Salt divide a la PAH

Las 14 familias de Girona que ocupan desde marzo un edificio en Salt propiedad de la Sareb (el banco malo) sobre las que pesa una orden de desahucio fijada de hoy en adelante no piensan irse hasta que se les garantice la que califican de solución ideal: “un realojo colectivo”. Los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona argumentan esta decisión “porque es la voluntad que nos han manifestado las familias”. Aseguran que se han organizado de forma comunitaria y que adjudicarles pisos en ubicaciones separadas perjudicaría sus posibilidades de alimentarse o de cuidar a los niños.

Esta actitud ha provocado que el resto de PAHs catalanas se desmarquen de la de Girona, a la que acusan de “actuar de forma unilateral” y reprochan que no acepten los realojos ofrecidos por la Generalitat. “No podemos exigir realojos para las más de 700 familias que viven en edificios de la Obra Social si, cuando nos los ofrecen, los rechazamos”, explica el movimiento en un comunicado, asegurando que la ocupación de pisos de la banca quiere visibilizar que las familias no tienen otra alternativa “habitacional”.

Las familias del Bloc Salt piden más tiempo para seguir negociando con la Generalitat este realojamiento y aseguran que no actúan por “capricho”, sino para conseguir un contrato definitivo y que se les garanticen los servicios básicos. El desalojo del bloque, por orden judicial, puede producirse en cualquier momento.

Desde la PAH de Girona confían en poder “resistir” mientras siguen las negociaciones. A diferencia del 16 de octubre, cuando un millar de personas apoyaron a las familias para evitar el desalojo, ayer apenas se dieron cita unas 80 personas. Una vez levantada la suspensión cautelar del desalojo de este bloque por parte del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, el juzgado de Instrucción número 3 de Girona dio la orden de desalojarlo. A pesar de ello, desde la PAH Girona su portavoz, Sebastià Parra, se muestra confiado en que se les permita concluir las negociaciones para llegar a soluciones para todas las familias.

Las 14 familias del edificio han decidido “resistir” hasta poder encontrar otro bloque donde instalarse “todas” juntas, con la voluntad de “construir una vida en común”, asegura Parra. Así, mantiene, en el Bloc Salt no solo han podido solucionar el problema de la vivienda, sino mínimos en alimentación, apoyo emocional o escolarización de los niños. Estas familias no ven claro cómo, sin ingresos o con ingresos mínimos, podrán aceptar la propuesta de la Generalitat, de “cesión de uso de carácter temporal” de los pisos. No es un alquiler social, aseguran. La organización de Girona cree que la propuesta “no cuenta con las garantías contractuales adecuadas, porque la Agencia de Vivienda se reserva el derecho de resolver el presente documento si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público”.

Hasta ahora, apuntó Parra, “sólo tenemos garantizado el realojo de cinco familias en régimen de cesión de uso temporal”. Ven el “realojo colectivo” como “una posibilidad factible”, teniendo en cuenta que tanto el Gobierno central como la Generalitat negocian “a través de la comisión de economía del Congreso, la gestión de inmuebles propiedad de la Sareb ubicados en Salt y Girona”. También recordó que el Banco Mare Nostrum (BMN) ofreció a la PAH un edificio de pisos vacíos en alquiler social en la localidad.

Desde Vivienda confirman que todas las familias del bloque ya han hecho la solicitud a la Mesa de Emergencia. En estos momentos han adjudicado cinco pisos a familias; siete entraron la solicitud el martes y otra ayer miércoles. Todas ellas se están estudiando y una de las primeras peticiones fue denegada porque no cumplía los requisitos.

La portavoz de los últimos dos años de la PAH de Girona, Marta Afuera, no estuvo ayer presente en el edificio con el argumento de que tenía una cita judicial, por lo que Sebastià Parra ejerció de portavoz. El liderazgo de Afuera ha sido cuestionado tanto desde la propia PAH de Girona y el resto de plataformas como por parte de los representantes de las Administraciones locales. Las “formas” de la portavoz, que la han llevado a ser excluida como interlocutora en reuniones, parecen pasarle factura. Es considerada como una persona “conflictiva” de difícil dialogar.

Las desavenencias entre la PAH de Girona y el resto de organizaciones de Cataluña han sido admitidas por la propia campaña de la Obra Social que el martes publicó un comunicado explicando los “profundos desacuerdos” surgidos. El comunicado reprocha a la plataforma gerundense la “estrategia de resistencia” del edificio de Salt, “rechazando de facto el realojo de las familias por parte de la Generalitat”. La PAH asegura que Girona no ha respetado los “consensos unánimes” del movimiento y que “desde el principio ha sido difícil coordinarse con ellos”. Por todo ello se desmarca con el objetivo de “proteger una lucha colectiva que está dando muchos frutos y pretende culminar un cambio radical en las políticas públicas de vivienda”.