Las empresas añadieron 180 millones en obras para ganar los contratos de limpieza
La rebaja final al Ayuntamiento supera el 31% si se añaden las cantidades destinadas a reparaciones y zonas verdes
La alcaldesa, Ana Botella, insistió en la misma idea varias veces durante las últimas semanas: la huelga de limpieza viaria y jardines es “un conflicto entre trabajadores y empresas”. “No hay relación causa efecto” con el contrato de limpieza que el Ayuntamiento adjudicó en agosto. Sin embargo, además de dos rebajas considerables aplicadas primero por el Ayuntamiento y después por las aspirantes para quedarse con los contratos de limpieza (ganaba la que más barato ofreciese el servicio), las cuatro adjudicatarias (OHL, FCC, Sacyr y Ferrovial) ofrecieron hacer obras y actuaciones de conservación en zonas verdes por valor de 180 millones de euros.
Un 12% menos de barrenderos
No habrá más despidos, pero eso no significa que haya el mismo número de barrenderos limpiando las calles de Madrid a diario. El acuerdo que acabó el domingo con la huelga tras 13 días incluye, entre otras medidas, un expediente de regulación temporal de empleo de 45 días anuales. Es decir, cada barrendero o jardinero del servicio municipal irá al paro durante un mes y medio al año y cobrará su sueldo del INEM. Eso equivale a un 12% menos de plantilla efectiva en las calles. ¿Permite ese porcentaje garantizar un buen servicio de limpieza en la capital?
Una de las claves del nuevo contrato es que mide la limpieza por “estándares de calidad” fijados de forma pormenorizada por el Consistorio, que puede incluir penalizaciones en el pago mensual que hace a las contratas por el servicio de limpieza y jardinería.
Antes de que se iniciara la huelga, durante los meses de septiembre y octubre, las concesionarias fueron penalizadas por incumplir esos estándares. En septiembre, el Ayuntamiento anunció un descuento de 1,4 millones (un 7,6%) y en octubre se rebajaron otros 1,2 millones (otro 6,4%).
En noviembre no se aplicarán los baremos por la huelga, que se considera una “situación extraordinaria”. ¿Se pueden garantizar esos estándares con un 12% de plantilla menos y tras no subrogar a 350 empleados en agosto? Una portavoz del Ayuntamiento de la capital explica que no aludirán más al contrato de limpieza una vez que el conflicto se ha resuelto.
El Ayuntamiento puntuaba fundamentalmente dos cuestiones: hasta 80 puntos, de un total de 100, por la rebaja del canon, el precio del servicio; y otros 13 por incrementar el dinero mínimo fijado para obras de mejora y conservación de jardines y calles. Los otros siete puntos restantes correspondían al incremento de la superficie de baldeo (riego) y al aumento de las zonas para aplicar productos antipintadas. Los pliegos no exigían mantener la plantilla.
Las empresas, para quedarse con los contratos, aumentaron de forma desorbitada las cantidades que ofrecían para obras: un 6.300% en uno de los casos. En el lote<TH>2, por ejemplo, el Ayuntamiento había pedido que las obras alcanzasen un coste mínimo de 594.964 euros en ocho años. La empresa que resultó adjudicataria, Sacyr, ofreció 38 millones. La misma contrata ofreció 53,8 millones para el lote<TH>3, frente a los 912.857 euros solicitados. Y FCC, que se quedó con los dos últimos lotes, multiplicó por 35 la oferta prevista en el lote<TH>5, de 912.000 euros a 31,8 millones.
Si sumamos los 180 millones ofrecidos por las contratas en total para obras a la rebaja del canon por el que optaban al concurso, la reducción final del precio es del 31,5% respecto al coste que tenía previsto pagar el Ayuntamiento: 810 millones de euros menos. El Ayuntamiento argumentó desde el principio del conflicto que el objetivo era conseguir un servicio de calidad al menor precio posible.
Tanto la oposición como los sindicatos acusaron al Ayuntamiento de favorecer con estas rebajas una “sangría de despidos” y que, además, el concurso no garantizaba la limpieza de Madrid. De hecho, la diferencia entre las ofertas ganadoras y la del resto de concursantes supera en algunos casos los 20 puntos entre la primera y la última, contando lo que destinan a obras (ver gráfico). El pliego consideraba baja temeraria aquella oferta que se desviara 10 puntos de la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las ofertas presentadas, pero no dice nada de lo que se entrega para obras.
El Consistorio pidió obras por valor de 600.000 euros. Sacyr dio 38 millones
En un servicio como el de limpieza, entre el 70% y el 80% del coste total se va en nóminas, según distintas fuentes consultadas. ¿De dónde pueden recortar entonces las empresas? Nada más adjudicarse los contratos, a unos 350 trabajadores no se les renovó el contrato. Sus puestos se perdieron. Y, poco después, tres de las cuatro adjudicatarias anunciaron un expediente de regulación de empleo (ERE) para 1.134 trabajadores. Botella atribuyó el fin del conflicto a la “flexibilidad” que permite la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy y no a las protestas. Y repitió que no existe causa efecto entre el presupuesto para limpieza y la propuesta de despidos.
El pliego de cláusulas administrativas del contrato obligaba a las empresas que concurrieran a presentar un estudio económico “detallado” de sus ofertas, con los “puestos de trabajo y plantilla, por categorías y turno, diferenciando directos e indirectos”. Las propias empresas señalaron, a mitad del conflicto, el 13 de noviembre, que la reducción de personal estaba “puesta de manifiesto” en sus ofertas y que el Consistorio lo sabía. Al día siguiente de que la información saliera publicada en EL PAÍS, las contratas desautorizaron a su portavoz y, en un nuevo comunicado, indicaron que las ofertas presentadas en la licitación “no contemplaban ERE”.
Los que más da dinero ofreciesen podían lograr 13 puntos adicionales
Ni el Ayuntamiento ni las adjudicatarias han respondido al cuestionario enviado por EL PAÍS sobre los 180 millones para obras y otras cuestiones de las ofertas. No aclaran cómo se justifican las enormes diferencias entre las propuestas ganadoras y las presentadas por el resto de aspirantes ni por qué multiplicaron hasta un 6.300% el dinero mínimo que se estipuló para obras. Tampoco indican con qué actuaciones concretas esperan cuadrar las cuentas ahora que no se van a producir los despidos. Un portavoz de Sacyr señaló que podrán cumplir los compromisos con su “experiencia y mejora de eficiencia”. Tanto OHL como FCC indicaron que no se han planteado solicitar la rescisión del contrato después de que se haya anulado el ERE. Ferrovial, que no planteó despidos en su lote, no respondió.El Ayuntamiento indicó que no iba a responder a las preguntas de EL PAÍS sobre el contrato de limpieza una vez terminado el conflicto.
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