El Gobierno no da fechas sobre la propuesta de garantizar la luz y el agua

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), presentó ayer al Consejo de Gobierno un informe sobre su propuesta de garantizar un mínimo de suministro de luz y de agua para los hogares en los que solo se perciba un salario social. Aunque Valderas estimó la semana pasada en cuatro meses el tiempo en el que se aprobará la medida mediante decreto ley, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, afirmó ayer que “no hay fechas” para su aprobación.

El informe presentado por Valderas no viene recogido en los acuerdos del Consejo de Gobierno, por lo que no hay información oficial de la iniciativa, más allá de lo dicho por el vicepresidente en una conferencia el pasado martes.

Vázquez destacó que a partir de ahora se inicia un trabajo “conjunto” en el Gobierno ya que esta propuesta afectará a varias consejerías, entre ellas, las de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Medio Ambiente, Relaciones Institucionales y Hacienda. Según los datos de Valderas, el coste de esta medida, diseñada por un grupo de profesores de las dos universidades sevillanas, estaría en torno a 20 millones de euros. “Está en estudio, en su momento se podrá establecer la cuantía”, respondió la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a la pregunta de dónde se iba a sacar ese dinero.

Vázquez también tuvo que precisar la propuesta que hizo el lunes pasado la consejera de Fomento, Elena Cortés, también de Izquierda Unida, para que las personas que no pueden pagar el alquiler de viviendas sociales de la Junta compensen esta deuda con trabajos comunitarios. El portavoz recordó que hay en marcha dos “experiencias piloto” y que se “irá avanzando” conforme se compruebe el resultado que dan. Pero dicho esto, aclaró que “no es una norma general” y que “no habrá barra libre”.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer a un endeudamiento de 632 millones de euros para el pago de proveedores. Este dinero es un préstamo bancario gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, un procedimiento puesto en marcha por el Gobierno central para que las comunidades salden sus deudas. Los 632 millones se destinarán a abonar 70.174 facturas de 22.267 proveedores. Entre ellos, figuran 19.095 dependientes a los que se les adeudaba retrasos de una prestación que tenían reconocida. Estas personas recibirán un promedio de 830 euros.

Este dinero abonará conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, subvenciones para a I+D+i, transferencias a entidades locales y pagos a seis universidades. Montero afirmó que 17 Ayuntamientos (entre ellos los de Córdoba, Cádiz y Málaga) o Diputaciones (Málaga y Almería) han querido quedarse fuera de este plan. Andalucía dispondrá de un total de 4.975 ,8 millones para este fin, un dinero que tiene que devolver con intereses.