La deuda de la empresa pública del suelo pone en cuestión su viabilidad

El futuro de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) gira en torno a tres ejes: contener y disminuir su deuda, aumentar los recursos procedentes de su actividad y reestructurar su plantilla. Así lo detalla la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe en el que analiza la financiación y la gestión de los recursos humanos de la empresa dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda. El documento, que se centra en el año 2011, cifra en 510 millones de euros la deuda de la empresa y alerta además sobre irregularidades en la gestión de determinadas subvenciones y en la elección del personal (que ronda los 700 empleados). El informe de fiscalización se presenta en plena tormenta sobre los supuestos usos fraudulentos de ayudas concedidas por la Junta y pocos días después de que el juez del caso Invercaria haya abierto una causa para investigar si EPSA se financió de forma irregular a través de las transferencias de financiación (un procedimiento presupuestario que utilizan casi todas las Administraciones para dotar de recursos a sus entes instrumentales).

El informe detecta “desfases” entre las ayudas y las inversiones

Sobre las irregularidades en las cuentas de la empresa pública de las que se derivarían “indicios de responsabilidad administrativa y contable”, la Cámara de Cuentas denuncia los “desfases entre los créditos aprobados en los Presupuestos de la Junta y las inversiones realmente realizadas por la empresa”, diferencia que asciende a 256 millones de euros (a 31 de diciembre de 2011). Según el informe, “la adecuación del gasto subvencional al crédito disponible es una condición necesaria para el otorgamiento de subvenciones”. Entre estos desfases, en el documento se detalla que entre 2008 y 2011 la empresa pública concedió ayudas para el alquiler o para la rehabilitación de edificios por valor de 322 millones de euros a pesar de que solo tenía reconocidos 178 millones. Además, en este caso, se imputaron gastos directos y corporativos de la empresa con cargo a estos programas por valor de 74 millones.

Con una cifra de negocios de 164 millones en 2011, el informe advierte de que al fiscalizar las encomiendas de gestión y externalizar trabajos se ha aplicado el IVA a las operaciones realizadas con fondos del Presupuesto. Dichas actuaciones no estarían sujetas al impuesto y han repercutido indebidamente a la consejería 10,6 millones de euros. “EPSA debe iniciar las acciones necesarias para solicitar ante la Administración Tributaria la devolución de los pagos indebidos”, se detalla.

En un apartado sobre hechos posteriores a 2011, el organismo también denuncia el uso de ayudas para otros fines. Según el escrito, en el Presupuesto de la Junta de 2013 se aprobó una ayuda de 50 millones para familias e instituciones sin fines lucrativos. “Estas transferencias se han destinado al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la empresa por actuaciones delegadas y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago por proyectos ya iniciados”, según el escrito.

La Cámara de Cuenta también pone la lupa en la plantilla del departamento. El documento precisa que la viabilidad futura de la empresa depende además de la adecuación “a las necesidades de esta la plantilla de personal”. Ya en 2011, la empresa inició un “proceso de racionalización de la estructura directiva”. Entre otras medidas, la consejería de Elena Cortés relevó a 30 directivos intermedios y redujo de 10 a cinco su alta dirección.

El organismo denuncia la opacidad en las contrataciones

Sobre la opacidad en este apartado, el informe detalla que no consta que la elección del personal de alta dirección y de directivos intermedios “se haya realizado mediante procedimiento que garanticen la publicidad y concurrencia”, a tenor del Estatuto Básico del Empleado Público. “Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”. En abril de este año, el Consejo de Administración de la empresa aprobó un acuerdo para que en la elección del personal se tengan en cuenta “criterios de igualdad, libre concurrencia, mérito, capacidad, idoneidad y publicidad a través del medio adecuado”. Entre ese personal directivo, el órgano pone reparo a ocho indemnizaciones por traslado entre octubre de 2003 y diciembre de 2012 a trabajadores “que habían causado ya baja en la empresa a la fecha de la realización de los trabajos de campo”.

Sobre este informe, el portavoz de Infraestructuras del PP, Jaime Raynaud, ha asegurado que la Junta “no ha sido más que una auténtica hucha perdida a donde han ido a parar millones y millones de euros de los andaluces y que ha servido para no respetar el trabajo de los funcionarios, colocar a dedo, o inflar las plantillas”.