Los ‘cazaprimas’ del campo

Lo dijo el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, al inicio de las negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC): “No tenemos vocación de pagar a los agricultores de sofá”. De este modo tan gráfico avanzaba la intención de la Comisión Europea de establecer un reparto “más justo” de las subvenciones agrícolas y acabar con situaciones tan inexplicables como que entre los principales perceptores de ayudas figurasen compañías aéreas y ferroviarias, campos de golf o grandes grupos de inversión.

La nueva PAC está a punto de cerrarse y, si no se produce un cambio sustancial en los contactos internos que mantienen el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, parece que nuevamente se perderá la oportunidad de acabar con los llamados cazaprimas del campo. Muchos de ellos obtienen pingües beneficios en explotaciones que declaran en Andalucía aunque la mayoría tienen su domicilio fiscal fuera de la comunidad.

Es cierto que la nueva PAC va a imponer una lista excluyente que vetará el acceso a los especuladores ajenos al sector agrario. Y también acabará con la posibilidad de comprar derechos de subvención, lo que hacía que fueran muchos los que cobrasen sin necesidad de producir. Lo que ocurre es que la PAC lleva negociándose tres años y, desde entonces, se ha producido un efecto llamada para entrar en el sistema de subvenciones. En Andalucía hay 5,9 millones de hectáreas con derecho a ayudas, la mayoría en pastos y en olivar. Pero esa superficie se ha incrementado en 1,2 millones en los últimos tres años, mientras que el número de perceptores ha aumentado en más de 65.000 desde el año 2006, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

En un principio, el Ministerio de Agricultura anunció su intención de fijar en 2011 el año de referencia (o de corte) para entrar en el sistema. Sin embargo, las organizaciones agrarias alertan de un cambio de posición del departamento que dirige Miguel Arias Cañete, que baraja ampliar ese cómputo hasta 2013. La diferencia no es baladí, pues se estima que podrían entrar hasta medio millón más de hectáreas. “Queremos saber, con nombres y apellidos, quienes van a ser los que se van a beneficiar de esa ampliación porque nos tememos que sigan siendo especuladores que declararán pastos y se llevarán ayudas dejando su tierra de erial”, enfatiza Agustín Rodríguez, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía.

Terratenientes, miembros de la nobleza e importantes grupos inmobiliarios son los principales perceptores de las subvenciones comunitarias en Andalucía, en la mayoría de los casos con derechos asociados a la superficie y sin obligación de producir. Además, en los últimos años, coincidiendo con la crisis del ladrillo, han entrado grandes constructoras que arrendaban fincas rústicas. “Está claro que el campo es un nicho para especuladores, porque la renta agraria cae cada año y la agricultura no es atractiva como no sea para captar ayudas sin fines productivos”, recalca Miguel López, secretario regional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.

La opacidad es otro de los elementos que rodea a los destinatarios de ayudas comunitarias. La Junta empezó en 2007 a publicar la identidad de los perceptores de estos fondos, pero desde 2010, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la protección de las personas físicas, tan solo es posible conocer la relación de las entidades jurídicas. Son 13.668 personas jurídicas las que perciben ayudas directas de Bruselas, sobre un total de 272.000 perceptores en la comunidad. Son los grandes acaparadores de ayudas y se localizan, sobre todo, en las provincias de Sevilla (4.056), Córdoba (3.537) y Jaén (1.786).

Lo que sí hará la nueva PAC será establecer el techo máximo en 300.000 euros, un límite que afectará en Andalucía a 130 terratenientes, grandes constructoras y también instituciones públicas que cobran por encima de esa cantidad. En todo caso, el recorte que sufran no será lineal pues el reglamento comunitario tendrá en cuenta el empleo generado en cada explotación. El Ministerio tan solo se ha comprometido a aplicar un porcentaje de recorte (con un mínimo del 5%) para las ayudas superiores a 150.000 euros, y destinar ese dinero a programas de desarrollo rural.

La consejera de Agricultura, Elena Víboras, no tuvo éxito en su petición de reducir a la mitad las ayudas directas de más de 150.000 euros y eliminar las mayores de 300.000 euros, y trasvasar todos esos fondos para el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural. “Recibir más de 100.000 euros de subvención en el actual escenario de crisis es una barbaridad, pero esa es la realidad”, esgrime Miguel López, de COAG. A su juicio, tan solo si se hubiera fijado el techo en 150.000 euros España hubiera tenido un ahorro de 600 millones de euros que podrían ir a apoyar al tejido productivo. Y, paradójicamente, la Comisión Europea ha fijado el suelo de las ayudas (el mínimo a recibir) en 300 euros anuales, una cifra que, de prosperar, dejaría sin derecho a subvención a más de 28.000 agricultores andaluces, que están por debajo de esa suma.

Así las cosas, uno de los temas que aún negocian el Ministerio y las comunidades autónomas para establecer el nuevo modelo de reparto es la definición de agricultor activo, una cuestión con la que se quiere garantizar que las subvenciones lleguen a quienes realmente viven del campo. En un primer momento se planteó incluir en ese concepto a todos los agricultores por cuenta propia, algo que en Andalucía, donde son mayoritarias las pequeñas explotaciones, dejaría fuera del sistema a cerca del 60% de potenciales beneficiarios. La opción que cobra más fuerza es la de exigir a los agricultores que acrediten que una parte importante de su renta provenga del sector primario, aunque hay divergencias a la hora de establecer el porcentaje. Para Agustín Rodríguez, de UPA, el agricultor profesional “debe tener un trato preferencial, y para eso hay mecanismos en el segundo pilar de la PAC”.

También la patronal agraria Asaja ha defendido que los pagos estén vinculados al desarrollo de una actividad agrícola o ganadera activa. Pero precisa que no se debe ir más allá de la lista negativa y excluyente que contempla el acuerdo europeo, “de manera que se eviten criterios o requisitos que puedan provocar una distorsión de la competencia entre agricultores de los distintos estados miembros, dado que todos ellos son perceptores de los mismos fondos europeos”.

El desequilibrio en el cobro de las ayudas de Bruselas es algo que enoja a las organizaciones agrarias y que la nueva PAC parece que tampoco va a corregir. Durante el año 2012, en Andalucía 1.034 perceptores cobraron ayudas por encima de los 150.000 euros, con un montante de 386 millones (129 millones se lo llevan los que cobran más de 300.000 euros). Otros 1.620 agricultores perciben ayudas entre 100.000 y 150.000 euros, por 351 millones. Es decir, apenas el 1% del total de beneficiarios se llevan el 45% de los fondos europeos.