El Consell no acepta el plan de viabilidad de los trabajadores y cerrará RTVV

Los diputados de las Cortes Valencianas votan en el pleno de este miércoles la proposición de ley presentada por el PP que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) SAU. En el texto, el grupo popular, que tiene mayoría absoluta, pide que la iniciativa sea tramitada por el procedimiento de lectura única. La oposición rechaza frontalmente la clausura del ente público y acusa al PP de echar el cierre sin informes económicos que sustenten la decisión.

La votación se produce un día después de que la mayoría de los 952 trabajadores despedidos acudiera a su puesto de trabajo, como consecuencia de la sentencia de nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV. Este martes se volvieron a encontrar por los pasillos del Centre de Producció de Programes de Burjassot, sede de la cadena, con los empleados que han quedado en la plantilla. Y más tarde en la asamblea convocada por el comité de empresa para informar sobre el plan de viabilidad que había presentado al vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar.

No hubo sorpresas. Por si había alguna duda, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se encargó de ello. Porque a primera hora de la mañana se reafirmó en un desayuno informativo en Madrid en su decisión irrevocable de cerrar RTVV, anticipándose a la respuesta oficial de Ciscar, que se había comprometido a informar primero al comité de empresa. El vicepresidente trasladó por la tarde al presidente de los representantes de los trabajadores, Vicent Mifsud, su negativa.

“Ha sido un gesto que simboliza perfectamente cuál es el talante de nuestros gobernantes y cuál ha sido su actitud durante todo este proceso”, apuntaba el comunicado del comité tras la noticia y su forma de darla.

En su carta, el Consell concluye que mantiene “la decisión de supresión del servicio público de RTVV”, aunque dice valorar la propuesta del comité. Esta incluye el despido de unos 700 trabajadores sobre un total de 1.660, a través de diversas medidas, como prejubilaciones, bajas incentivadas o rebajas salariales (hasta alcanzar un total del 50% del presupuesto). En resumen, el plan del comité permite la supervivencia de RTVV al menos dos años con el mismo presupuesto aprobado del contrato programa y lo que cuesta cerrar la televisión, según la propuesta elaborada por los trabajadores, con asesoramiento de expertos.

Ciscar les recuerda que en agosto de 2012 no se aceptó una “sacrificio salarial de entre el 7 y el 15% para salvar 200 puestos de trabajo” y realiza una serie de consideraciones que justifican, en opinión de la Generalitat, la inviabilidad del plan de los trabajadores.

Sostiene que la oferta no responde a un modelo organizativo; corrige algunas cifras aportadas; revela una “incertidumbre” en el cálculo del coste de la plantilla de funcionamiento; y asegura que no se puede “comparar el coste de funcionamiento con el coste de cierre” porque son “conceptos diferentes”.

En conclusión, la carta incide en que, “en la actual coyuntura económica, no hay tiempo material para renegociar un nuevo modelo organizativo, ni su ejecución; y porque una renegociación significaría continuar manteniendo” una plantilla de casi 1.700 trabajadores de acuerdo con la nulidad de la sentencia del TSJCV, y “porque la alternativa propuesta, inconcreta en muchos aspectos, no da solución al problema con la celeridad y la urgencia que requiere”.

En su respuesta a la carta, el comité mostró su “total oposición” al cierre de la televisión y la radio públicas valencianas y responsabilizó “única y exclusivamente de esta decisión al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y, por extensión, al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)”.

El comité incide en un comunicado que “los trabajadores de RTVV continuarán trabajando por mantener el servicio público a los ciudadanos, manteniendo las ofertas de diálogo, como siempre han hecho, pero también a través de la movilización y, si hace falta nuevamente, por la vía judicial”.

“La decisión es una agresión al pueblo valenciano, al que se priva de la radio y la televisión que hablan en la lengua propia de este pueblo y de uno de los principales instrumentos de vertebración y cohesión territorial”.

“Una vez más”, continúa, “debemos reiterar que, tal y como está probado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los trabajadores de RTVV siempre hemos querido negociar sobre el futuro de la empresa y han sido la Generalitat Valenciana y la Dirección General de la empresa los que no han tenido nunca la voluntad de encontrar una solución viable a su futuro”.

Por la mañana, Vicent Mifsud había incidido en la asamblea de los trabajadores que será el Consell “quien cierre” RTVV porque los trabajadores “lucharemos por mantener la emisión, nos vamos a movilizar y defender nuestros derechos, incluido en los tribunales”. “Serán ellos quien cierre. Nosotros no cerraremos. Nuestro trabajo es mantener las emisiones”, recalcó. La periodista que inició las emisiones en 1989 y miembro del consejo de administración de RTVV, Xelo Miralles, afirmó que se niega a “decir adiós a Canal 9”.

El calendario de cierre mantiene múltiples incógnitas, más allá del acta parlamentaria de liquidación de RTVV que se levantará hoy en la votación de las Cortes valencianas gracias a la mayoría del PP. ¿Cuándo se producirá el fundido en negro de la señal? ¿Antes de Navidad? ¿Qué pasará entonces con la campaña de publicidad, cuyos ingresos ascienden a casi tres millones de euros? ¿Y con los derechos pendientes de pago que rondarían los 20 millones de euros, de los que 12 corresponderían a la federación de autonómicas? ¿Y con la red de difusión de RTVV, que utiliza también, por ejemplo, el 112, y el gran edificio de Burjassot, cuyo valor es de unos 30 millones de euros?