Los hospitales de gestión privada tendrán prioridad a la hora de cobrar

Mientras en Madrid los intentos de extender la gestión privada de la sanidad pública no dejan de encontrar resistencias (primero con la protesta de profesionales, ahora con la paralización cautelar del proceso por parte de la justicia), en la Comunidad Valenciana la Generalitat le ha vuelto a echar una mano a las empresas que gestionan el modelo.

Tras episodios pasados como el rescate de Alzira de 2003, el Ejecutivo de Alberto Fabra ha decidido, en una medida inédita hasta la fecha, priorizar el pago a estas compañías en el proyecto de la ley de presupuestos de 2014 y situar estos fondos entre los primeros de la cola en el procedimiento administrativo de pago de deudas.

Para ello, ha incluido este concepto en los denominados gastos de reconocimiento preceptivo, una vía rápida en la tramitación de pagos pendientes que implica que, una vez generados, son unos gastos que no pueden desplazarse al ejercicio siguiente y entran en la contabilidad presupuestaria del año en curso con carácter prioritario.

El proceso de pago de las administraciones comporta varias fases. Todo empieza con el reconocimiento del gasto. Más adelante se ejecuta la obligación de pago y finalmente la liquidación del dinero. Si no hay reconocimiento de gasto, no hay pago. Lo que ha hecho la Generalitat es blindar este trámite en el caso del gasto destinado a las empresas concesionarias de la gestión privada de la sanidad pública (cinco departamentos de salud que atienden a casi un millón de valencianos), de forma que antes de que acabe el ejercicio, todo el dinero adeudado queda reconocido automáticamente. De esta forma, no existe la posibilidad de que pasen a ser gastos que engrosen las llamadas facturas en el cajón, que no tienen respaldo presupuestario una vez agotado el crédito de la partida de gastos a la que pertenecen y que quedan en el limbo hasta que, en ejercicios sucesivos, se reconocen y pagan.

Junto a esta partida está la dependencia o la Seguridad Social de los funcionarios

Junto al pago de las concesionarias de los departamentos de salud con la gestión privada privatizada también se prioriza, por ejemplo, la gestión de los créditos relacionados con las ayudas para la adquisición de libros de texto o las cuotas de la Seguridad Social y los trienios de los funcionarios de la Administración autonómica. A estos aspectos se suman los fondos para saldar la deuda con las farmacias o de las “prestaciones económicas de dependencia”.

La Consejería de Hacienda, por su parte, señala que esta medida responde a la intención de equiparar el gasto en centros públicos y de gestión privada. Sin embargo, hay conceptos, como el pago a proveedores, que no está amparado. Por ello, para el diputado socialista en las Cortes Valencianas, Julián López Milla, “resulta un agravio comparativo incluir como gasto de reconocimiento preceptivo el pago a los centros de gestión privada pero no los gastos que se generan en los centros públicos”.

Este cambio ha tenido lugar precisamente el año en el que se han registrado las mayores tensiones financieras en el pago a las empresas que gestionan los centros de Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Elche-Vinalopó. Los distintos Gobiernos populares valencianos siempre han tratado de cuidar el denominado modelo Alzira y trataron de proteger a las empresas concesionarias de los impagos hasta que este año, sumida en una aguda falta de liquidez, la escasez de fondos alcanzó también a estas compañías. De hecho, la Generalitat saldará en breve con el Plan de Pago a Proveedores los 100 millones de euros de deuda que había acumulado con las concesionarias entre los meses de enero y mayo.