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Los ‘otros’ presos vascos

Un total de 1.420 personas cumplen condena en las tres prisiones de Euskadi

Los especialistas apuestan por el impulso de la justicia restaurativa

Exterior de la cárcel donostiarra de Martutene.
Exterior de la cárcel donostiarra de Martutene.

La estadística concluye que la población reclusa de Euskadi asciende a 1.420 personas (1.266 hombres y 154 mujeres), según datos de octubre pasado de Instituciones Penitenciarias que Carmen González, abogada y miembro de la asociación Zubiko, especializada en la inserción social y laboral de los internos, se niega a tratar como cifras. La letrada es una de las personas que acompañan a los presos tanto en su estancia en la cárcel como una vez que salen de ella. La Administración, ONG y otros organismos compaginan una labor para posibilitar que los reclusos puedan reintegrarse a la sociedad.

Cuando la polémica política se centra de forma repetida en los presos de ETA y su situación, muchas veces se pasa por alto las condiciones de vida y el futuro de estos otros presos vascos.

“Cumplimos un mandato constitucional”, resume Andoni García, el miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa responsable del turno de asistencia penitenciaria. Este servicio brinda orientación jurídica a los reclusos. Dos veces por semana, resuelven dudas, ayudan a preparar escritos para pedir un permiso o simplemente escuchan. “Muchas veces tienen ganas de hablar, de sentirse escuchados. Es una labor que trasciende el ámbito penitenciario”, dice García.

Drogas, robos y lesiones son las principales causas de las penas

Las personas que trabajan con los reclusos echan por tierra muchos de los estereotipos que envuelven a las cárceles. “No estamos hablando de Luis Bárcenas. Hablamos de vidas complicadas, de personas que no lo han tenido nada fácil y que prácticamente tenían el camino hecho hacia la cárcel”, ilustra la abogada de Zubiko, cuyos clientes cumplen de forma mayoritaria condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas, robos, lesiones “con abusos de drogas y de alcohol de por medio”, quebrantamientos de órdenes de alejamiento y delitos contra la seguridad vial. “La realidad de la prisión es más cercana de la que nos podemos imaginar”, resalta.

“No queremos idealizar la cárcel, ni a los que están allí”, defiende el capellán de la prisión donostiarra de Martutene, Luis Miguel Medina, y asiente el delegado de Pastoral Penitenciaria de Gipuzkoa, José Luis Gorrotxategi. Uno de los primeros pasos en el trabajo con los reclusos es que tomen conciencia del delito que han cometido. “A veces, las personas se victimizan. Hablan de la sociedad... y no. Analizo con ellos la sentencia. Te han condenado por esto, esto es lo que ha pasado”, ilustra González.

Una vez impuesta la pena que deben cumplir, tiene que entrar en juego la justicia restaurativa, defiende la Pastoral Penitenciaria de Gipuzkoa, lo que implica la reparación a las víctimas. “Ese es el mayor reto, que luego se puedan reinsertar en la sociedad”, subraya Gorrotxategi, cuya primera misión dentro de una cárcel, además de desarrollar una labor puramente religiosa, es la de “humanizar”. “Simplemente el hecho de entrar a una prisión y escuchar. Después de estar con un preso salimos al patio y me dio las gracias. Gracias, ¿por qué? Por escucharme. Aquí nadie escucha a nadie. Somos como vasos que estamos llenos de agua y nadie se puede vaciar en nadie, pero cuando venís gente de fuera os podemos contar nuestras penas”, recalca.

Los recortes

El ararteko, Iñigo Lamarca, alertaba en su último informe anual, correspondiente a 2012, de que los recortes por la crisis han puesto en peligro las iniciativas sociales que se desarrollan dentro de las cárceles, con lo que la misión de reinserción puede verse afectada.

El Defensor vasco incidía en que, de forma paralela a la supresión o recorte de este tipo de programas, se ha producido un “aumento del uso de la prisión para la gestión de la conflictividad social”. Y señalaba como uno de los efectos de la crisis “el haber contribuido a revelar las funciones de castigo y prevención del delito asignadas a nuestras cárceles de modo esencial, poniendo de manifiesto la contradicción entre la retórica rehabilitadora de nuestro sistema penitenciario y la desocialización que produce en la práctica”.

Tanto la abogada de Zubiko, que trabaja en las prisiones de Bizkaia y Álava, como Gorrotxategi y Medina consideran que, para que una persona haya entrado en prisión, “algo ha fallado previamente en la sociedad”. “El delito es un fenómeno social, que ha nacido en la sociedad y la sociedad también se tiene que responsabilizar de ello”, argumenta el delegado de Pastoral Penitenciaria.

La cárcel, sostiene el religioso, es la expresión de un fracaso, de un problema que tiene unas raíces contra las que hay que luchar y que nacen en las injusticias sociales. Con ayudas, con educación y con los mecanismos adecuados de respaldo social, Gorrotxategi se muestra convencido de que la delincuencia se podría prevenir y reducir. Cita un estudio de un profesor de la Universidad de Cambridge que señala, entre otros aspectos, la escasez de ingresos, el mal comportamiento en la escuela o que los padres hayan pasado por la cárcel como elementos que pueden provocar que un niño termine de mayor también en prisión.

Pero, y para ello trabaja González, que una persona esté interna en una cárcel no es sinónimo de una puerta cerrada. Zubiko ofrece un programa integral a los reclusos, que incluye orientación psicosocial, jurídica y un programa de acompañamiento para el acceso al empleo y la formación, además de otro complementario para las familias. El porcentaje de no reincidencia entre las 100 personas con las que han trabajado a lo largo del año se sitúa en el 97%. El programa de empleo ha conseguido encontrar trabajo para el 57% de ellos.