La saña protocolaria

Si el corporativismo ya de por sí resulta nocivo en la gestión diaria de cualquier órgano público (no dejando de serlo también en el privado), imaginémosle funcionando a toda máquina en un organismo como el policial. Es decir, ejercitando la solidaridad de cuerpo con el organismo más delicado a la hora de dictaminar cuándo incurre en una ilegalidad, arbitrariedad o acción desmedida sin justificarla (suponiendo que una acción desmedida en materia de seguridad ciudadana pueda siempre justificarse).

No creo que tenga que extenderme mucho en los hechos que ya todo el mundo conoce. Igualmente hagamos un resumen: el 5 de octubre, en el barrio de El Raval, un hombre de cincuenta años, Juan Andrés Benítez, pierde la chaveta cuando descubre que su perro ha desaparecido. Increpa y se dirige de manera agresiva a un vecino, al que en primera instancia acusa de la desaparición de su chucho. A partir de aquí todo se hace confuso, aunque con una confusión no menor que en cualquier otra reyerta callejera de las miles que se producen en Barcelona, sea el barrio que sea.

¿Hasta cuántos puñetazos y patadas se pueden propinar a un presunto infractor para ser considerados una “mala praxis”?

Cuando parece que todo puede reconducirse, aparece una dotación de los Mossos. Juan Andrés Benítez a su vez prosigue en la búsqueda de su perro sin dejar de acusar de su desaparición al primero que se le cruza por el camino. Intervienen los Mossos y es cuando todo se precipita hacia la tragedia. Pocos minutos más tarde, Benítez muere de una parada cardiorrespiratoria en el hospital y con inequívocas señales de haber sido agredido (léase bien, agredido) con saña. Acto seguido vienen los argumentos del consejero de Interior invocando cuestiones tan difíciles de calibrar como esa confusa delimitación que se hace entre “malas praxis” y “buenas praxis”. Y también aparecen unos vídeos caseros que a lo que solo nos remiten es a las “malas praxis”. De las supuestas buenas, ni noticias.

He visto el vídeo del vecino situado a muy pocos metros de los hechos y en él solo aprecio a un grupo de mossos encima de la víctima (no sé si los mossos se habrán dado cuenta en ese mismo instante de la golpiza que el señor Benítez se estaba convirtiendo en su nefasta víctima) propinándole puñetazos y patadas. En el mismo video también se ve a otros agentes alejando con airados ademanes a los curiosos, no fuera que se convirtieran en incómodos testigos. Pero vayamos a las palabras del consejero Espadaler. Decía este alto funcionario de nuestra seguridad e integridad físicas que si se demostraba que los puñetazos de los agentes fueron a la cabeza del indefenso Benítez, entonces sí habría que hablar de “malas praxis”, praxis que no dudaría en calificar de extralimitadas y “reprobables”. O sea: que si no se demuestra que esos terribles puñetazos presuntamente mortales no fueron a la cabeza de la desdichada víctima, no solo no serían un delito gravísimo sino ni siquiera una “extralimitación reprobable”.

Supongamos entonces que los puñetazos fueron a la espalda, o a los costados, o a la zona lumbar: ¿sería eso una “buena praxis”? ¿Hasta cuántos puñetazos y patadas y rodillazos se pueden propinar a un presunto infractor de la ley para ser considerados una “mala praxis”? ¿Existe señor consejero un número determinado de puñetazos para reducir a un individuo (independientemente de la cantidad de droga o alcohol que haya ingerido) digamos protocolario?

Exigiría que a las fuerzas del orden público que pagamos con nuestros impuestos se le requiriera más cualificación profesional y eficacia para solventar un asunto callejero que nunca debió ser más que eso

No ignoro que dirigir un departamento tan sensible como Interior no debe ser asunto de coser y cantar. Pero, ¿realmente debe dicha consejería reaccionar como si se tratara de un sindicato? ¿Y sirve de algo el corporativismo como no sea para oscurecer un hecho (por no decir directamente tapar) a todas luces clarísimo? Porque lo claro y evidente es que la policía autonómica abusó de su poder y su autoridad y que no supo reducir eficazmente a un ciudadano en un momento imprevisible de enajenación mental con las mínimas garantías de evitar males mayores y sobre todo cuidar de su integridad física.

En este sentido, si algo se hizo fue todo lo contrario. En el maremágnum de voces, gritos y movimientos que se aprecian en los vídeos (que por cierto los agentes autonómicos quisieron borrar, yendo piso por piso en busca de los dueños de los móviles comprometedores), sobresalen la furia incontrolable de los agresores. Todos ellos individuos que ruego a Dios no me los encuentre en la calle, si algún día tuviera la desgracia de que se me fuera la olla.

Sé que a los mejor pido demasiado si exijo que a las fuerzas del orden público que pagamos con nuestros impuestos (entre ellos los Mossos, además de la Policía Nacional y la Guardia Civil), se le requiriera más cualificación profesional y eficacia para solventar un asunto callejero que nunca debió ser más que eso. Tan simple y posible como eso. Y, sobre todo, mucha transparencia, señor Espadaler.

J. Ernesto Ayala.Dip es crítico literario.