fuera de Galicia), listos para ser sacados del país y vendidos en Europa a un precio mucho más alto. Entre estas cajas preparadas para la exportación fraudulenta, el EDOA esperaba poder incautarse de miles de envases de medicamentos como el lorazepam y el alprazolam, muy demandados en el mercado negro, que servirían de prueba para imputar a los socios de la marca de tráfico de estupefacientes además del delito contra la Hacienda Pública.

La Guardia Civil seguía la pista de estas sustancias a raíz de una inspección administrativa que se llevó a cabo en una farmacia de Marín, presuntamente asociada en la comisión del delito con los dueños de la planta monfortina. Pero la Xunta llevaba todavía más tiempo detrás del rastro del almacén. En junio de 2012, la Consellería de Sanidade ya había acordado prohibir provisionalmente la actividad de Celtifarma y en cuestión de cuatro meses vio razones suficientes para abrir dos expedientes sancionadores a la firma. Como consecuencia, el Colegio de Farmacéuticos de Lugo enviaba una circular a todos los colegiados pidiéndoles que no realizasen transacciones con ese almacén.

A finales del año pasado, después de visitar la nave monfortina y encontrar indicios de su relación con la farmacia pontevedresa (más de dos mil envases de antidepresivos marcados con su nombre), un inspector de Sanidade con base en Vigo se presentaba en la botica y se precipitaban los acontecimientos. La titular de la farmacia le aseguraba, no obstante, que si sus medicamentos estaban en la nave de Celtifarma sería por error, porque la empresa lucense le había realizado en tiempos “servicios logísticos”: guardaba los fármacos en Monforte y se los iban enviando a través de Azkar a medida que los necesitaba, contó para defenderse.

También en aquellas fechas, con motivo de las dos investigaciones abiertas por la Xunta, el secretario general técnico de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, presentaba a Rocío Mosquera un motivo de abstención, por el que legalmente no podía asumir la instrucción de los expedientes a Celtifarma, y la conselleira se veía obligada a designar a otra alto cargo del departamento para el caso. La Xunta nunca quiso dar más detalles sobre el asunto amparándose en que el tema estaba “judicializado” (precisamente unas diligencias penales iniciadas en el Juzgado 2 de Monforte que después de ser sobreseídas y reabiertas, marchar a Madrid y venir de vuelta, investigan actualmente un posible delito contra la Hacienda Pública). Pero las mismas personas relacionadas con la investigación que fueron consultadas por este diario aseguran que “existía un interés muy grande en llegar al fondo del caso Celtifarma por parte, sobre todo, de la secretaria general de Sanidad”. Pilar Farjas era conselleira en 2011 y había sido llamada a declarar como testigo cuando cayó la trama de Nupel con el lucense Jorge Dorribo a la cabeza.