La red judicial de Jabyer Fernández

Resulta bastante normal que muchos socios de negocios acaben a palos cuando las cosas empiezan a torcerse. Lo que es menos habitual es que las demandas y los casos judiciales entre ellos se extiendan por todas las jurisdicciones, y que, de un procedimiento a otro, pasen de acusadores a acusados, o lo que es más difícil de entender, compartan banquillo e intereses apenas seis meses después de haberse destrozado ante otro tribunal. Tal es el caso del empresario Jabyer Fernández y de algunos de sus exsocios, en concreto, Fernando García Macua y Carmelo Merino.

Después del concurso de acreedores de Iurbenor, que perdió, llegó la causa penal que está a la espera de sentencia y ahora le esperan a Fernández otras dos cuestiones judiciales en sendos juzgados de Barakaldo, más otra causa mercantil por el concurso y liquidación de Residere. De momento, el último asunto ya está presentado ante la jurisdicción de lo Contencioso, en el que el empresario reclama una pérdida patrimonial a la Diputación de Bizkaia.

Mucho banquillo, mucho papel, mucho gasto en abogados y mucho fuego cruzado. Si en el caso Iurbenor Jabyer Fernández fue juzgado en octubre tras la denuncia de seis de su exsocios por no ingresar en la Hacienda vizcaína el IVA de la fallida operación inmobiliaria Puerta de Bilbao, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo se sentará en el banquillo junto a dos de sus denunciantes en esa causa, los citados Macua y Merino. Esta vez quien demanda es un tercero que se sintió ninguneado después de firmar avales para una operación inmobiliaria que tampoco funcionó.

Cinco causas se solapan en torno a las actividades del empresario

El caso Iurbenor arrancó el 29 de abril de 2009 cuando varios socios de Fernández —seis de sus consejeros, encabezados por Fernando García Macua— le denunciaron por no ingresar en la Hacienda vizcaína los 43,5 millones de euros del IVA de Puerta de Bilbao.

La instrucción del caso Imbiz suma ya cuatro tomos y ha entrado en la fase de calificaciones de las partes. Cuando disponga de ellas, el juez de Barakaldo notificará las fechas para la apertura de la vista oral.

El caso Imbiz arrancó en 2004, cuando Ricardo Sainz, administrador único de dicha inmobiliaria, diseñó con otras dos empresas, Promociones Bizkaia y Fonorte, la creación de una tercera firmar para realizar una operación inmobiliaria en Santurtzi. Imbiz se halla en concurso de acreedores desde el pasado 17 de abril, con el mismo administrador del caso Iurbenor, Raúl de los Bueyes.

Imbiz avaló con 780.000 euros la compra de terrenos para esa sociedad futura, que se iban a controlar a partes iguales. El caso es que, después de varios desencuentros, Fonorte y Promociones Bizkaia, asesoradas por Fernando García Macua, constituyeron en 2005 la Promotora Mamariga, en la que no figuraba Sainz.

Fernández, Macua y Merino se sentarán en el banquillo de Barakaldo en el segundo trimestre de 2014 acusados de apropiación indebida.

El caso Mamariga, impulsado por varios de los vecinos afectados, llegará después. Se encuentra en una primera fase después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo no apreciase indicios de delito en la demanda de los afectados, una treintena de vecinos de Santurtzi que se quedaron sin viviendas y sin dinero. La Audiencia de Bizkaia le obligó a retomar la causa.

El constructor, Macua y Merino serán juzgados en Barakaldo por apropiación indebida

Al derribar las viejas viviendas, los propietarios llegaron a acuerdos privados con Jabyer Fernández, en virtud de los cuales se les ofrecería una vivienda en los nuevos bloques, que se debían entregar en marzo de 2011. Además, cobrarían una cantidad cercana a los 500 euros mensuales para que pagasen el alquiler de los pisos en que se realojasen. Ni una cosa ni otra. Con las viejas casas ya derribadas, pero sin vistas de que se levantaran otras nuevas, Afer privó de las mensualidades a los propietarios, dejándoles sin hogar y sin recursos. En este caso, los afectados han demandado también a Caja Laboral y a los antiguos alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santurtzi, Javier Cruz y Ramón Vega, respectivamente.

Susana Fernández, hermana de Jabyer, sostiene en sus escritos judiciales que la urbanización resulta inviable con el actual reparto de cargas, ya que los ingresos serán casi seis millones inferiores a los actuales gastos. La cifra casi coincide con los fondos dispuestos del crédito de Caja Laboral que, con la garantía de las viviendas derribadas, sirvió para comprar los terrenos de la promoción, pero también para disposiciones de fondos a empresas exclusivamente de los hermanos Fernández.

Los afectados han solicitado la designación judicial de un perito de Hacienda o de un equipo de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza para que investiguen. El último escrito que ha llegado al juzgado, fechado el 25 de noviembre, es la petición para que se investigue a los anteriores regidores municipales por supuesta de prevaricación.

De esta forma se solapan la instrucción en el juzgado número 4 de Barakaldo, la vista pendiente en el 3, la sentencia por dictarse del caso Iurbenor, el concurso de acreedores de Residere y, finalmente, la demanda ante el Contencioso de Jabyer Fernández contra la Diputación que está dando los primeros pasos.