Aprobada la ley de esperas máximas que Feijóo prometió en 2009

La Ley de esperas máximas sanitarias ha visto luz verde  con los votos únicos de los populares pese a que, según denunciaron los socialistas, "no se ha movido ni una coma" en la tramitación parlamentaria. Toda la oposición ha lamentado la aprobación de la normativa que, a su juicio, "equipara la sanidad pública a la privada", mientras que BNG y AGE han ido más allá al tacharla de "arma de destrucción masiva" de la sanidad. Esta ley fue una promeda que el presidente de la Xunta realizó en el año 2009.

En esencia, la normativa recoge la segunda opinión médica, se regula el documento de instrucciones previas (en el que el paciente deja constancia de su voluntad para el momento en que debido a su enfermedad no pueda expresarla) y se incluye la libre elección de facultativo (de primaria, pediatría) y enfermería y de centro para un proceso nuevo. Sin embargo, serán decretos posteriores los que tendrán que desarrollar las especificidades de la normativa, como por ejemplo, definir cómo se va a poder elegir al profesional. En este puntos, PSdeG, BNG y AGE han coincidido en preguntarse cómo se va a poder facilitar esta opción en el medio rural, ámbito en el que en muchos casos "sólo hay un médico". Además, todos los grupos de la oposición han criticado que el PPdeG no escuchó las advertencias del Consello Económico e Social (CES) y ha afirmado que "no añade derechos", sino que se trata de una "amalgama" en la que se recogen distintas normativas ya en vigor.

"Hoy estamos ante el proyecto de ley más importante de la legislatura. Impacta muy de lleno a la ciudadanía", ha proclamado, en contraposición, el popular Miguel Santalices, que ha deseado "larga vida" a esta normativa impulsada por el departamento que dirige la conselleira Rocío Mosquera, presente en todo el debate, y que, por ejemplo, fija esperas máximas de 60 días para operaciones y 45 días para la primera consulta. En su intervención, la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña, ha concluido que esta normativa "atenta contra la base fundamental del sistema público", al "consolidar la pérdida de la universalidad y poner al mismo nivel la sanidad pública y privada". Con ello se refiere a que, en el caso de que el plazo máximo no sea completado en el Sergas, los pacientes pueden ser derivados a la clínicas privadas para ser intervenidos y verán reembolsados los gastos. "Ley marca PP: privatizadora y peligrosa para la sanidad pública", ha descrito, para sentenciar, posteriormente, que los "ricos no esperan y los pobres no cuentan". "Es un día negro para la sanidad de Galicia; una ley de baja calidad y bajos escrúpulos. Incompatible con la sostenibilidad de la sanidad pública", ha abundado, por su parte, la diputada de AGE Eva Solla, quien ha advertido de que con esta normativa "sólo se favorece a las clínicas privadas". Así, para Eva Solla, esta ley supone un "desvío de fondos públicos a la privada con medidas clasistas en la que habrá una sociedad de primera, una de segunda y otra tercera, residual". Montse Prado, por parte del BNG, ha denunciado que esta normativa le da "rango de ley a la privatización de la sanidad" y sirve para "meterle recursos a la sanidad privada". "Drenan pacientes y recursos a la sanidad privada y legalizan la privatización", ha subrayado. Frente a esta visión, Santalices ha señalado que, desde enero de 2014, "las listas de espera pasarán a segundo plano" y ha remarcado que esta normativa "tumba la barbaridad" de equiparar una operación de catarata con otra en la que está en juego la vida. Ahora, ha subrayado, se llevará a cabo un "gestión cualitativa".

El diputado popular ha manifestado que esta normativa "refuerza la libre elección de médico y centro para proceso nuevo" y "pone en el centro al paciente", al tiempo que "refuerza el carácter público y de calidad del sistema", frente a un sistema en que no había listas de espera porque la sanidad no era para todos. "Ahora se financia con impuestos, antes se sacaba un ticket", ha aseverado. "¿Ustedes creen que proponer libre elección de médico y de hospital es privatizar la sanidad? ¿Ustedes creen que eso es privatizar?¿Ustedes creen que reducir el plazo de 180 a 60 y 45 es privatizar la sanidad?", ha preguntado a modo de defensa de la normativa, al respecto de lo que ha lamentado no contar con el apoyo de la oposición. Por su lado, los grupos de la izquierda parlamentaria, que han mostrado su apoyo a la huelga sanitaria, también han censurado que esta normativa es "machista" por su redacción en masculino y han criticado que los populares no hayan querido corregir siquiera este aspecto de la ley.

La afirmación de Santalices sobre el impacto que causará en la ciudadanía esta normativa ha sido aprovechada por la diputada nacionalista Montse Prado para compararlo con el "impacto" que también causó la legión Cóndor en Gernika. "Están usando artillería pesada sobre los derechos esenciales", ha recriminado la parlamentaria. Estas palabras causaron el malestar del PPdeG, que defendió que no se trataba de una metáfora y, de hecho, la propia presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, retiró las expresiones que, a su juicio, atentaban contra el "decoro" de la Cámara. "Se equipara y ofende a este grupo, el límite es que no se insulte a este grupo", ha protestado el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, después de que su homólogo del BNG, Francisco Jorquera, ha recriminado que "un recurso dialéctico" empleado como el de la "metáfora" sea retirado. "Yo soy de la legión de Bande, Ourense, donde hay una gente que ama la ourensanía, que ama la galleguidad, que ama a su gente, y que trata de hacer cosas razonables para Galicia . No sé de qué legión vienen los demás", ha replicado Santalices.