El fiscal apremia al alcalde de Jaén y a la Junta a cumplir la dependencia

Un día después de que el Ayuntamiento de Jaén renunciara al servicio de ayuda a domicilio, que atiende a unos 430 dependientes, la prestación sigue realizándose con toda normalidad por parte de las cuidadoras de la empresa concesionaria. Eso sí, el vacío legal creado hace que el conflicto adquiera cada día una mayor confusión ya que la Junta de Andalucía no ha dicho aún oficialmente que vaya a asumir las competencias. De momento, y mientras el asunto se judicializa en los tribunales, la Fiscalía de Jaén ha hecho público un decreto en el que hace responsable de la prestación de la ayuda a domicilio al Ayuntamiento, aunque también apremia a la Junta de Andalucía a abonar al Consistorio jiennense “a la mayor brevedad posible” las cantidades adeudadas.

El decreto firmado por el fiscal Cristóbal Fábrega, de la Sección Civil y de Protección a las Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Jaén, solicita, no obstante, archivar provisionalmente el expediente para la adopción de las medidas judiciales pertinentes en caso de no alcanzarse una solución al conflicto y vulnerarse algún derecho fundamental.

Con todo, deja claro que, en virtud de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, “se reconoce que el servicio es competencia de las corporaciones locales, por delegación de la Junta de Andalucía”. Pero advierte de que el incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las transferencias económicas “no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio que ésta realice las denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere conveniente para su cobro”.

Aunque la fiscalía no entra a considerar si la denuncia del convenio por parte del Ayuntamiento de Jaén está o no realizada dentro de plazo, sí que reprende a las autoridades locales por la estrategia seguida: “Sorprende que el informe del secretario general del Ayuntamiento de Jaén sólo haga referencia a este aspecto [los plazos de la denuncia] y no al estudio de qué institución pública tendría la responsabilidad de la prestación y ejecución del servicio con independencia de quién correría con el gasto del mismo, sobre todo por la trascendencia que ello supone”. Y es que, la fiscalía subraya que “la suspensión del servicio puede afectar a derechos fundamentales de los usuarios”.

Pese al evidente tirón de orejas que la fiscalía le da, el Ayuntamiento de Jaén reaccionó poco después con un comunicado en el que interpreta que el decreto del Ministerio Público “viene a darle la razón”, por lo que se reafirma en su decisión de denunciar el convenio suscrito con el Gobierno andaluz sobre la dependencia “por el incumplimiento del mismo por parte de la Junta de Andalucía”.

Además, este miércoles mismo presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso para reclamar a la Junta la deuda que mantiene en materia de dependencia, que el gobierno local, del PP, estima actualmente en cerca de 800.000 euros. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha insistido en que la función del Ayuntamiento se limitará desde ahora a la recepción y tramitación de expedientes, la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y el seguimiento de los dependientes.

Desde la Junta, sin embargo, se discrepa con la deuda que se mantiene con Jaén por la dependencia. Según la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, son algo más de 400.000 euros, una cantidad, dijo, que se abonará “antes de final de año”. La consejera ha cargado contra la actitud “irresponsable” del Ayuntamiento y ha destacado que hay un procedimiento de emergencia establecido para garantizar la prestación del servicio. “Si dejáramos de prestar los servicios con los que tenemos problemas de pago ahora mismo, paralizaríamos la comunidad entera y, desde luego, no lo vamos a hacer porque somos responsables”, señala Sánchez Rubio.

Aún así, son muchas las voces que apremian a la Junta a clarificar su papel en el este conflicto, entre ellas la del presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, que incluso deja abierta la puerta a estudiar la asunción del servicio en la capital, pese a que la ley solo les faculta a actuar en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Reyes resalta, no obstante, la apuesta de la Junta por la dependencia en contraste con el Ayuntamiento, “el ariete de las vergüenzas del PP en políticas sociales”. Y el secretario de la agrupación socialista de la capital, Manuel Fernández, dice que la decisión del alcalde no tiene parangón en toda España y es “la más grave que podía generar un dirigente público” por la “angustia” creada entre los usuarios y entre las 200 cuidadoras de la empresa concesionaria.