Bonig apoya a los pueblos frente a Castedo en el problema del bus
Mantendrá el servicio metropolitano de L'Alacantí pero excluye a los barrios de la capital
El bus interurbano de la comarca de L'Alacantí, el servicio TAM (Transporte Metropolitano) que articula un área de cerca de medio millón de personas, seguirá manteniendo las mismas líneas que hasta ahora después de meses sin saber si continuaría en 2014. Se mantienen los recorridos y se reducirán las frecuencias de las líneas deficitarias, "pero si Alicante quiere que pare en sus barrios deberá aportar algo más", dijo ayer la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig.
El anuncio gustó a todos los Ayuntamientos salvo al que más protestó: Alicante, que no asistió a la reunión que mantuvo ayer Bonig con todos los municipios afectados en la Diputación de Alicante.
La Consejería de Infraestructuras presentó su plan de servicio de bus para la comarca de L'Alacantí tras poco más de dos meses con el futuro de las líneas en riesgo por impagos del servicio. Fue la ciudad de Alicante la que puso entonces en tela de juicio la continuidad del TAM, que la capital venía costeando en un 65% mientras el restante 35%, correspondiente al presupuesto autonómico, quedaba desatendido, según la versión municipal.
Mutxamel, Sant Vicent, Sant Joan d'Alacant y El Campello son las poblaciones que rodean la capital alicantina y a juzgar por su satisfacción tras la reunión con Bonig, ayer Alicante se quedó sola. La alcaldesa Sonia Castedo fue invitada por la presidenta de la Diputación y alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor, pero no pudo asistir "por problemas de agenda", según la primera diputada.
El director general de Transporte, Carlos Eleno, puntualizó que las cantidades pactadas del 65-35% fueron un compromiso entre 2008 y 2010. A partir de entonces se empezó "cada año a pagar una cifra". La consejería pretende que a partir del 1 de enero de 2014 el convenio existente sea entre ella y la empresa únicamente. Alicante deberá estudiar si se une a él y contestar en una o dos semanas. Por el momento, Infraestructuras se compromete a pagar entre 2013 y 2014 un total de 3.370.000 euros, unos 1.900.000 cada año. Con esta cantidad, la Generalitat da por saldada su deuda con La Alcoyana, aunque la cifra barajada por Castedo es de seis millones de euros.
La consejería asegura que no subirá el precio del billete para el ciudadano, se mantendrá el sistema de tarjeta de transbordo. Cambiarán el sistema de pago con la empresa concesionaria porque "es inviable", según su versión técnica de la consejería, y tras 2014 volverán a sacar a concurso la adjudicación de la línea. La Administración da por muerto el convenio actual. El déficit del servicio es de 16 millones en 2013; el próximo año será de 18 millones según un estudio. Los pasajeros del servicio han caído en 13 millones de usuarios desde que en 2007 se tocara el techo de pasajeros: 33 millones.
Con la propuesta del Consell, según el concejal de Transporte y Hacienda de Alicante, Juan Seva, "no sale mantener el sistema". La nueva situación "obligará" a "adecuar las líneas urbanas a la nueva realidad". Las palabras de Seva hacen presagiar que Alicante no abrazará el nuevo convenio: "Si ahora la Generalitat únicamente va a financiar las líneas interurbanas hasta una conexión, nosotros con todo el dinero —unos 9,5 millones— haremos una aportación, un recorrido y una adecuación diferentes".
José María Hernández, representante de 10 asociaciones vecinales de los principales barrios de Alicante criticó que el PP, que gobierna todos los núcleos afectados, genere inquietud y no dé una solución.
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