La cúpula del Sant Pau se aplicó solo la mitad de los recortes salariales

Los directivos del hospital de Sant Pau se han quedado cortos a la hora de aplicarse los recortes salariales impuestos por los ajustes presupuestarios del Gobierno de Artur Mas (CiU). Si los decretos de la Generalitat obligaban a reducir los sueldos de todos los altos cargos públicos entre el 8% y el 15% —según la cuantía del salario—, la cúpula del histórico centro sanitario se limitó a aplicarse una reducción del 5%, el mismo porcentaje que a todos los trabajadores públicos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente por una falta “grave”, ya que considera que se ha producido un “menoscabo económico desproporcionado” para el resto de empleados del hospital, que “han visto reducidas sus retribuciones en la misma proporción que los salarios de mayor nivel de la empresa”, según consta en la resolución de Trabajo.

El Sant Pau es propiedad de una fundación privada formada por la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Con más de 300 millones de presupuesto y financiado casi en su totalidad por el Gobierno catalán, el hospital cuenta con una plena autonomía de gestión. El recorte a los directivos es desde hace tiempo motivo de conflicto entre el comité de empresa y la dirección. La Generalitat aprobó en 2010 un decreto-ley de contención del gasto que establece que el salario de los altos cargos y el personal de alta dirección a cargo del erario público debe recortarse el 8% para sueldos anuales de hasta 93.420 euros y el 15% para retribuciones superiores a 127.737 euros. A los sueldos que caen entre estas dos cifras, como es el caso de seis de los siete máximos directivos del Sant Pau, les corresponde un ajuste del 10%.

La cúpula del Sant Pau argumentó ante Trabajo que la institución no tiene contratos de alta dirección, solo el del gerente —en 2010 era Jordi Varela—, que cobra 170.892 euros al año, según los datos de 2011 que el hospital facilitó al comité de empresa durante un ERE. El acta de Trabajo no especifica el recorte aplicado al gerente, pero considera probado que el Sant Pau tiene una estructura con siete directivos, a los que no se les aplica el convenio colectivo que rige para el resto de trabajadores. Los cargos son, según la resolución, los de directora de Enfermería (con un salario de 116.628 euros); director médico (114.718 euros); directora financiera (108.167 euros); director de sistemas de información (111.514 euros); director de recursos humanos (109.013 euros); director asistencial (108.167 euros) y director de Servicios Generales, a cuyo salario este diario no ha tenido acceso.

Trabajo carga contra el Sant Pau por decir que solo tiene un alto cargo

La resolución de Trabajo, fechada el 25 de octubre, constata que aunque “los contratos [de los directivos] no contienen expresamente la expresión personal de alta dirección, tienen un clausulado análogo”, dice la resolución. Trabajo examinó el caso tras la denuncia del comité de empresa. La inspectora firmante critica al hospital por admitir solo un alto cargo “dada la envergadura” de la institución, lo que le lleva a preguntarse “quién ostenta entonces la dirección”.

“Se han apropiado de un dinero que es de la empresa”, criticó la presidenta del comité, Carme Pérez. “Exigiremos que lo devuelvan, y si no lo hacen emprendemos acciones legales”, manifestó. Según Trabajo, el Sant Pau incurrió en una clara contradicción cuando, al tiempo que se negaba a aplicar el decreto por considerar que los altos cargos afectados no son personal directivo, se negó también a entregar copias de esos contratos al comité de empresa amparándose en que el Estatuto de los Trabajadores no obliga a hacerlo en el caso del personal de alta dirección.

Pese a que el mismo comité de empresa cuestiona que el decreto de los recortes sea de aplicación al Sant Pau, al mantener que se trata de una institución privada y no del sector público, insiste en que “si se aplica, debe ser de forma correcta”. Un portavoz del hospital, por su parte, afirmó que la dirección del centro está estudiando la resolución y que, en todo caso, acatará las decisiones que sean vinculantes.

Este no es el primer caso controvertido relacionado con los recortes y directivos sanitarios. EL PAÍS avanzó el pasado día 30 que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) prevé blindar el sueldo de 50 cargos frente a los ajustes convirtiendo en sueldo fijo los complementos variables, prohibidos por el decreto de los recortes.