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Los ‘cazaprimas’ del campo

La nueva PAC quiere acabar con los "agricultores de sofá", pero miles de hectáreas improductivas tendrán ayudas al comprar derechos

Antiguos arrendatarios en la finca de Cortijo Cuartillos, en una barriada rural de Jerez de la Frontera. Ampliar foto
Antiguos arrendatarios en la finca de Cortijo Cuartillos, en una barriada rural de Jerez de la Frontera.

Lo dijo el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, al inicio de las negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC): “No tenemos vocación de pagar a los agricultores de sofá”. De este modo tan gráfico avanzaba la intención de la Comisión Europea de establecer un reparto “más justo” de las subvenciones agrícolas y acabar con situaciones tan inexplicables como que entre los principales perceptores de ayudas figurasen compañías aéreas y ferroviarias, campos de golf o grandes grupos de inversión.

La nueva PAC está a punto de cerrarse y, si no se produce un cambio sustancial en los contactos internos que mantienen el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, parece que nuevamente se perderá la oportunidad de acabar con los llamados cazaprimas del campo. Muchos de ellos obtienen pingües beneficios en explotaciones que declaran en Andalucía aunque la mayoría tienen su domicilio fiscal fuera de la comunidad.

Es cierto que la nueva PAC va a imponer una lista excluyente que vetará el acceso a los especuladores ajenos al sector agrario. Y también acabará con la posibilidad de comprar derechos de subvención, lo que hacía que fueran muchos los que cobrasen sin necesidad de producir. Lo que ocurre es que la PAC lleva negociándose tres años y, desde entonces, se ha producido un efecto llamada para entrar en el sistema de subvenciones. En Andalucía hay 5,9 millones de hectáreas con derecho a ayudas, la mayoría en pastos y en olivar. Pero esa superficie se ha incrementado en 1,2 millones en los últimos tres años, mientras que el número de perceptores ha aumentado en más de 65.000 desde el año 2006, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

En un principio, el Ministerio de Agricultura anunció su intención de fijar en 2011 el año de referencia (o de corte) para entrar en el sistema. Sin embargo, las organizaciones agrarias alertan de un cambio de posición del departamento que dirige Miguel Arias Cañete, que baraja ampliar ese cómputo hasta 2013. La diferencia no es baladí, pues se estima que podrían entrar hasta medio millón más de hectáreas. “Queremos saber, con nombres y apellidos, quienes van a ser los que se van a beneficiar de esa ampliación porque nos tememos que sigan siendo especuladores que declararán pastos y se llevarán ayudas dejando su tierra de erial”, enfatiza Agustín Rodríguez, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía.

Tres millones para la casa de Alba

  • Según el listado del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), entre los mayores perceptores de ayudas agrarias en Andalucía está la casa de Alba, que recibió en 2012 tres millones a través de sus sociedades Eurotecnia Agraria, en Sevilla, y Euroexplotaciones Agrarias, en Córdoba. En Granada destacan las cantidades que se llevan dos conocidos empresarios, Haciendas de Sur (Nicolás Osuna), con 916.230 euros, y la inmobiliaria de Juan Castro Padilla, con 761.930.
  • El Estado percibió 755.130 euros por su latifundio La Almoraima, en Castellar de la Frontera, una finca que se ha puesto a la venta y donde se planea construir un resort de lujo asociado a la caza. Además, el Ministerio de Defensa se embolsó 663.912 euros por la Cría Caballar de Jerez.
  • La Junta recibió el pasado año 1,2 millones en ayudas como consecuencia de las fincas públicas que aún gestiona y que ha sido incapaz de vender. En el listado también aparecen Ayuntamientos y hasta la Iglesia católica que, según una respuesta parlamentaria de la Junta a IU, se llevó más de 919.000 euros tanto de ayudas directas como de fondos de desarrollo rural.

Terratenientes, miembros de la nobleza e importantes grupos inmobiliarios son los principales perceptores de las subvenciones comunitarias en Andalucía, en la mayoría de los casos con derechos asociados a la superficie y sin obligación de producir. Además, en los últimos años, coincidiendo con la crisis del ladrillo, han entrado grandes constructoras que arrendaban fincas rústicas. “Está claro que el campo es un nicho para especuladores, porque la renta agraria cae cada año y la agricultura no es atractiva como no sea para captar ayudas sin fines productivos”, recalca Miguel López, secretario regional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.

La opacidad es otro de los elementos que rodea a los destinatarios de ayudas comunitarias. La Junta empezó en 2007 a publicar la identidad de los perceptores de estos fondos, pero desde 2010, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la protección de las personas físicas, tan solo es posible conocer la relación de las entidades jurídicas. Son 13.668 personas jurídicas las que perciben ayudas directas de Bruselas, sobre un total de 272.000 perceptores en la comunidad. Son los grandes acaparadores de ayudas y se localizan, sobre todo, en las provincias de Sevilla (4.056), Córdoba (3.537) y Jaén (1.786).

Lo que sí hará la nueva PAC será establecer el techo máximo en 300.000 euros, un límite que afectará en Andalucía a 130 terratenientes, grandes constructoras y también instituciones públicas que cobran por encima de esa cantidad. En todo caso, el recorte que sufran no será lineal pues el reglamento comunitario tendrá en cuenta el empleo generado en cada explotación. El Ministerio tan solo se ha comprometido a aplicar un porcentaje de recorte (con un mínimo del 5%) para las ayudas superiores a 150.000 euros, y destinar ese dinero a programas de desarrollo rural.

La consejera de Agricultura, Elena Víboras, no tuvo éxito en su petición de reducir a la mitad las ayudas directas de más de 150.000 euros y eliminar las mayores de 300.000 euros, y trasvasar todos esos fondos para el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural. “Recibir más de 100.000 euros de subvención en el actual escenario de crisis es una barbaridad, pero esa es la realidad”, esgrime Miguel López, de COAG. A su juicio, tan solo si se hubiera fijado el techo en 150.000 euros España hubiera tenido un ahorro de 600 millones de euros que podrían ir a apoyar al tejido productivo. Y, paradójicamente, la Comisión Europea ha fijado el suelo de las ayudas (el mínimo a recibir) en 300 euros anuales, una cifra que, de prosperar, dejaría sin derecho a subvención a más de 28.000 agricultores andaluces, que están por debajo de esa suma.

Así las cosas, uno de los temas que aún negocian el Ministerio y las comunidades autónomas para establecer el nuevo modelo de reparto es la definición de agricultor activo, una cuestión con la que se quiere garantizar que las subvenciones lleguen a quienes realmente viven del campo. En un primer momento se planteó incluir en ese concepto a todos los agricultores por cuenta propia, algo que en Andalucía, donde son mayoritarias las pequeñas explotaciones, dejaría fuera del sistema a cerca del 60% de potenciales beneficiarios. La opción que cobra más fuerza es la de exigir a los agricultores que acrediten que una parte importante de su renta provenga del sector primario, aunque hay divergencias a la hora de establecer el porcentaje. Para Agustín Rodríguez, de UPA, el agricultor profesional “debe tener un trato preferencial, y para eso hay mecanismos en el segundo pilar de la PAC”.

También la patronal agraria Asaja ha defendido que los pagos estén vinculados al desarrollo de una actividad agrícola o ganadera activa. Pero precisa que no se debe ir más allá de la lista negativa y excluyente que contempla el acuerdo europeo, “de manera que se eviten criterios o requisitos que puedan provocar una distorsión de la competencia entre agricultores de los distintos estados miembros, dado que todos ellos son perceptores de los mismos fondos europeos”.

El desequilibrio en el cobro de las ayudas de Bruselas es algo que enoja a las organizaciones agrarias y que la nueva PAC parece que tampoco va a corregir. Durante el año 2012, en Andalucía 1.034 perceptores cobraron ayudas por encima de los 150.000 euros, con un montante de 386 millones (129 millones se lo llevan los que cobran más de 300.000 euros). Otros 1.620 agricultores perciben ayudas entre 100.000 y 150.000 euros, por 351 millones. Es decir, apenas el 1% del total de beneficiarios se llevan el 45% de los fondos europeos.

 

Ayudas a una tierra sin exigencias de producción

Juan José Marchán no quiere resignarse a perder todos los derechos de una parcela que ha venido cultivando su familia desde la época de la República, hace más de 80 años. Fue su abuelo Miguel quien, a golpe de azada, transformó un erial en terreno fértil. Como él, una veintena de arrendatarios estuvieron durante años explotando la finca de Cortijo Cuartillos, en una barriada rural de Jerez de la Frontera (Cádiz). Pero todos, salvo uno que logró adquirir su parcela, fueron abandonando la explotación desde que esta llegó, por herencia, a sus actuales propietarios, la familia Goytia García. Ahora, Marchán afirma que esta finca de secano de más de 2.000 hectáreas es un ejemplo del cobro de subvenciones agrícolas por perceptores sin ninguna exigencia a la hora de producir.

“Tanto el primer propietario de la finca como el actual nunca tuvieron interés en cultivar las tierras hasta que se concedió el derecho a subvenciones europeas por explotación de terreno”, indica Juan José Marchán en la carta enviada al Rey y al ministro de Agricultura denunciando la situación de Cuartillos. Marchán aún aguarda la respuesta de Miguel Arias Cañete, mientras que la Casa Real le contestó que nada podían hacer al estar el tema en vía judicial. Y es que, este labrador jerezano ha llevado su caso al Tribunal de Estrasburgo por violación de derechos. “Es una vergüenza que los dueños de esta finca reciban importantes subvenciones sin cumplir la cuota de producción exigible para el algodón y a muchos pequeños agricultores nos retirasen las ayudas por no dar la talla de cultivo en un año de sequía”, se lamenta Marchán. La mayor parte de los desahucios en Cuartillos se produjo a raíz Ley de Arrendamiento Rústico-Histórico, que prorrogó estos alquileres por un último período que finalizaba en 1997. La mayoría ignoraron ese plazo y perdieron los derechos sobre sus parcelas. Juan José Marchán intentó adquirir su terreno alquilado de algo menos de tres hectáreas, pero se siente engañado por sus abogados. “El juez lo considera como arrendamiento rústico-histórico, pero no puedo comprar esta parcela por un defecto de forma de la solicitud que tramitó mi abogado”, indica Marchán, que además de acudir a las instancias judiciales europeas ha llevado su caso al Defensor del Pueblo Andaluz.

Los parcelistas de Jerez sostienen que las consecuencias de que la familia propietaria de estas tierras haya desahuciado a todos los arrendatarios son la pérdida de más de 8.000 jornales y el sustento de 20 familias. Pero Marchán no se rinde: “No estoy dispuesto a firmar ningún documento de renuncia al derecho de explotación de las tierras que han cultivado tres generaciones de mi familia”. Además, lanza un mensaje a los responsables de otorgar las ayudas comunitarias: “Me gustaría que tengan este caso en consideración para hacer ver como se está favoreciendo la destrucción de empleo y la estafa al otorgar subvenciones al cultivo cuando no se están cumpliendo los requisitos”.

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