Todos contra todos en el ‘caso Gürtel’

Durante mucho tiempo nadie hablaba en la vertiente valenciana del caso Gürtel. El ejemplo más claro de aquel silencio se vivió en el juicio por el caso de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa, en el que decenas de cargos de la Generalitat defendieron la rectitud de las decenas de adjudicaciones concedidas por la Administración a empresas de la trama, negando haber recibido instrucciones para elegir sus servicios. Desde entonces han pasado casi dos años y han cambiado muchas cosas. Entre ellas, que numerosos testigos e imputados, muchos de ellos cargos intermedios de la Administración, han señalado hacia arriba en sus declaraciones ante el juez José Ceres.

La consecuencia ha sido que en lo que va de año tres consejeros de la etapa Francisco Camps (2003-2011) han sido imputados en la causa: Alicia de Miguel, extitular de Bienestar Social, y Manuel Cervera y Luis Rosado (este miércoles), de Sanidad.

Con ellos se elevan a seis los exmiembros del Gobierno valenciano imputados en el caso. Completan la lista Vicente Rambla —que fue, entre otros cargos, vicepresidente de la Generalitat—, y Angélica Such y Milagrosa Martínez —ambas exconsejeras de Turismo y ahora a la espera de juicio—. A ellos hay que sumar al también ex vicepresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la trama en el mismo procedimiento en el que un jurado absolvió a Camps y Costa por cinco votos a cuatro.

El silencio, evidente en el juicio a Camps, ha dado lugar al sálvese quien pueda

El excepcional número —si se compara con el resto de comunidades autónomas— de consejeros imputados por corrupción sube hasta ocho contando, fuera de Gürtel, a Rafael Blasco, que se enfrenta a más de 10 años de cárcel por el supuesto desvío de dinero destinado al Tercer Mundo en el caso Cooperación. Contra Blasco también pesan, sobre todo, las declaraciones ante la justicia de funcionarios y cargos del segundo escalón de la desaparecida Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

La primera oleada de altos responsables, tanto de la Administración como del Partido Popular, imputados en el caso, lo fueron como consecuencia en gran medida de las grabaciones telefónicas efectuadas por la policía durante los meses anteriores a que la red fuera desarticulada, en febrero de 2009.

Desde entonces, sin embargo, y sobre todo desde que a principios de año el juez Ceres se hizo cargo de la investigación de las decenas de contratos fraccionados para dárselos presuntamente a dedo a la trama, que han dado lugar a la pieza número cinco de la causa, las imputaciones se han producido en gran medida como consecuencia de las explicaciones ofrecidas en el tribunal. Y más concretamente porque mientras los altos responsables de las consejerías han tendido a descargar la responsabilidad de las contrataciones en técnicos y otros subordinados, estos han ido cada vez más haciendo lo mismo lo mismo, pero señalando hacia sus superiores. En algunos casos, aportando correos electrónicos como prueba.

El fraccionamiento de contratos pareció una parte menor de la causa. El juez recuerda ahora que puede constituir tres graves delitos

Por ese motivo han sido imputados, entre otros, De Miguel, Rosado y Cervera. Pero también David Serra, diputado autonómico popular, ex número tres del partido, que ya estaba imputado en las dos piezas que investigan la financiación ilegal del PP y ahora lo está también por haber participado presuntamente en la adjudicación fraccionada de dos actos a Orange Market, la empresa valenciana de la red. O Juan Miguel Bellver, exdirector de la empresa pública de medioambiente Vaersa. O Dora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional. O Enrique Navarro, ex secretario autonómico de Familia. O de la exresponsable de prensa en varios gabinetes Paula de Cubas, entre muchos otros.

A su vez, estos han reaccionado en varios casos señalando hacia otros, enterrando definitivamente la defensa cerrada que caracterizó la primera fase de la investigación de la trama y desatando una especie de batalla campal o sálvese quien pueda.

Durante cuatro años el fraccionamiento de contratos para dárselos a la red estuvo en el limbo judicial, saltando de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Madrid sin que nadie lo investigase más que de forma superficial. Por entonces parecía una pieza menor del caso, comparada con las líneas que afectaban a Camps, a la financiación ilegal del PP o la visita del Papa a Valencia. Hasta las cuantías parecían menores, con importes que incluso sin fraccionamiento ascendían en algunos casos solamente a 24.000 euros.

Hay fraccionamientos especialmente escandalosos, como el que ha llevado a imputar a dos exconsejeros de Sanidad

La cantidad de dinero no es, sin embargo, decisiva en ciertos delitos. Y el juez ha vuelto a recordar esta semana que partir contratos para poder darlos a dedo —violando los principios de publicidad y libre concurrencia— puede ser constitutivo de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Ilícitos que llevan aparejados hasta ocho años de prisión y largas penas de inhabilitación para cargo público.

Algunos de los fraccionamientos parecen especialmente escandalosos. Como el que ha provocado la imputación de los dos extitulares de Sanidad y de otros tres ex directores generales de la misma consejería, además de otros cargos. La Administración no solo permitió que la trama dividiera en seis una misma contratación en apariencia sencilla, como era la grabación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia. Sino que consistió que las seis facturas resultantes se pasasen al cobro de otros tantos servicios, algunos de ellos con muy poca relación con el asunto: Farmacia, Gerencia, Atención al paciente, Asistencia Sanitaria, Subsecretaría y Drogodependencias.