Cuatro armadores admiten al juez el fraude fiscal en el puerto de Marín

Los cuatro primeros armadores citados por el juzgado para aclarar el presunto fraude de 13.689.998 euros en ventas de pescado no declaradas por la cooperativa San Miguel de Marín han admitido esta practica al menos en los tres ejercicios fiscales, 2008, 2009 y 2010, investigados por Hacienda y que dio lugar a una denuncia del fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra. Estos armadores que declararon el pasado jueves reconocieron ventas de pescado por importe de casi 60.000 euros, y son una mínima representación de los cerca de 200 que descubrió la Agencia Tributaria como proveedores de la citada cooperativa después de abrirles las correspondientes actas administrativas.

Tras constatar la doble contabilidad de la entidad, con sede en Marín, a raíz de un registro sus oficinas en el puerto de O Berbés en Vigo, Hacienda abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma o con el nombre del barco. Unos admitieron el fraude ante los inspectores pero otros lo negaron. De ellos, solo aparece un armador cuya facturación como proveedor de pescado supera los 120.000 euros por lo que se le abrió un procedimiento penal a parte por delito fiscal, mientras la mayoría no llegan a esta cantidad y tendrán que pagar la correspondiente multa al fisco por las cuotas que no han tributado. Los representantes legales de los cuatro armadores citados por el juez reconocieron que habían vendido a la cooperativa acusada de fraude el doble de lo facturado, por lo que asumieron las actas que les levantó la Agencia Tributaria que conlleva una sanción administrativa.

El juez y la fiscalía creen que el reconocimiento tácito de estos armadores son pruebas suficientes de la existencia de una contabilidad b de las ventas de pescado por importe de 13,6 millones de euros en dinero negro estimado por Hacienda por la que está acusado el presidente de la cooperativa, José Luis Santiago Pereira, por tres delitos económicos.

La acusación también está dirigida contra el responsable de las oficinas que la entidad tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros, Enrique Fernández Arca. Ambos empleados, confeccionaban las denominadas notas de venta y hoja de autoliquidación en las que aparecen indicios de contabilidad paralela de presunto fraude de IVA. La fiscalía considera que ambos son cooperadores necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la comisión del fraude por el que se le reclama un millón de euros y unas multas que podrían multiplicar por siete esta cantidad. Los tres se acogieron al derecho a no declarar ante el juez.

En su querella contra el presidente y sus empleados, el fiscal sostiene que la cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones a Hacienda no se reflejan las operaciones económicas reales por lo que no se tributaron las descargas de pescado que efectuó en el puerto vigués.

El proceso ha destapado la mayor trama de fraude de IVA descubierta por venta de pescado en un puerto gallego y ha derivado en otra investigación paralela, abierta por la Fiscalía de Pontevedra, cuyo alcance aún no ha trascendido, que pretende medir el alcance de una supuesta red de sobornos entre operadores portuarios.Se sospecha que la supuesta connivencia de armadores, compradores y subasteros de la lonja se alteraba la facturación de la mercancía vendida para no declarar parte de las ventas y en la mayoría de los casos podría suponer una estafa a Hacienda de la mitad de las descargas. Los indicios apuntan a que, hasta el momento en que se incoaron estas diligencias penales, las ventas no declaradas era una práctica extendida y que se hacía a cambio de comisiones. Una presunta red de sobornos a operarios portuarios que investiga la Guardia Civil y que tiene en el punto de mira a compradores y distribuidores como implicados en un delito continuado de cohecho para ocultar el fraude fiscal.