Una nueva plataforma cívica denuncia el aumento de la discriminación lingüística

“Asistimos con indignación a la multiplicación de casos de discriminación lingüística a lo largo del País Valenciano”. Así comienza el Manifest pels drets lingüístics al País Valencià que este miércoles leyó Vicent Moreno, en nombre de la recién creada plataforma del mismo nombre, frente a la Delegación del Gobierno en Valencia. Citaban como ejemplos los casos Carles Mateu Blay, en Almenara; Lluís Xavier Flores, en El Campello; Rubén Durà, en El Puig; Paco Muñoz, en El Puig, y Laura G. en el festival Arenal Sound de Borriana.

Vicent Moreno, presidente de Escola Valenciana, aseguró que tenían constancia de una veintena de casos como estos y que había muchos más que la gente no denunciaba. La plataforma quiere cambiar lo que califica de “falta de consideración hacia la lengua propia y oficial del pueblo valenciano”, y sobre todo “de grave vulneración de la legalidad vigente”.

Vecino de Almenara, Carles Mateu recordaba cómo fue parado en un control de la Guardia Civil en diciembre del año pasado y tras expresarse en valenciano “con normalidad, diciendo cosas como voy a buscar los papeles a la guantera”, le exigieron que “hablara en español, porque estamos en España”, entre otros comentarios que derivaron en denuncias contra él finalmente dirimidas en los tribunales. Su absolución inicial fue recurrida por el fiscal y terminó condenado a una multa de más de 1.000 euros, la retirada del carné de conducir y seis meses de prisión que no cumplirá por carecer de antecedentes.

Otro caso sonado es el de Miquel Gironés, el músico del grupo Obrint Pas, que denunció a dos agentes de policía por detención ilegal, contra las garantías constitucionales y amenazas, entre otros delitos y faltas. Los hechos sucedieron un lunes en un aparcamiento de Benimaclet, en Valencia, y se desencadenaron a partir de una interpelación policial en castellano y una respuesta en valenciano por parte del músico, al que como respuesta, recuerda Gironés, se le dijo: “Encima en valenciano, en catalán o lo que quiera que sea”. El músico reivindicó su derecho a expresarse en valenciano en todo momento. Los agentes denunciaron también al músico por desobediencia. El juicio, aplazado en mayo, se encuentra ahora en fase previa.

Distinto es el caso del profesor del Instituto Jordi de Sant Jordi de Valencia Ismael Sanz. Tras ser nombrado miembro de tribunal en las últimas oposiciones docentes de la Comunidad Valenciana, celebradas en julio, se encontró con la sorpresa de que tras “la portada en valenciano, toda la documentación interna” que le entregaron “estaba en castellano”. Tres días después de reclamar, se la cambiaron por una traducción “infumable” al valenciano y, a través de la plataforma digital solo pudo conseguir material en castellano para le gestión de las pruebas. No denunció “por temor a que anularan las pruebas” y tiene muy claro que “cada vez es más necesario exigir las cosas en valenciano si las quieres en valenciano”.

Junto a estos casos, los representantes de la Plataforma recuerdan otros como “el de un funcionario de la Estació del Nord de Valencia que negó atención a un usuario discapacitado porque el acompañante se le dirigía en valenciano”, “las vejaciones e insultos a dos asistentes al Arenal Sound por dirigirse a seguridad en valenciano” o el de “la jueza que menospreció el valenciano y cuestionó el derecho de un encausado y una testigo a hablar en valenciano en un juicio”.

La nueva plataforma lingüística está formada por, además de Escola Valenciana, Ca Revolta, Confederació Gonzalo Anaya, FAPA-València, Societat Coral El Micalet, Acció Cultural del PV, ACV Tirant, Castelló per la Llengua; los sindicatos A Contracorrent, BEA, CC OO, COS, Intersindical Valenciana y UGT, así como el PSPV-PSOE, EUPV, Compromís, ERPV, Els Verds del País Valencià y PSAN. Piden al Gobierno que “ponga fin a actuaciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad caracterizadas por la supremacía del castellano” y a la Generalitat “que haga valer su papel de los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes ante el Estado”. Asimismo, anima a la ciudadanía a “denunciar públicamente cada caso de discriminación lingüística que se produzca”.